El Black Friday se celebra este año el viernes 27 de noviembre, aunque muchas tiendas comenzarán a anunciar descuentos semanas antes. Para calcular esas rebajas, los comercios están obligados a utilizar el precio más bajo al que hayan vendido cada producto durante los 30 días anteriores. La norma impide que una subida reciente sirva para anunciar descuentos superiores a los reales, una práctica que las autoridades de consumo pueden sancionar.
Las promociones tampoco modifican los derechos de los compradores. Los artículos rebajados mantienen la garantía legal y las compras por internet pueden devolverse, con carácter general, durante los 14 días siguientes a su recepción. En los establecimientos físicos, en cambio, la devolución de un producto sin defectos depende de las condiciones anunciadas por la tienda. A estas diferencias se añaden los posibles gastos de transporte y financiación, que pueden encarecer el precio inicialmente anunciado.
La regla de los 30 días impide inflar los descuentos
El artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista obliga a mostrar el precio anterior junto al rebajado. La referencia debe ser, con carácter general, el importe más bajo aplicado por el establecimiento a productos idénticos durante los 30 días precedentes, aunque la normativa contempla algunas excepciones.
Así, una tienda que haya vendido unos auriculares por 100 euros no puede subirlos a 150 poco antes del Black Friday y anunciarlos después a 90 euros con un descuento del 40%, siempre que los 100 euros sigan siendo el precio más bajo de ese periodo. La rebaja legalmente calculada sería del 10%, ya que el comercio debe tomar como referencia los 100 euros y no el precio que fijó tras la subida.
Tampoco puede utilizar el precio recomendado por el fabricante para sustituir esa referencia. Aunque el importe sugerido por la marca sea superior al que cobra habitualmente la tienda, la reducción anunciada debe calcularse conforme al historial de precios del propio establecimiento.
Las herramientas que permiten consultar la evolución de los precios ayudan a descubrir estas prácticas, especialmente en electrónica y electrodomésticos. El Centro Europeo del Consumidor en España aconseja seguir con antelación los productos que se quieren comprar y comparar las ofertas de varios establecimientos.
La comparación debe hacerse entre artículos idénticos. La capacidad de almacenamiento, los accesorios incluidos o el hecho de que un dispositivo sea reacondicionado pueden explicar diferencias considerables. También hay que contar con los gastos de transporte y otros cargos que el comercio añada antes de finalizar el pedido.
Dónde reclamar cuando una tienda anuncia una rebaja engañosa
Si el precio tachado no coincide con el menor importe aplicado durante los 30 días anteriores, el comprador puede reclamar por escrito al establecimiento. Para acreditar la posible irregularidad sirven las capturas del anuncio, el historial de precios y cualquier documentación que permita comprobar cuándo se ofreció el producto y por cuánto dinero.
Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y los organismos autonómicos de consumo reciben reclamaciones y denuncias cuando la empresa no resuelve el conflicto. Las autoridades competentes pueden investigar la publicidad y, si comprueban que se ha incumplido la normativa, iniciar el correspondiente procedimiento sancionador.
El consumidor también puede recurrir al Sistema Arbitral de Consumo si el establecimiento está adherido o acepta someterse al procedimiento. El arbitraje permite resolver determinadas controversias sin acudir a los tribunales y termina con un laudo vinculante para ambas partes.
Una denuncia por publicidad engañosa puede acabar con una sanción administrativa, pero recuperar el dinero o conseguir una compensación exige reclamar la solución económica correspondiente. La multa que pueda imponerse al comercio no se entrega al comprador.
Cuando la compra se haya realizado a una empresa establecida en otro país de la Unión Europea, Islandia o Noruega, el Centro Europeo del Consumidor en España puede ayudar a intentar un acuerdo. Para solicitar su intervención es necesario haber reclamado previamente al vendedor por escrito. El organismo presta asistencia gratuita, aunque carece de potestad sancionadora.
Las devoluciones del Black Friday dependen de dónde se compre
Las tiendas físicas pueden rechazar la devolución de un artículo que funciona correctamente cuando el cliente simplemente ha cambiado de opinión. La legislación no reconoce un derecho general a recuperar el dinero por una compra presencial, aunque muchos establecimientos aceptan devoluciones voluntariamente.
Cada comercio fija sus condiciones, que pueden incluir el reembolso del importe, el cambio por otro artículo o la entrega de un vale. También puede establecer plazos diferentes, siempre que respete la política comercial que haya anunciado.
Las compras por internet a vendedores profesionales tienen una protección distinta. El consumidor dispone, por regla general, de 14 días naturales desde la recepción del producto para comunicar que desiste de la compra, sin tener que explicar el motivo. Después cuenta con otros 14 días para devolverlo.
