El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que remita una copia del teléfono móvil del exasesor ministerial Koldo García.
Al mismo tiempo, el magistrado Moreno ha requerido a la UCO que entregue una copia de los dispositivos electrónicos y de las “evidencias intervenidas” a los empresarios Daniel Sierra e Íñigo Rotaeche, directivos de Soluciones de Gestión, firma ligada al empresario y conseguidor Víctor de Aldama, así como del empresario Juan Carlos Cueto, todos ellos investigados en esta causa.
“Visto el estado de las presentas actuaciones y el tiempo transcurrido sin que por la fuerza policial actuante hayan entregado en este órgano judicial copia de las evidencias intervenidas a los investigados Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto, procédase a su reiteración”, señala el juez en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
En la misma línea, Moreno decide requerir de nuevo a la unidad policial “para que aporte copia de los dispositivos móviles y electrónicos intervenidos a Daniel Sierra y Koldo García”, de acuerdo con la resolución judicial.
Estas diligencias se activan el mismo día en que agentes de la UCO desarrollan una operación vinculada a la apertura de una pieza separada secreta que Moreno acordó ayer, miércoles, dentro del 'caso Koldo'.
Los investigadores han registrado la vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos y han efectuado un requerimiento en la sede de Adif. Además, han practicado seis detenciones, entre ellas las de Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, y Cristian Corvillo, señalado como exchófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En esta causa, el instructor mantiene abiertas varias líneas de investigación. La que originó el procedimiento se centra en las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, por las que fue imputado Juan Carlos Cueto.
La rama relativa a los contratos de mascarillas fue parcialmente enjuiciada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, debido a la condición de diputado aforado que ostentaba el ex titular de Transportes cuando fue procesado.
El alto tribunal impuso a los tres penas de prisión --Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro--, aunque permitió que el empresario y comisionista eludiera su ingreso en la cárcel por su colaboración con la justicia y con la condición de que no reincida.
Moreno indaga también en presuntos amaños en contratos de obra pública y en pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para reembolsar gastos adelantados, una pieza que igualmente permanece bajo secreto de sumario.