El Tribunal Supremo ha archivado una querella presentada por Vox y tres denuncias de Manos Limpias y dos particulares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros por su actuación durante la crisis migratoria de Ceuta, que se produjo los días 30 y 31 de julio tras la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.
La Sala de lo Penal considera que no existen indicios suficientes para abrir una causa penal contra los miembros del Ejecutivo, a quienes los denunciantes atribuían presuntos delitos de prevaricación administrativa y dejación de funciones. La resolución, notificada este miércoles, remite el esclarecimiento de los hechos a la investigación que ya desarrolla la Audiencia Nacional.
Las acusaciones se dirigían especialmente contra los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, y Sanidad, Mónica García, además del propio Sánchez. Sin embargo, los magistrados entienden que la documentación aportada no permite atribuirles, por ahora, una responsabilidad penal concreta.
El Supremo exige aclarar qué decisiones tomó cada responsable
En un único auto, el alto tribunal ha respondido a las cuatro iniciativas judiciales presentadas contra el Gobierno y ha concluido que las denuncias no contienen elementos suficientes para justificar la apertura de un procedimiento contra los aforados.
La Sala señala que antes de determinar posibles responsabilidades es necesario conocer qué información recibió cada responsable político, qué decisiones adoptó y de qué medios disponía durante los acontecimientos.
"Se precisa determinar quién dispuso de la información relevante, qué decisiones adoptó, qué medios estuvieron efectivamente a su alcance y qué intervención tuvo en el desarrollo de los acontecimientos", recoge la resolución.
Los magistrados reconocen que los documentos aportados justifican que se investigue lo sucedido, pero consideran que no permiten extender la responsabilidad penal al conjunto de los miembros del Gobierno señalados en los escritos.
La investigación continúa en la Audiencia Nacional
El archivo acordado por el Supremo no pone fin a las diligencias abiertas por la crisis de Ceuta. La investigación permanece en manos de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que deberá esclarecer las circunstancias de la entrada masiva de inmigrantes y las actuaciones desarrolladas por las distintas administraciones.
Será esta magistrada quien, si encuentra indicios de responsabilidad penal contra alguno de los miembros del Ejecutivo aforados ante el Supremo, deba elevar una exposición razonada al alto tribunal para que valore la apertura de una causa.
En este procedimiento, el Gobierno ha sido admitido como acusación popular, mientras que Vox y el PP han recurrido a la vía judicial para exigir responsabilidades por la gestión de la crisis.
El Supremo advierte, además, de que su decisión no equivale a descartar definitivamente la existencia de delitos ni a exonerar de cualquier responsabilidad penal a los denunciados. El archivo responde a la falta de indicios suficientes en esta fase, sin impedir que puedan adoptarse nuevas decisiones judiciales a partir de los resultados de la investigación de la Audiencia Nacional.