El vendedor debe reembolsar los pagos recibidos, incluidos los gastos de entrega ordinaria, dentro del plazo legal. Puede esperar a recibir el producto o una prueba de su devolución antes de efectuar el ingreso, salvo que se haya ofrecido a recogerlo. Si el comprador eligió un envío urgente más caro que la entrega ordinaria, el establecimiento no tiene que reintegrar ese suplemento.
Los gastos de devolución pueden correr a cargo del comprador, siempre que el comercio le haya informado previamente de esa obligación. Por tanto, una tienda puede admitir el desistimiento y exigir al cliente que pague el transporte del artículo hasta sus instalaciones.
La ley también excluye determinados productos del derecho de desistimiento, como los artículos personalizados, los bienes que se deterioran rápidamente o aquellos que, por razones de higiene o salud, no pueden devolverse una vez retirado su precinto.
La garantía de tres años se mantiene aunque el producto esté rebajado
Los artículos nuevos vendidos por profesionales tienen tres años de garantía legal desde su entrega, también durante el Black Friday. El establecimiento no puede acortar ese plazo por haber aplicado un descuento ni cobrar por reparar un defecto cubierto por la garantía.
Cuando el producto no se ajusta a lo contratado, el comprador puede exigir su reparación o sustitución en las condiciones previstas por la ley. Si estas soluciones no son posibles, no se realizan correctamente o concurren otros supuestos legales, podrá solicitar una reducción del precio o la resolución del contrato.
El vendedor debe asumir los gastos necesarios para reparar o sustituir el artículo, incluidos transporte, materiales y mano de obra. Las garantías comerciales adicionales que ofrecen algunas marcas pueden ampliar la protección, pero no recortar los derechos legales.
La distinción entre garantía y devolución es especialmente importante en las tiendas físicas: un establecimiento puede negarse a aceptar un artículo sin defectos porque el cliente ya no lo quiere, pero debe responder si el producto presenta una falta de conformidad cubierta por la garantía.
Las compras en marketplaces y las ofertas de vendedores particulares
En plataformas como Amazon conviven productos vendidos directamente por la empresa que gestiona la web y otros comercializados por vendedores externos. Aunque el pedido se tramite desde la misma página, la identidad del vendedor determina a quién corresponde atender las obligaciones derivadas de la venta.
Los datos del comerciante deben figurar en la información facilitada al comprador. También debe indicarse si quien vende actúa como profesional o como particular, ya que las operaciones entre particulares no disfrutan, con carácter general, de los mismos derechos de consumo que las compras a empresas.
La factura, la confirmación del pedido y las condiciones de contratación permiten identificar al vendedor y acreditar las características del producto. Esta documentación adquiere especial utilidad cuando la empresa está establecida fuera de España y surge una controversia sobre la entrega, la devolución o la garantía.
Los intereses y las comisiones pueden anular el descuento
Las ofertas de financiación permiten aplazar el pago de las compras, pero el importe final puede superar el precio anunciado. Incluso los préstamos comercializados al 0% de interés pueden incluir comisiones u otros gastos.
El Banco de España recomienda consultar la tasa anual equivalente (TAE), que refleja el coste de la financiación conforme a las reglas de cálculo aplicables. El contrato también debe informar del importe total adeudado, las cuotas y las consecuencias de un retraso en los pagos.
Un artículo que pasa de 500 a 450 euros durante el Black Friday puede terminar costando 510 si el comprador paga 60 euros adicionales entre intereses y comisiones. En ese supuesto, la financiación absorbería el descuento y elevaría el desembolso por encima del precio anterior.
Con las tarjetas de pago aplazado o revolving, unas cuotas mensuales pequeñas pueden alargar considerablemente la devolución del crédito. Si buena parte de cada mensualidad se destina a pagar intereses, la deuda disminuye lentamente y el coste total aumenta.
Las pruebas necesarias para reclamar después del Black Friday
Las capturas de los precios anunciados, las condiciones de venta, la confirmación del pedido y la factura permiten acreditar qué ofreció el establecimiento y qué acabó pagando el comprador. Si el conflicto afecta a una devolución, también pueden resultar útiles los correos intercambiados con la tienda y el justificante del envío.
En las compras financiadas, el contrato de crédito y el calendario de pagos permiten comprobar los intereses, las comisiones y el importe total que debe abonarse.
Conservar el anuncio original resulta especialmente útil cuando se sospecha que el descuento era engañoso, ya que la publicidad puede desaparecer o modificarse una vez terminada la campaña. El historial de precios, junto con esa documentación, puede ayudar a las autoridades de consumo a comprobar si el comercio respetó la referencia legal de los 30 días.