Cuponazo de la ONCE hoy, viernes 13 de noviembre: resultado y número premiado de seis millones

Una empresa o asociación no puede crear una lotería estatal equivalente al Cuponazo mediante una licencia ordinaria. La Ley 13/2011 reserva las loterías de ámbito estatal a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y a la ONCE. Para organizar otro sorteo, primero hay que determinar si encaja como juego ocasional, rifa o promoción comercial: cada categoría tiene requisitos distintos.

1. Definir el sorteo y su ámbito

Antes de vender participaciones, concreta quién organiza, si se paga por participar, qué premios se ofrecen, la periodicidad, el territorio y los canales de venta. Estos elementos determinan la clasificación jurídica; llamarlo «rifa» no permite eludir la reserva de loterías.

La referencia principal es la Ley de regulación del juego. Para actividades de ámbito estatal interviene la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Si el sorteo queda circunscrito a una comunidad autónoma, deben examinarse su normativa y autoridad competentes.

2. Comprobar qué autorización corresponde

• Lotería estatal periódica: la reserva a SELAE y ONCE impide que un tercero reproduzca este modelo mediante el procedimiento ordinario de licencias.
• Juego ocasional o esporádico: requiere autorización previa. El artículo 12 exige satisfacer las tasas correspondientes y establece que, transcurrido un mes sin notificación del otorgamiento, la solicitud se entiende desestimada. Presentarla no autoriza a empezar.
• Actividad habitual no reservada: exige licencia general y licencia singular para el tipo de juego, cuya regulación debe haberse publicado previamente. Esta vía no convierte una lotería reservada en una actividad abierta.
• Promoción comercial: las combinaciones aleatorias publicitarias tienen un tratamiento diferenciado y obligaciones tributarias propias; no deben confundirse con la venta de cupones.

3. Preparar el expediente

Como preparación práctica, reúne la identificación y representación del organizador, las reglas del sorteo, el precio y número de participaciones, los premios, las fechas, el sistema de adjudicación y las condiciones de cobro y reclamación. El procedimiento aplicable determinará qué documentos deben aportarse formalmente y qué garantías se exigen.

La ley exige acreditar solvencia técnica, económica y financiera. Para las licencias generales de actividad habitual exige una sociedad anónima con objeto exclusivo de organización, comercialización y explotación de juegos. No debe trasladarse automáticamente ese requisito a cualquier sorteo ocasional.

4. Asegurar la operación y proteger al participante

Antes del lanzamiento, deben cumplirse las condiciones técnicas y de control que correspondan, incluida la homologación cuando sea exigible. También hay que prever información clara, atención de reclamaciones y pago de premios. Los locales o equipos presenciales pueden necesitar autorización autonómica adicional.

La protección incluye informar de la prohibición de participación de menores y de otras personas legalmente excluidas, adoptar medidas de juego responsable y atender a grupos de riesgo. La publicidad debe cumplir la ley y el Real Decreto 958/2020, según su ámbito aplicable; no basta con publicar unas bases.

5. Liquidar impuestos y conservar justificantes

Hay que separar las tasas administrativas, el impuesto sobre la actividad y la tributación del ganador. En el régimen estatal general, las rifas tributan al 20 % de los ingresos netos, o al 5 % si están declaradas de utilidad pública o benéfica. Las combinaciones promocionales tributan al 10 % del valor de mercado de los premios. La fiscalidad de los premios debe determinarse conforme a su categoría, sin aplicar automáticamente el régimen de la ONCE.

En definitiva: clasifica el proyecto, identifica la autoridad, tramita el permiso y organiza el cumplimiento antes de comercializarlo. Operar sin el título obligatorio constituye una infracción muy grave.

La ONCE puede organizar, explotar y comercializar las modalidades de lotería de ámbito estatal que tiene autorizadas, con la finalidad de financiar su labor social. No es la autoridad reguladora del juego en España: sus facultades se refieren a sus propios productos y están sometidas a autorización, límites y control del Estado.

1. Su posición jurídica y la reserva de loterías

El artículo 1 del Real Decreto 358/1991 configura la ONCE como una corporación de derecho público de carácter social, sin ánimo de lucro y bajo el protectorado del Estado. Reconoce que dispone de autorizaciones públicas de juego para financiar sus fines sociales, entre ellos la autonomía personal y la inclusión de las personas ciegas o con deficiencia visual grave.

La Ley 13/2011 de regulación del juego mantiene la reserva de las loterías de ámbito estatal a favor de la ONCE y de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Por tanto, la ONCE no tiene un monopolio sobre todos los juegos ni sobre todas las loterías: comparte esa reserva legal con SELAE, manteniendo su régimen específico.

2. Qué juegos y sorteos puede gestionar

El artículo 7 del Real Decreto 358/1991 contempla tres modalidades autorizadas:

• Cupón de la ONCE: puede gestionar sus sorteos ordinarios y extraordinarios dentro de las condiciones de la autorización estatal.
• Juego activo: puede explotar los productos comprendidos en esta modalidad conforme a sus autorizaciones y reglas.
• Lotería instantánea o presorteada: su explotación se ampara en el Real Decreto 1336/2005 y sus modificaciones, entre ellas el Real Decreto 1127/2021.

El Consejo General de la ONCE puede adoptar decisiones organizativas, económicas y comerciales sobre esas modalidades. Esa capacidad de gestión no le permite crear libremente cualquier juego ni superar los límites autorizados.

