La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado condena contra un teniente general de la Guardia Civil y un empresario por delitos de cohecho vinculados a la adjudicación de obras de mejora y rehabilitación en cuarteles mediante la técnica de corcho proyectado.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, quedó acreditado que el alto mando percibió dinero en metálico, viajes y otras ventajas abonadas por el empresario tras impulsar la contratación de sus sociedades para ejecutar trabajos en diversas comandancias.
El fallo impone al teniente general Pedro V. J. una pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante ese periodo y tres años de suspensión de empleo y cargo público.
Al empresario Ángel Ramón T. de L. se le impone igualmente un año de prisión y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena.
Asimismo, el empresario y las mercantiles Canarycork SL, Angrasurcor SL y Solocorcho SL quedan inhabilitados durante nueve años para acceder a subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
La resolución asume el veredicto unánime del jurado popular, que declaró culpables a ambos acusados y se mostró contrario a la suspensión de las penas mediante remisión condicional, así como a la concesión de un posible indulto.
Gestión de fondos y adjudicación de obras
En los años 2016 y 2017, Pedro V. J. ocupaba el puesto de subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, con competencias en la dirección, coordinación y manejo de los recursos económicos y en la política de recursos materiales del cuerpo.
Entre sus funciones figuraba la facultad de descentralizar créditos para atender necesidades de las unidades territoriales. La sentencia declara probado que utilizó esa capacidad para dirigirse a diversas comandancias y ofrecer la descentralización de fondos destinados a trabajos de pintura y mejora de fachadas en acuartelamientos.
En esas comunicaciones presentaba a Ángel Ramón T. de L., empresario de su entorno personal, como contratista que estaba introduciendo una técnica innovadora, el corcho proyectado, para solucionar problemas de humedades en los edificios.
Los responsables de distintas unidades aceptaron tramitar los créditos y promover las obras, que finalmente fueron adjudicadas a las empresas del empresario. El fallo recoge actuaciones en las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén y Santa Cruz de Tenerife, en la Zona de Murcia y en la Jefatura de Asuntos Económicos, además de otras gestiones en diferentes comandancias.
Las tres sociedades vinculadas al contratista facturaron en noviembre y diciembre de 2016 un total de 1.382.873,52 euros por trabajos efectuados para la Guardia Civil, con un incremento muy notable del volumen de contratación en ese ejercicio.
Irregularidades en las obras y beneficios recibidos
El tribunal considera igualmente acreditado que muchas de las obras se ejecutaron de forma deficiente. Los informes periciales detectaron fallos y partidas no realizadas, y el propio empresario admitió que no aplicaba correctamente la técnica del corcho proyectado.
Como contraprestación ligada a la actuación del alto mando, el empresario asumió diversos gastos y entregó sumas de dinero al teniente general. Entre los beneficios probados figuran un viaje a Milán, del 26 al 29 de mayo de 2016, para asistir a una final de la Liga de Campeones, por importe de 1.950,70 euros; estancias en un hotel de Cádiz en noviembre de 2016 y en mayo de 2017, esta última por 264 euros; el pago de un cobertor para la piscina de su vivienda en Alpedrete, valorado en 1.650 euros; y un viaje a Cardiff en junio de 2017 para otra final de la Liga de Campeones, al que acudieron el teniente general, su hijo y un amigo, por 1.410,66 euros.
La sentencia recoge también un viaje a Lanzarote previsto para las Navidades de 2016, con vuelos y alojamiento para la familia del teniente general. Él no llegó a aceptar la invitación, pero sí lo hizo su hijo, que viajó y se alojó en el establecimiento junto a una acompañante.
A estos obsequios se añaden tres entregas de efectivo: 15.000 euros entre el 4 y el 7 de noviembre de 2016; otros 10.000 euros entre el 7 y el 10 de noviembre; y 9.700 euros durante el fin de semana del 12 de noviembre. El tribunal concluye que el teniente general ingresó estas cantidades en sus cuentas bancarias.
La Sala basa esta conclusión en la coincidencia temporal entre las retiradas de efectivo realizadas por el empresario y los ingresos posteriores del alto mando, así como en las comidas y reuniones mantenidas en esas fechas. Se descarta que el dinero respondiera a supuestas devoluciones de pagos previos del teniente general, al no existir documentación ni prueba alguna que lo respalde.
Delito de cohecho y responsabilidad penal
La Audiencia entiende que la conducta del teniente general encaja en el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal, que sanciona la aceptación de regalos o dádivas en atención al cargo o función pública. El tribunal subraya que no se trató de simples atenciones derivadas de una amistad, sino de beneficios otorgados por un empresario interesado en conseguir contratos con la Administración, recomendado por el propio mando para ejecutar obras en instalaciones de la Guardia Civil.
La sentencia resalta que la relación personal entre ambos acusados, reconocida por ellos, no neutraliza la relevancia penal de las entregas. Considera acreditado el vínculo entre el interés empresarial del contratista, la intervención del responsable público en la promoción de sus sociedades y los regalos y cantidades recibidos.
Para la Sala resulta esencial que el empresario conociera la condición de teniente general y las atribuciones de Pedro V. J., y que este supiera a qué se dedicaban las empresas del contratista. Las dádivas se produjeron precisamente por la posición que ocupaba y su capacidad de influir en la gestión de los recursos materiales y económicos del cuerpo.
La resolución recuerda, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, que el cohecho del artículo 422 protege la integridad y la imparcialidad de la función pública: no es preciso que el regalo se entregue a cambio de un acto administrativo concreto, basta con que se ofrezca y acepte por la condición de autoridad o funcionario. Tampoco impide la consumación del delito que parte de los beneficios se destinen al cónyuge o familiares.
En relación con el empresario, la Audiencia aprecia un delito de cohecho activo del artículo 424.1 en conexión con el 422 del Código Penal, al considerar probado que ofreció y entregó dinero y regalos para reforzar su relación con el teniente general y generar un clima propicio a la contratación de sus empresas.