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En la normativa vigente ya no existe un umbral específico de 2.500 euros: los premios de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) están sujetos a un gravamen especial cuando superan los 40.000 euros por décimo o apuesta, según la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006 (IRPF) en la redacción dada por Ley 16/2012 y modificada por la Ley de Presupuestos de 2018. Por debajo de esa cifra, el premio está exento y se cobra íntegro; por encima, se retiene un 20 % sobre la parte que excede de los 40.000 euros. Para el cobro, sea cual sea la cuantía (2.500, 10.000 o 300.000 euros), la entidad pagadora debe identificar al ganador, practicar la retención si procede y comunicar la información a la Agencia Tributaria mediante los modelos aprobados reglamentariamente.

1. Marco legal del gravamen sobre premios de lotería

El régimen fiscal de los premios de LAE se articula, principalmente, en:

• Ley 35/2006 del IRPF, cuya disposición adicional trigésima tercera regula el gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas (texto consolidado accesible en la Ley 35/2006).
• Ley 16/2012, que introduce ese gravamen especial y lo desarrolla tanto para residentes como para no residentes, incluyendo una disposición específica para el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Ley 16/2012).
• Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado, que eleva la cuantía exenta y fija el régimen transitorio para 2018 y 2019, recogido en su disposición transitoria trigésima quinta (Ley 6/2018).
• Orden HAP/70/2013, que aprueba el modelo 230 (retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial) y el modelo 136 (autoliquidación del gravamen) para IRPF e IRNR (Orden HAP/70/2013).
• Orden HAP/2368/2013, que aprueba el modelo 270 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial, a presentar por las entidades pagadoras (Orden HAP/2368/2013).

2. Umbral exento y retención en origen

De acuerdo con la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, en su redacción consolidada (extracto reproducido en la traza):

• Ámbito objetivo: se someten a gravamen especial los premios de:
  • Loterías y apuestas de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado,
  • órganos o entidades de las Comunidades Autónomas,
  • sorteos de la Cruz Roja Española y juegos autorizados a la ONCE,
  • y premios equivalentes de organismos públicos o entidades sin ánimo de lucro de otros Estados de la UE/EEE.
• Exención: están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros por décimo, fracción o apuesta. Si hay varios cotitulares, este importe exento se prorratea entre ellos.
• Base imponible: para premios superiores a 40.000 euros, la base del gravamen es la parte del premio que exceda de esos 40.000 euros.
• Tipo: se aplica un 20 % sobre esa base. El mismo 20 % se fija como porcentaje de retención o ingreso a cuenta, de forma que la entidad pagadora descuenta directamente el impuesto al abonar el premio.
• Devengo: el gravamen se devenga cuando se satisface o abona el premio.

En consecuencia, hoy, un premio de más de 2.500 euros pero igual o inferior a 40.000 se cobra íntegro (no se practica retención del gravamen especial), aunque debe seguir los mismos requisitos formales de identificación que cualquier otro premio.

3. Requisitos prácticos para el cobro

Aunque la normativa analizada se centra en el gravamen y las obligaciones de las entidades, de ella se desprenden los requisitos básicos que afectan al ganador:

• Identificación del perceptor: la Ley 35/2006 prevé obligaciones de información para las entidades que satisfacen premios (artículos sobre obligaciones de suministro de información, citados en la traza). En la práctica, la entidad colaboradora de LAE debe identificar personalmente al ganador (persona física o jurídica) para poder:
  • imputar correctamente el premio a efectos del gravamen especial,
  • y cumplir con la obligación de declaración informativa y de ingreso a cuenta (modelos 230 y 270).
• Premios compartidos: cuando el premio es de titularidad compartida, la DA 33.2 y 3 de la Ley 35/2006 establecen que tanto la parte exenta como la base imponible se prorratean entre los cotitulares en función de su cuota. A efectos prácticos, cada uno debe quedar identificado para que la exención de 40.000 euros y la eventual retención se repartan correctamente.
• Retención liberatoria: según la DA 33.7 y 8 de la Ley 35/2006, si se ha practicado la retención o ingreso a cuenta que corresponde, los contribuyentes:
  • no tienen obligación de presentar la autoliquidación específica del gravamen, salvo que no se hubiera retenido,
  • y el premio no se integra en la base imponible general del IRPF, ni las retenciones reducen la cuota líquida total del impuesto.
• No residentes: la Ley 16/2012 añade una disposición adicional quinta al IRNR con un gravamen especial análogo para no residentes sin establecimiento permanente, también con retención del 20 % y reglas similares de exención e información.

