La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, responsable de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero perdieron la vida 46 personas y resultaron heridas más de 120, ha convocado para este jueves a especialistas de Iryo y Renfe, además de técnicos de otras compañías y a los peritos judiciales. El objetivo es llevar a cabo en sede judicial la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos almacenados en los registradores jurídicos de ambos trenes, es decir, las cajas negras.
Según consta en la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha requerido al departamento de Informática que dote a los técnicos de los medios necesarios solicitados por Hasler Rail --fabricante de los equipos-- para la fecha señalada de la diligencia, a fin de garantizar que el volcado y análisis de la información pueda realizarse con las herramientas adecuadas.
En ese mismo documento, la magistrada precisa a Hasler Rail que el informe técnico que debe presentar dentro del plazo fijado, en su condición de fabricante de los registradores jurídicos --cajas negras-- y proveedor de las herramientas imprescindibles para el acceso, visualización y presentación de la información registrada, “deberá de ser un informe técnico descriptivo de las actuaciones realizadas durante la práctica de la diligencia y de los resultados obtenidos en el ámbito de sus competencias --asistencia en la carga y visualización de los registros, identificación y explicación técnica de las señales, configuración de vistas gráficas y cronología, comprobaciones propias del sistema de registro que resulten necesarias, etc.--”.
Asimismo, la jueza aclara al resto de técnicos que intervengan --con la excepción de los peritos judiciales-- en la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos de las cajas negras de los trenes Alvia e Iryo siniestrados, que su informe “deberá de alcanzar la interpretación del comportamiento global de cada tren, correlación funcional de sus distintos subsistemas, determinación de posibles causas y factores contribuyentes del accidente y demás extremos que puedan plantearse durante la práctica de la diligencia que recaigan en el ámbito de sus competencias de interpretación”, tal y como se recoge en una providencia de 6 de noviembre a la que también ha tenido acceso Europa Press.
Apertura inicial de las cajas negras en Madrid
Las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid ya acogieron el 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizara el 26 de febrero el acceso, extracción y análisis de su contenido, así como la obtención de los datos almacenados en las cámaras de seguridad situadas en el interior del tren Iryo.
En esa resolución, la jueza permitió utilizar cualquier aplicación informática que comprobara “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”. El volcado, extracción y examen de la información se desarrolló en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, “obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos”, conservando una copia para proseguir las pesquisas y remitiendo otra de forma inmediata al órgano judicial.
Finalmente se descartó trasladar las cajas negras y el resto del material hasta Montoro, con el fin de evitar los riesgos asociados a un eventual desplazamiento de los equipos de grabación a las dependencias judiciales de la localidad cordobesa, por lo que las operaciones técnicas se centralizaron en Madrid.
Contratación del software y asistencia de Hasler Rail
A mediados de mayo, la jueza remitió oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para que, “con carácter urgente”, el órgano administrativo competente adoptara las medidas necesarias que permitieran a este juzgado, “a la mayor brevedad posible”, disponer de las aplicaciones informáticas y del personal especializado de la empresa fabricante imprescindibles para descifrar las cajas negras de ambos trenes.
En dicha providencia, y ante “el estado de las actuaciones”, la magistrada reclamó acceso a los programas informáticos --'softwares'-- Multirec-SG y Husler-SG, correspondientes a los registradores jurídicos del tren Iryo y del Alvia, cuyas licencias de instalación y uso pertenecen a Hasler Rail. También solicitó “personal de la empresa fabricante que permita el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos, todo ello por estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción”.
A comienzos de junio, la Junta de Andalucía acordó autorizar un gasto de 1.980 euros más IVA para sufragar el coste de la pericia requerida por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, con el fin de dotar al juzgado de los medios técnicos necesarios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de la información contenida en los registradores jurídicos de los dos trenes siniestrados.
La resolución de la Secretaria General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba precisa que se trata de un 'software' cuya licencia de instalación y uso es propiedad de Hasler Rail, por lo que “pericia sólo puede realizarse por esta”.
El escrito añade que “el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes”.
En este contexto, el Gobierno andaluz solicitó presupuesto a Hasler Rail, que remitió una propuesta desglosada por un importe de 1.980 euros, IVA no incluido, para poder llevar a cabo la pericia y garantizar el examen técnico de las cajas negras.