3. Quién autoriza y fija los límites

Corresponde al Consejo de Ministros conceder las autorizaciones y definir su alcance, condiciones y duración. La propuesta parte del ministerio competente sobre el Protectorado, con intervención de Hacienda e Interior, previo informe del Consejo de Protectorado y oído el Consejo General de la ONCE.

Las autorizaciones establecen límites máximos. Para el cupón abarcan, al menos, emisión y ventas anuales, porcentaje de premios, precios y sorteos extraordinarios. Superarlos requiere autorización previa y expresa. El marco también se concreta mediante el Acuerdo General Gobierno-ONCE, cuyo periodo vigente es 2022-2031.

4. Cooperación internacional y control público

La ONCE puede suscribir acuerdos para comercializar conjuntamente productos de lotería con operadores extranjeros habilitados, previa verificación del Consejo de Protectorado. Según el país y el supuesto, puede necesitar autorización específica del Consejo de Ministros. Debe participar en el riesgo del producto, no actuar como simple distribuidor; las ventas españolas computan dentro de sus límites.

El Consejo de Protectorado, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, controla la legalidad y las actividades de juego. Puede comprobar emisiones, recaudación y premios. Las posibles sanciones corresponden a una comisión disciplinaria sin representantes de la ONCE.

5. Obligaciones de protección

La ONCE debe cumplir las normas de juego responsable y publicidad, impedir el juego de menores, prevenir el juego excesivo, el fraude y el blanqueo de capitales, y cooperar contra el juego ilegal. En síntesis, tiene facultades de explotación y gestión, no una competencia general para regular o autorizar juegos ajenos.

La ONCE ha evolucionado desde una organización de protección y empleo para personas ciegas, fundada en 1938, hasta un conjunto de entidades dedicado a los servicios sociales, la inclusión y la actividad empresarial. Sus principales transformaciones han sido la democratización interna, la ampliación de su acción a otras discapacidades y la articulación del actual Grupo Social ONCE.

1938-1977: fundación y consolidación del cupón

La Organización Nacional de Ciegos Españoles nació durante la Guerra Civil, mediante la unificación de asociaciones de personas ciegas. Su propósito era proporcionar protección social y medios de vida a un colectivo con grandes dificultades para acceder al empleo.

El cupón, que comenzó a emitirse en 1939, fue el soporte económico del modelo: su venta generaba puestos de trabajo y recursos para sostener la atención social. Durante el franquismo, la organización estuvo sometida a una fuerte tutela administrativa. Su funcionamiento y financiación dependían de un marco estatal específico, no del régimen habitual de una asociación privada.

La transición democrática: participación y autogobierno

La democratización española abrió una transformación organizativa fundamental. En 1982 comenzaron las elecciones democráticas de los órganos de gobierno por las personas afiliadas. La participación interna pasó así a ser una pieza central de la institución, con mandatos normalmente de cuatro años, como recoge su informe de valor compartido.

Este cambio acompañó una ampliación de objetivos: junto al empleo mediante el cupón, ganaron peso la representación de las personas ciegas, los servicios especializados y la autonomía personal. La oferta de juego también se diversificó; el Cuponazo apareció en 1987 como evolución del cupón tradicional.

1988-2014: ampliación social y empresarial

En 1988 se creó la Fundación ONCE para extender la cooperación a personas con otras discapacidades. Sus prioridades son la formación, el empleo y la accesibilidad universal. Cuenta con personalidad jurídica y Patronato propios, con participación de organizaciones de la discapacidad: no debe confundirse con la ONCE, aunque ambas mantienen una estrecha vinculación institucional.

El Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, reordenó la organización y consolidó su naturaleza de corporación de derecho público de carácter social, combinando autonomía organizativa y supervisión estatal.

Paralelamente, la ONCE y su Fundación desarrollaron empresas para diversificar actividades y crear empleo. Desde 2014, estas se agrupan bajo la marca Ilunion, con presencia en lavandería industrial, hoteles, servicios, tecnología y accesibilidad. La presentación institucional del grupo explica esta estructura.

La organización actual: tres ámbitos complementarios

Los estatutos publicados en 2019 recogen un modelo que coordina entidades distintas sin eliminar su personalidad jurídica:

• ONCE: representación, servicios para personas ciegas o con discapacidad visual y gestión del juego.
• Fundación ONCE: cooperación para la inclusión laboral y social del conjunto de personas con discapacidad.
• Ilunion: actividad empresarial que combina viabilidad económica y empleo inclusivo.

El Consejo General es el máximo órgano de gobierno y representación de la ONCE y coordina estratégicamente el conjunto. La Dirección General gestiona la actividad ordinaria, mientras los 17 consejos territoriales canalizan la representación autonómica. Ilunion dispone de órganos societarios propios.

Continuidad del modelo y relación con el Estado

El cupón sigue siendo el vínculo financiero y simbólico entre actividad económica y misión social. La autonomía no elimina la supervisión pública: el Consejo de Protectorado controla el cumplimiento del marco aplicable. El acuerdo Gobierno-ONCE para 2022-2031 regula las condiciones de sus loterías, según recoge el BOE. En síntesis, la evolución ha sido de la protección de un colectivo hacia una estructura de autogobierno, servicios e inclusión empresarial.