4. Qué implica esto si el premio supera 2.500 euros

Resumiendo en términos operativos:

• Si el premio es superior a 2.500 euros pero no supera 40.000, el cobro es íntegro (no se aplica el gravamen especial), pero la entidad pagadora debe identificar al ganador y declarar el premio a Hacienda mediante los modelos correspondientes.
• Si el premio supera 40.000 euros, LAE o la entidad colaboradora:
  • calcula la parte del premio que excede de 40.000 euros,
  • aplica una retención del 20 % sobre ese exceso,
  • y abona al ganador el resto. A efectos de IRPF, el contribuyente no vuelve a tributar por ese premio.

En España, la aprobación de nuevas regulaciones sobre juegos de azar a nivel estatal se realiza, con carácter general, mediante una ley ordinaria tramitada en las Cortes Generales, ya sea a iniciativa del Gobierno (proyecto de ley) o de los grupos parlamentarios u otros sujetos legitimados (proposición de ley). Estas leyes se aprueban por mayoría simple en el Congreso de los Diputados. El proceso incluye varias fases: elaboración de la iniciativa, enmiendas, debates en Congreso y Senado, y culmina con la sanción del Rey y la publicación en el BOE. Sobre el detalle del procedimiento específico en comunidades autónomas competentes en juego presencial y sobre el uso de reales decretos-ley, no se dispone de más información en las fuentes consultadas.

1. Tipo de iniciativa y carácter de la norma

Para regular nuevos juegos de azar a nivel estatal se utiliza una ley ordinaria, que puede adoptar dos formas principales:

• Proyecto de ley: iniciativa legislativa del Gobierno, aprobada primero en el Consejo de Ministros y remitida después al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
• Proposición de ley: iniciativa de los grupos parlamentarios, diputados, Senado, asambleas autonómicas o de la iniciativa legislativa popular. Se presenta directamente en el Congreso o en el Senado y sigue un procedimiento muy similar al del proyecto de ley.

En ambos casos, el objetivo es el mismo: crear, modificar o derogar leyes que ordenen el sector del juego (por ejemplo, introduciendo nuevas categorías de juego, requisitos de autorización o medidas de protección de los consumidores).

2. Fases principales en el Congreso de los Diputados

El proceso parlamentario de una ley ordinaria sobre juegos de azar sigue las fases generales previstas para cualquier proyecto o proposición de ley:

• 1) Elaboración y presentación: si se trata de un proyecto de ley, el texto se elabora en el seno del Gobierno y se aprueba en el Consejo de Ministros antes de remitirse al Congreso. Si es una proposición de ley, la redacta y presenta el sujeto proponente (por ejemplo, un grupo parlamentario).
• 2) Calificación y admisión a trámite: la Mesa del Congreso examina el texto y decide sobre su admisión a trámite.
• 3) Plazo de enmiendas: una vez admitida a trámite, se abre un plazo para que los distintos grupos parlamentarios presenten enmiendas, ya sea para modificar artículos concretos o, en su caso, para proponer textos alternativos.
• 4) Debate de totalidad: en el Pleno del Congreso puede celebrarse un debate de totalidad, en el que se plantean enmiendas para rechazar globalmente el texto o devolverlo al Gobierno. Si esas enmiendas de totalidad no prosperan, la iniciativa continúa su tramitación.
• 5) Trabajo en comisión: la comisión competente (en este caso, la que tenga atribuidas las materias de juego o consumo, según se determine) discute y vota las enmiendas parciales y redacta un dictamen.
• 6) Debate y votación final en Pleno: el dictamen de la comisión se debate y se somete a votación en el Pleno del Congreso. También pueden debatirse las enmiendas que sigan vivas porque no fueron incorporadas en comisión.

