Cuponazo ONCE hoy: resultado del viernes 4 de septiembre y número premiado

Para que la ONCE pueda organizar sorteos periódicos como el Cuponazo, debe cumplir un conjunto de requisitos legales específicos que derivan tanto de su condición de corporación de derecho público como de la normativa estatal del juego. Su régimen es singular: la ley le reserva determinadas loterías de ámbito estatal, pero sometidas a un control administrativo muy intenso.

1. Marco normativo básico

Los principales textos que encuadran jurídicamente los sorteos de la ONCE son, entre otros:

• Ley 13/2011, de regulación del juego, y su modificación por la Ley 23/2022, que fija el marco general de las actividades de juego de ámbito estatal, sus títulos habilitantes, controles y régimen sancionador.
• Disposiciones adicionales 1.ª y 2.ª de la Ley 13/2011, que reservan la actividad de loterías estatales a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y a la ONCE, y reconocen la singularidad de esta última como operador de juego sometido a estricto control público.
• Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la ONCE, y sus modificaciones posteriores, que la configuran como corporación de derecho público de carácter social, con autorizaciones públicas en materia de juego para financiar sus fines sociales.
• Estatutos de la ONCE, aprobados mediante Orden SCB/1240/2019, que desarrollan su naturaleza, fines y relación con el Estado como operador de juego público.
• La disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985 y el Acuerdo General Gobierno–ONCE 2022‑2031, aprobado por el Consejo de Ministros, que fijan el marco de cooperación y estabilidad de sus actividades de juego.
• Reglamentos específicos, como la Resolución de 4 de abril de 2023 que aprueba el nuevo Reglamento regulador del Cupón de la ONCE, dentro del cual se encuadran productos como el Cuponazo.

2. Reserva de la lotería y autorización

La Ley 13/2011 establece que las loterías de ámbito estatal están reservadas en exclusiva a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y a la ONCE. Esa reserva no es un “cheque en blanco”: cada modalidad y producto (Cupón Diario, Fin de Semana, Cuponazo, etc.) debe estar:

• Previsto en la normativa habilitante (Leyes, Reales Decretos, Acuerdo General).
• Regulado por un reglamento interno aprobado por el Consejo General de la ONCE.
• Verificado y autorizado por el Consejo de Protectorado, órgano a través del cual el Estado ejerce el protectorado y control sobre la ONCE.

La propia Resolución de 4 de abril de 2023 recalca que la ONCE debe comunicar con antelación al Consejo de Protectorado las condiciones de cada modalidad y sus modificaciones, para que dicho Consejo compruebe su conformidad con la legislación y con la concesión estatal.

3. Control administrativo y protección de los participantes

La Ley 13/2011 y los reglamentos específicos imponen a la ONCE obligaciones centradas en:

• Integridad del juego: reglas claras, fijación previa de precios, premios, series y probabilidades, y sistemas que garanticen la aleatoriedad y eviten fraudes.
• Protección de menores y personas vulnerables: prohibición de participación de menores y de personas que tengan restringido el acceso al juego, así como mecanismos de control y advertencias sobre el juego responsable.
• Prevención de adicciones: aplicación de políticas de juego responsable y cumplimiento de la normativa específica sobre comunicaciones comerciales de juego (publicidad, horarios, contenidos, etc.).
• Transparencia frente al consumidor: publicación en el BOE de los reglamentos del Cupón (incluido el Cuponazo) como garantía para los jugadores, indicando estructura del sorteo, premios, devoluciones y procedimiento de pago.

4. Finalidad social y destino de los beneficios

Un requisito esencial es que la ONCE no tiene ánimo de lucro privado. Tanto el Real Decreto 358/1991 como sus Estatutos y la Ley 5/2011 de Economía Social la definen como corporación de derecho público de carácter social, cuyos beneficios de juego:

• Se destinan a la financiación de servicios sociales para personas ciegas o con discapacidad visual grave.
• Se gestionan bajo estricto control público del Consejo de Protectorado, que supervisa su sostenibilidad y la adecuada afectación a fines sociales.

Esta vinculación entre loterías y fines sociales es uno de los fundamentos que justifican la reserva y la singularidad jurídica de la ONCE como operador de loterías estatales.

