El Consejo General de Dentistas ha vuelto a reclamar la aprobación urgente de una ley estatal de publicidad sanitaria después de conocerse el cierre "de forma repentina" de cuatro centros pertenecientes a una misma cadena de clínicas dentales, una situación que, según ha señalado, ha dejado "decenas de personas afectadas".
Tal y como ha explicado la organización colegial, estos cierres producidos en Madrid han sorprendido a numerosos pacientes "tras haber pagado elevadas cantidades de dinero" por sus tratamientos. Muchos de ellos "han visto cómo sus tratamientos se han quedado a medias o ni siquiera han empezado", ha denunciado, recordando que estos casos se suman al cierre de otras dos clínicas dentales en Barcelona hace apenas tres semanas.
El Consejo ha detallado que los afectados habían abonado "cantidades superiores a los 10.000 euros" y ha advertido de que ahora temen no poder acceder a sus historias clínicas. "Al ser preguntados, los pacientes damnificados han declarado que acudieron a estos centros al sentirse atraídos por las campañas de publicidad que vieron en televisión", ha señalado la institución profesional.
Por este motivo, el organismo colegial insiste en la urgencia de disponer de una normativa estatal específica sobre publicidad sanitaria "que establezca unos criterios homogéneos, claros y exigentes para regular los mensajes que reciben los ciudadanos sobre tratamientos y servicios de salud". En palabras de su presidente, el doctor Óscar Castro, "no podemos permitir que la asistencia sanitaria se promocione utilizando las mismas técnicas comerciales que se emplean para vender cualquier producto de consumo".
"La salud no puede estar sometida a mensajes que anuncian descuentos, ofertas, garantías de por vida o promesas de resultados", ha añadido Castro, subrayando que "la publicidad sanitaria debe ser veraz, rigurosa, comprensible y estar basada en la evidencia científica".
Exigen vetar mensajes engañosos y reforzar el control
Ante este escenario, la institución colegial considera imprescindible que la futura ley prohíba expresamente los mensajes engañosos, ambiguos o que generen falsas expectativas; impida utilizar la salud como reclamo mediante ofertas, descuentos y promociones agresivas; obligue a que toda publicidad cuente con respaldo científico; y refuerce los mecanismos de supervisión, incorporando sanciones realmente disuasorias.
"Llevamos mucho tiempo advirtiendo de las consecuencias de convertir la Odontología en un negocio centrado exclusivamente en la captación masiva de pacientes y en la venta anticipada de tratamientos", ha recordado el presidente del Consejo, que ha puntualizado que "no se trata de limitar la actividad empresarial legítima, sino de garantizar que cualquier actividad económica desarrollada en el ámbito sanitario quede subordinada a la seguridad del paciente y a la buena práctica clínica".
Finalmente, tras expresar su "preocupación" por el uso del término 'tiendas' para referirse a las clínicas dentales, el Consejo ha remarcado que estas constituyen "un centro sanitario en el que los dentistas, que son profesionales cualificados, diagnostican patologías bucodentales, realizan tratamientos y asumen responsabilidades clínicas, éticas y legales". A su juicio, "cuando se habla de 'tiendas' se nos desprestigia como facultativos, se mercantiliza la profesión y, lo que es todavía más grave, se transforma al paciente en un cliente".