En todas las votaciones decisivas del Congreso para una ley ordinaria se exige mayoría simple: más votos a favor que en contra, sin tener en cuenta las abstenciones.

3. Tramitación en el Senado y aprobación definitiva

Una vez aprobada la ley de juegos de azar en el Congreso, el texto se remite al Senado:

• El Senado puede aprobar el texto sin cambios.
• Puede introducir enmiendas, que luego deberán ser aceptadas o rechazadas por el Congreso.
• Puede formular un veto al texto, que el Congreso puede levantar mediante una mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, mediante mayoría simple.

Superada esta fase, el texto definitivo de la ley es remitido para su sanción y promulgación por el Rey, y posteriormente se publica en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que se convierte en normativa vigente y puede fijar el régimen jurídico de los nuevos juegos de azar.

4. Sobre comunidades autónomas y reales decretos-ley

Aunque en la práctica las comunidades autónomas juegan un papel relevante en la regulación del juego presencial, y el Gobierno podría recurrir a figuras como el real decreto-ley en determinadas circunstancias, no se dispone de más información en las fuentes consultadas que permita detallar de manera precisa el procedimiento parlamentario específico en esos ámbitos. Por ello, la descripción anterior se limita al proceso general de ley ordinaria estatal, que constituye el cauce central para aprobar regulaciones sobre nuevos juegos de azar en España.

La ONCE es uno de los dos operadores designados por el Estado para explotar loterías de ámbito estatal y, dentro de ese marco, tiene funciones muy amplias en la gestión, organización y explotación de sus sorteos (cupón diario, Cuponazo, Sueldazo, lotería instantánea, etc.). Diseña y regula internamente sus productos, fija sus condiciones comerciales y de premios, organiza los sorteos y gestiona el pago de los premios a través de su red de más de 21.000 vendedores y de la plataforma JuegosONCE. Sin embargo, todo ello se realiza bajo una concesión estatal y bajo el control del Protectorado de la ONCE, que verifica que sus reglamentos y productos cumplen la Ley del Juego y el resto de la normativa. Además, la organización asume funciones de control interno y de juego responsable, prohibiendo la venta a menores y el juego a crédito y aplicando sistemas de evaluación avalados por las asociaciones mundial y europea de loterías.

Marco jurídico y concesión estatal

Las resoluciones de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que publican cambios en la “Lotería Instantánea de boletos de la ONCE” recuerdan el armazón legal básico:

• La disposición adicional tercera de la Ley 5/2011 de Economía Social declara a la ONCE una corporación de derecho público de carácter social, que se financia en parte mediante autorizaciones públicas en materia de juego, según se recoge en la resolución de 6 de octubre de 2025 y en la resolución de 17 de junio de 2025.
• El artículo 4 y la disposición adicional primera de la Ley 13/2011, de regulación del juego, reservan las loterías de ámbito estatal a los operadores designados por la ley y nombran expresamente a la ONCE como uno de ellos. Esto se reitera en las resoluciones de 2024 y 2025 sobre lotería instantánea y sorteos del cupón (16 de julio de 2025, 30 de abril de 2025, 16 de julio de 2024, 14 de junio de 2024, sorteo extraordinario 11/11 de 2024 y Cupón Extra de Navidad 1/1/2025).
• Su actuación en loterías se sujeta, además, a la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985 de Presupuestos, al Acuerdo General Gobierno‑ONCE 2022‑2031, al Real Decreto 358/1991 (reordenación de la ONCE) y al Real Decreto 1336/2005 que autoriza la explotación de la lotería instantánea, todo ello citado en la resolución de 6 de octubre de 2025 y en la de 17 de junio de 2025.

