La Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Fundación Española de Contracepción (FEC) han alertado de que cualquier retroceso en salud sexual y reproductiva tendría un efecto directo sobre la salud pública y sobre los derechos fundamentales de miles de personas, con un impacto mayor en quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
“Limitar el acceso a servicios sanitarios, restringir la información basada en la evidencia científica o dificultar el ejercicio de derechos reconocidos incrementa las desigualdades y compromete la protección efectiva de la ciudadanía”, señalan las entidades en un manifiesto difundido con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.
En este documento, recuerdan que los derechos sexuales y reproductivos forman parte esencial del marco de los derechos humanos. “Son expresión de la libertad, la dignidad, la igualdad y la autonomía de todas las personas para decidir sobre su propio cuerpo, su salud y su proyecto de vida, sin discriminación, violencia ni coacción”, añaden.
Las organizaciones subrayan que España ha logrado en los últimos años un avance notable en el reconocimiento de estos derechos, gracias a la ampliación del acceso a la educación afectivo-sexual, a la planificación familiar, a la atención sanitaria especializada y a la regulación legal de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los supuestos y plazos fijados por la ley.
No obstante, advierten de que estos logros no están garantizados de forma permanente. “La experiencia internacional demuestra que los derechos pueden verse limitados cuando cambian las mayorías políticas, se debilitan las instituciones o se cuestionan principios fundamentales de igualdad y autonomía personal”, explican.
Para la SEC y la FEC, la salud sexual y reproductiva va mucho más allá del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Incluye el derecho a recibir información veraz y basada en la ciencia, a disponer de métodos anticonceptivos eficaces, a una atención sanitaria de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto, a la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, a la atención de la infertilidad y a vivir la sexualidad de manera libre, responsable y segura.
Del mismo modo, insisten en que la educación afectivo-sexual es una herramienta clave para evitar embarazos no deseados, reducir la violencia sexual, promover relaciones basadas en el respeto y frenar la desinformación. “Debilitar estas políticas supondría renunciar a instrumentos eficaces de prevención y promoción de la salud”, añaden.
Las entidades suman a esta preocupación el aumento de los discursos de odio y de las conductas de violencia y discriminación contra las personas LGTBIQA+. A su juicio, las agresiones, el acoso y la estigmatización representan una amenaza para la convivencia democrática y para el ejercicio real de los derechos fundamentales.
“La defensa de estos derechos exige preservar un sistema sanitario público accesible, garantizar la formación continua de los profesionales, asegurar la igualdad territorial en el acceso a las prestaciones y promover políticas públicas fundamentadas en el conocimiento científico, el respeto a los Derechos Humanos y la protección de la salud”, indican.
Para la SEC, salvaguardar estos derechos implica reforzar la calidad democrática, impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, mejorar la salud pública y garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan desarrollar sus proyectos vitales con plena libertad y dignidad.