El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha confirmado que el Principado ha cerrado ya un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social para adquirir el solar y el inmueble de la antigua Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga, aunque ha optado por no detallar ni los plazos previstos ni la valoración económica de la operación.
Peláez ha respondido así a una pregunta del diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons, al que ha recordado que las cifras publicadas en algunos medios, que hablaban de 36 millones, corresponden a tasaciones de hace 26 años y, por tanto, "no tiene ningún valor a día de hoy".
El responsable de Hacienda ha insistido en que, cuando se trata de una compraventa entre administraciones públicas, "cuando compra una administración pública, como es la Tesorería General de la Seguridad Social y como es el Principado de Asturias, las valoraciones vienen realizadas por técnicos independientes. Por tanto, hay que dejarlos trabajar y no vamos a arrojar aquí cifras que puedan condicionar a esos técnicos independientes", ha señalado, rehusando ofrecer estimaciones.
Respecto al futuro del edificio, ha precisado que "inmediatamente sea del Principado de Asturias, procederán al derribo de la Residencia, igual que están derribando el viejo hospital y esto supone desbloquear el desarrollo urbanístico que ya está adjudicado".
Ante las críticas del PP por los retrasos y la supuesta pasividad del Ejecutivo, Peláez ha defendido la actuación del Gobierno autonómico, subrayando que "no han dejado de trabajar". A renglón seguido ha replicado a Cuervas Mons con una comparación con la capital de España: "Yo me pregunto, ¿dónde está la Ciudad de la Justicia de Madrid, que lleva ya no sé si veinticinco años parada?".
Cuervas Mons, por su parte, ha manifestado que su grupo considera que la compra "es muy positiva", pero ha censurado la falta de información facilitada por el consejero y la que interpreta como inacción del Gobierno asturiano. "No voy a criticarla porque se la llevo aconsejando desde casi el inicio de la legislatura, pero hasta que no vea la operación finalizada, para hacer la compra, pues mire, yo no estaré tranquilo", ha afirmado.
En otra intervención, el parlamentario de Vox, Gonzalo Centeno Martín, ha preguntado bajo qué condiciones jurídicas y económicas se acometerá el derribo de los "hongos" del antiguo HUCA. Peláez ha explicado que, desde el punto de vista legal, se tramitará mediante un modificado de contrato, al implicar un incremento de las mediciones ligadas a unidades de obra ya adjudicadas, y que, en el plano económico, ese modificado alcanzará los 1,7 millones.
Debate sobre fiscalidad y vivienda
En el capítulo de otros asuntos, y respondiendo a una cuestión formulada por el diputado del PP, Andrés Ruiz, el consejero ha defendido la política fiscal del Ejecutivo autonómico, en especial la estructura de tipos que aplican en transmisiones patrimoniales onerosas para los denominados colectivos diana.
Peláez ha detallado que dichos colectivos incluyen a menores de 35 años, familias numerosas, familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género, así como las viviendas situadas en concejos catalogados en situación de riesgo o crisis demográfica. En estos supuestos, ha recordado, se fija un tipo del 4% si el inmueble tiene un valor de hasta 150.000 euros, y se aplica un 6% en el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando el precio de la vivienda supera los 150.000 euros. "Nosotros entendemos que es una fiscalidad, digamos, que atiende a la realidad de estos colectivos diana, así lo propusimos en presupuestos", ha apuntado.
Ruiz, en cambio, ha acusado al Gobierno del Principado de haber convertido el IRPF en "un galimatías en el cual liquidarlo empieza a necesitar de un asesor privado para poder acogerse a las deducciones" y ha advertido de que, con la nueva configuración del impuesto de transmisiones patrimoniales, "lo que pretenden hacer es complicarlo".