En resumen, la ONCE no actúa como operador privado libre, sino como titular de una concesión estatal específica para determinadas modalidades de lotería.

Funciones de gestión, organización y explotación

Dentro de esa concesión, las resoluciones del BOE muestran que la ONCE asume, entre otras, estas funciones concretas:

• Diseño y modificación de productos: el Consejo General de la ONCE acuerda implantar nuevos grupos de productos de lotería instantánea o derogar apéndices de su reglamento (“implantación de un grupo de productos… y derogación de apéndices” en la resolución de 6 de octubre de 2025 y de 8 apéndices en la de 17 de junio de 2025).
• Reglamentación interna: elabora y actualiza los Reglamentos reguladores de cada modalidad (cupón, lotería instantánea, etc.), cuyos apéndices detallan mecánicas, precios y premios, publicados y refundidos periódicamente en el BOE (resolución de 14 de junio de 2024).
• Planificación comercial: decide la fecha de comienzo de comercialización de nuevos productos, que luego se anuncia a través de resoluciones periódicas del Protectorado, como se indica en la resolución de octubre de 2025 y en la de junio de 2025.
• Organización material de los sorteos: organiza el Cupón Diario, Cuponazo, Sueldazo de Fin de Semana, sorteos extraordinarios del cupón y las distintas series de lotería instantánea. Demócrata describe esta operativa cotidiana en sus piezas sobre sorteos diarios y horarios (11 de junio, 8 de junio, 12 de junio, 12 de agosto, 6 de junio, 17 de junio, 21 de junio, 26 de julio, 1 de agosto, [enlace]).
• Comercialización y pago de premios: gestiona la venta de cupones a través de su red física y online y el pago de premios. Demócrata detalla que los premios menores se cobran en puntos de venta y los mayores a través de centros o entidades colaboradoras, y que los cupones caducan a los 30 días naturales (30 de junio, 1 de julio, 2 de julio, 6 de julio, 9 de julio, 14 de julio, 29 de julio, 3 de agosto).

Funciones de supervisión y control

La supervisión de las loterías de la ONCE es dual: interna y estatal.

• A nivel estatal, el Consejo de Protectorado (órgano de Protectorado del Estado sobre la ONCE) aprueba los “Procedimientos y Criterios de Control” comunes a sus tres modalidades de lotería y verifica, antes de su publicación en el BOE, que los reglamentos y cambios se ajustan a la concesión estatal y a la normativa general. Esta función aparece descrita en las resoluciones de 2025 ([enlace], [enlace]).
• La ONCE tiene la obligación de comunicar con antelación suficiente al Protectorado las condiciones de todas sus modalidades de lotería y las modificaciones reglamentarias, para su conocimiento, verificación y posterior publicación en el BOE “como garantía de los consumidores”, según esas mismas resoluciones.
• En el plano interno, el modelo de “lotería social, segura, responsable y solidaria” implica controles específicos: se prohíbe la venta a menores y el juego a crédito, se introducen medidas para neutralizar consumos descontrolados y se aplican sistemas de evaluación y seguimiento reconocidos por la Asociación Mundial y la Asociación Europea de Loterías, tal y como destaca el comunicado sobre el Sueldazo publicado en Demócrata.

Dimensión social y económica de su función

El periódico Demócrata subraya que la ONCE no opera como una lotería estatal convencional, sino como un modelo de loterías sociales destinado a financiar empleo, salarios e inversión social del Grupo Social ONCE. En 2024 estas loterías generaron 2.829 millones de euros, de los que 1.591,4 millones (el 56,2 %) se repartieron en premios, destinándose el resto a la estructura social de la organización, según el análisis sobre el Sueldazo ([enlace]) y el reportaje sobre el peso de las loterías en el juego en España ([enlace]).

Todo ello convierte a la ONCE en un actor singular: explota comercialmente loterías estatales bajo estricta regulación y control público, al tiempo que utiliza esa actividad para sostener un amplio programa social y de empleo para personas con discapacidad.