El magistrado del Juzgado de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha decidido seguir adelante con el procedimiento contra cuatro personas investigadas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, en una pieza separada del caso de los ERE relativa a la concesión y abono presuntamente irregulares de ayudas superiores a 4,2 millones de euros a SOS Cuétara S.A.
Según ha comunicado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en un auto fechado el 3 de noviembre, el juez adopta esta resolución "por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos" de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El instructor acuerda así transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado contra el ex alto cargo de la Junta, dos responsables de la mediadora Vitalia y una 'intrusa', suegra del que fuera director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.
Al mismo tiempo, decreta el sobreseimiento provisional respecto de otros dos investigados –un representante de la compañía y un dirigente del sindicato CCOO– al entender que "no hay motivos suficientes para atribuirles participación" en los delitos analizados y que en la causa no constan "indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos por los que se procede".
El juez detalla que las ayudas tenían como finalidad "fundamentalmente, financiar dicho proceso de reestructuración empresarial e incrementar la particular cobertura económica de los extrabajadores de SOS Cuétara afectados" por el ERE mediante la contratación de un seguro de rentas.
En esa póliza se habría incluido, según el auto, a una supuesta "trabajadora" que no figuraba entre los afectados por el ERE y "ni siquiera tenía relación laboral con la empresa al tiempo de su inclusión como beneficiaria", una incorporación "determinada por su relación de parentesco" con Francisco Javier Guerrero.
Este último, de acuerdo con el instructor, "aprovechando la absoluta carencia de control y fiscalización de la ayuda anterior, dirigida a financiar las pólizas de prejubilaciones con dinero público, introdujo en el coste del estudio de rentas de estos trabajadores a su suegra".
Dicha operación "se habría realizado en connivencia de la propia investigada y de los responsables de la consultora Vitalia" encausados, quienes "intervinieron en la tramitación y gestión de las pólizas de seguro de rentas, instrumentalizadas para canalizar la arbitraria disposición de fondos públicos objeto de autos y que habría de tener como asegurados a los extrabajadores de la empresa afectados por el ERE".
"No fue sino la falta absoluta de control y de fiscalización lo que posibilitó que se pudieran suscribir" para la suegra del ex director general de Trabajo "dos pólizas de seguro de rentas cuya prima, en su totalidad, habría de ser financiada por la Junta de Andalucía", señala el magistrado.
De este modo, y siempre según el instructor, "se habría conseguido el otorgamiento" de unas presuntas subvenciones públicas "de forma arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía".