La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que expone la situación de “inequidad” derivada de la ausencia de financiación pública para los únicos tratamientos aprobados en Europa que pueden frenar la progresión del Alzheimer en sus fases iniciales.
En el escrito remitido a la institución, CEAFA subraya que estos medicamentos recibieron luz verde de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en 2025 para un perfil concreto de pacientes con enfermedad de Alzheimer en etapa temprana, bajo rigurosos criterios de seguridad y evaluación clínica. No obstante, recalca que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha rechazado repetidamente su incorporación a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, la última vez el pasado 15 de julio.
Como resultado, la organización pone de relieve que estos fármacos siguen excluidos de la cobertura pública, mientras que su autorización de comercialización permite que se prescriban en el ámbito privado a quienes puedan asumir su coste. “Personas con la misma enfermedad, la misma necesidad sanitaria y la misma indicación clínica reciben así una respuesta diferente en función de sus recursos económicos”, advierte la confederación.
CEAFA incide también en la dimensión temporal del problema, ya que el acceso a estas terapias solo es posible en las fases tempranas del Alzheimer. De este modo, cada mes que pasa implica que pacientes que hoy cumplen los requisitos clínicos dejen de hacerlo, perdiendo de forma irreversible la oportunidad de beneficiarse de un tratamiento que podría ralentizar el avance de la patología.
La entidad plantea esta reclamación como un asunto directamente vinculado al ejercicio de derechos fundamentales, más allá de un simple debate sobre política farmacéutica. A su juicio, la falta de acceso en condiciones de igualdad vulnera el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución Española y debe analizarse a la luz del artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a garantizar una igualdad real y efectiva.
Asimismo, la queja apela a los principios de equidad e igualdad efectiva establecidos en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como a las garantías del artículo 49 de la Constitución en materia de autonomía personal, dado que una parte importante de las personas con Alzheimer se encuentran o acabarán encontrándose en situación de discapacidad o dependencia.
Reunión solicitada con el Defensor del Pueblo
La confederación rememora que el pasado mes de julio, tras el nuevo rechazo a la financiación de estos tratamientos, difundió junto con siete sociedades científicas una carta abierta en la que expresaba su profunda decepción por la decisión de la CIPM.
En dicha misiva, defendía que la respuesta adecuada no pasaba por restringir el acceso a estas terapias, sino por incorporarlas de forma planificada, con una estricta selección de pacientes y un seguimiento especializado, de manera que quienes cumplan los criterios clínicos puedan decidir libremente, con información transparente, si desean recibirlas.
Por este motivo, y teniendo en cuenta que entre las funciones constitucionales del Defensor del Pueblo figuran la protección de los derechos reconocidos en la Carta Magna y la supervisión de la actuación de las administraciones públicas, CEAFA ha solicitado mantener una reunión con Ángel Gabilondo para exponerle directamente la situación que viven las personas con Alzheimer y sus familias.