5. Aspectos fiscales y sancionadores

La ONCE está sujeta al régimen fiscal específico del juego y al régimen de infracciones y sanciones de la Ley 13/2011, además de al resto de normativa general (blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, protección de datos, etc.). Un incumplimiento relevante de las condiciones autorizadas para productos como el Cuponazo podría dar lugar a:

• Multas y sanciones administrativas.
• Revisión de las autorizaciones o de los acuerdos con el Estado.
• Responsabilidades adicionales si hubiera afectación a consumidores o al orden público económico.

En síntesis, la ONCE puede organizar sorteos como el Cuponazo porque la ley le reserva la lotería de ámbito estatal, pero siempre que respete un entramado de autorizaciones formales, control público, reglas técnicas detalladas y estricta orientación de los beneficios a fines sociales.

Según la legislación española, especialmente el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y sus posteriores modificaciones (en particular los Reales Decretos 1200/1999, 1359/2005, 394/2011 y 1152/2015), la ONCE es una corporación de derecho público de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización. Sus funciones y competencias se configuran al servicio de fines de interés general vinculados a las personas ciegas y con deficiencia visual grave.

Naturaleza jurídica y fines de interés general

La ONCE se define como una entidad de base asociativa privada, integrada por sus afiliados, que son personas con ceguera o deficiencia visual grave que solicitan su ingreso y cumplen las condiciones estatutarias. Actúa en todo el territorio español y ejerce funciones delegadas de las administraciones públicas, bajo el protectorado del Estado.

La normativa subraya que su actividad social, económica y empresarial se rige por los principios de solidaridad, ausencia de ánimo de lucro e interés general. Su misión se orienta a la autonomía personal, plena inclusión social, igualdad de oportunidades, no discriminación y disfrute efectivo de los derechos de ciudadanía de sus afiliados, en coherencia con la legislación española sobre discapacidad y con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Funciones y competencias sociales

El Real Decreto establece que la ONCE debe articular, a través de sus estatutos, un conjunto de servicios, prestaciones y actividades en ámbitos concretos, entre los que se destacan:

• Inclusión educativa: apoyos específicos para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo en igualdad de condiciones.
• Formación e inserción laboral: programas de formación profesional y medidas de acceso al empleo, incluida su condición de agente social especializado en empleo protegido y centros especiales de empleo.
• Rehabilitación integral: actuaciones para el desarrollo de habilidades y capacidades funcionales que permitan la autonomía en la vida diaria.
• Autonomía personal: servicios y recursos que faciliten la vida independiente y la toma de decisiones propias.
• Accesibilidad universal y diseño para todos: impulso de medidas técnicas y tecnológicas que hagan accesibles entornos, productos y servicios.
• I+D+i y tiflotecnología: fomento de la investigación, desarrollo e innovación en tecnologías específicas para la discapacidad visual.
• Fondos bibliográficos accesibles y su distribución, para favorecer la educación, el empleo y el acceso a la cultura.
• Promoción cultural y deportiva: programas que faciliten la participación en actividades de ocio, cultura y deporte.
• Información y sensibilización: mejora de la percepción social de la ONCE y de la ceguera, así como información a afiliados y a la sociedad.

Además, la ONCE puede extender su acción, principalmente a través de Fundación ONCE, a políticas de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en general, no sólo de sus afiliados.

Competencias en materia de juego y financiación

Una competencia esencial que la normativa atribuye a la ONCE es su condición de operador de juegos de ámbito estatal. La organización dispone de:

• La explotación en exclusiva de la concesión estatal del cupón prociegos.
• La comercialización de otros juegos autorizados (lotería instantánea, juego activo, productos como el Cupón Diario, Cuponazo, Triplex, Súper Once, etc.), regulados mediante resoluciones publicadas en el BOE que aprueban reglamentos y condiciones de cada producto.

La legislación establece que los beneficios de estas modalidades de juego, junto con otros recursos (patrimonio propio, donaciones, subvenciones, ingresos por servicios), constituyen la base de la financiación para sus fines sociales. El vínculo entre juego autorizado y finalidad social es explícito: las autorizaciones públicas en materia de juego se otorgan para la financiación de sus fines de interés general.

Relación con la Administración General del Estado

La actividad de la ONCE está sometida al protectorado y control público del Estado, que se ejerce principalmente a través del Consejo de Protectorado

• El cumplimiento de los fines sociales y la correcta aplicación de los recursos obtenidos.
• La adecuación de su actividad de juego al ordenamiento jurídico y a las autorizaciones vigentes.
• Determinados planes, acuerdos y modificaciones del régimen del cupón y otros juegos que requieren autorización del Gobierno.