La familia de Sandra Peña valora acudir a la vía civil tras el archivo penal pero con respaldo judicial a su versión

Los padres de Sandra Peña estudian acciones civiles contra el colegio tras el archivo penal, al respaldar la Audiencia su versión de acoso escolar.

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Pancartas durante la huelga general estudiantil en solidaridad con Sandra Peña , contra el bullying y los discursos de odio. María José López - Europa Press

Pancartas durante la huelga general estudiantil en solidaridad con Sandra Peña , contra el bullying y los discursos de odio. María José López - Europa Press

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Los progenitores de Sandra Peña, la adolescente que se quitó la vida tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, han anunciado que están analizando iniciar acciones por la vía civil contra el centro educativo con el objetivo de depurar posibles responsabilidades.

Este paso se plantearía después de la resolución de los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que, aunque confirma el archivo de la querella presentada por los padres contra los responsables del colegio Irlandesas Loreto al no apreciar delito, “da la razón” a la tesis defendida por la familia y concede “vía libre a la Junta de Andalucía” para imponer una sanción “ejemplar”.

Según la madre de la menor, Zara Villar, el auto judicial ratifica que Sandra padecía acoso escolar, que los episodios se producían dentro del propio centro, que el profesorado estaba al tanto de lo que ocurría y que las medidas adoptadas resultaron “ineficaces” por ser “inexistentes”, tal y como ha manifestado en el programa 'Hoy en día' de Canal Sur, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Villar ha recalcado que esta resolución deja “vía libre” a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para imponer una sanción al centro que la familia confía en que sea “nada menor que una sanción muy grave”. En este contexto, la madre ha reiterado su reconocimiento a la labor de la Inspección Educativa, a la que atribuye una “importantísima labor” al detectar “errores” cometidos por el colegio en el caso de Sandra.

Por este motivo, aunque insisten en que todavía están evaluando todas las alternativas y mantienen reuniones con los abogados de la familia, entienden que el razonamiento de la magistrada “da la razón” en “todo” lo que los padres han sostenido “desde hace ya prácticamente un año”, es decir, que los docentes “conocían lo que sucedía pero miraban para otro lado”. A partir de ahí, la familia ha expresado su propósito de valorar con detalle la opción de acudir a la jurisdicción civil.

“Hay muchas preguntas, y aún quedan muchas respuestas. Hay cosas que no se han investigado y, por tanto, aún hay muchas lagunas”, ha señalado Villar, que considera que aún quedan extremos por esclarecer a pesar del archivo penal.

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