La Audiencia Provincial de Salamanca ha impuesto una pena de dos años de cárcel a una mujer como autora de un delito de corrupción de menores, tras admitir que realizó varias fotografías y un vídeo de carácter sexual de su hija de 11 años y los remitió a través de redes sociales.
En el fallo se considera acreditado que el material se envió mediante Instagram a una cuenta que la procesada pensaba, de forma equivocada, que pertenecía al futbolista portugués Cristiano Ronaldo.
De acuerdo con la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la mujer tomó distintas imágenes de la menor, en algunas de las cuales aparecía desnuda o exhibiendo sus genitales, además de grabar un vídeo en el que se la veía sin ropa interior.
Posteriormente, envió todo ese contenido desde su propio perfil de Instagram a una cuenta que creía que era del conocido jugador, aunque en realidad había sido creada por una amiga de su hija.
En la vista oral celebrada el pasado 28 de octubre, Fiscalía, acusación particular y defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad. La encausada reconoció los hechos y se hizo constar en la causa que en el momento de lo ocurrido padecía un síndrome ansioso-depresivo reactivo y un diagnóstico de discapacidad intelectual límite que afectaban a sus capacidades, circunstancia que el tribunal ha valorado como atenuante muy cualificada de anomalía psíquica.
Además de la pena privativa de libertad, la resolución establece una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 250 metros de la menor y comunicarse con ella durante un periodo superior en un año a la duración de la condena.
La mujer deberá cumplir también tres años de libertad vigilada, seguir programas de educación sexual, permanecer seis años inhabilitada para el ejercicio de la patria potestad y no podrá desempeñar trabajos o actividades profesionales que supongan contacto habitual con menores.
En concepto de responsabilidad civil, la condenada tendrá que abonar 17.000 euros a la menor en compensación por los daños morales ocasionados.
La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.