El PSOE denuncia ante la Fiscalía una presunta operación para comprar declaraciones falsas de Koldo contra Sánchez

Si te refieres a la denuncia presentada por el PSOE por los supuestos ofrecimientos a Koldo García para declarar contra Pedro Sánchez y su entorno, a 13 de noviembre de 2026 está en una fase inicial: se ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, pero no consta públicamente la apertura formal de diligencias de investigación. Por tanto, todavía no puede hablarse de una investigación fiscal confirmada ni de conclusiones sobre los hechos denunciados. La novedad acreditada es la presentación del escrito, no una decisión de la Fiscalía sobre el fondo del asunto.

Qué se ha denunciado

La denuncia pide esclarecer una presunta operación para obtener declaraciones falsas de Koldo García contra Pedro Sánchez, Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero. Según las informaciones en las que se apoya el PSOE, se le habría ofrecido sufragar su defensa judicial, entregarle un millón de euros y facilitar una posible rebaja de pena. Esos ofrecimientos son el objeto de la denuncia, no hechos acreditados judicialmente. (Demócrata, 13 de noviembre)

El escrito se dirige contra el PP, el abogado Alberto Durán y la empresa editora vinculada al supuesto pago de la defensa; también solicita examinar la intervención de Eduardo Inda. Plantea posibles delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad documental o mercantil, cohecho, prevaricación y malversación. Se trata de las posibles infracciones señaladas por el denunciante, no de una calificación asumida por la Fiscalía. (El País, 13 de noviembre)

Qué actuaciones se han solicitado

Conviene distinguir las diligencias que pide el denunciante de las que acuerda el Ministerio Público. Entre las comprobaciones solicitadas figuran:

• Tomar declaración a Alberto Durán, Eduardo Inda, al representante legal del PP y a Koldo García.
• Requerir facturas y documentación contable sobre el pago de la defensa.
• Examinar las relaciones económicas entre el PP y la editora desde mayo de 2025, así como la información remitida al Tribunal de Cuentas.
• Analizar comunicaciones entre los implicados mediante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como UCO.

Estas peticiones aparecen recogidas en la información sobre la denuncia; no consta que la Fiscalía las haya acordado o ejecutado. (Europa Press, 13 de noviembre)

Qué falta por decidir

La Fiscalía debe valorar si procede archivar la denuncia, abrir diligencias propias para comprobar los hechos o trasladar el asunto a un juzgado si aprecia indicios suficientes. En las fuentes consultadas no consta una resolución que confirme alguna de esas decisiones, ni citaciones o requerimientos acordados como consecuencia de este escrito. Tampoco consta una atribución judicial de responsabilidad derivada de esta denuncia. (Confilegal, 13 de noviembre)

Una de las cuestiones pendientes de comprobación es el origen y la finalidad de los 242.000 euros que las informaciones citadas por el PSOE atribuyen a pagos de OKDIARIO. También se pide esclarecer los contactos entre el responsable jurídico del PP y la defensa de Koldo. Ni la existencia de contactos ni las informaciones sobre pagos acreditan por sí solas la supuesta compra de declaraciones. (Información de Demócrata)

En definitiva, la denuncia está presentada y pendiente de una decisión fiscal conocida públicamente. No debe confundirse lo que solicita el PSOE con actuaciones ya practicadas, ni la formulación de sospechas con la acreditación de un delito.

La Constitución española dedica varios preceptos a definir las funciones y competencias del presidente del Gobierno, principalmente en los artículos 97, 98 y en la regulación de la responsabilidad política del Gobierno ante las Cortes. A partir de ellos se puede dibujar un perfil bastante claro de su papel en el sistema político.

En primer lugar, el presidente del Gobierno es el jefe del poder ejecutivo. El artículo 97 establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Dentro de ese órgano colegiado, el presidente es quien dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros. Eso significa que fija las grandes prioridades, marca la línea política general y arbitra y resuelve los conflictos que puedan surgir entre ministerios.

En segundo lugar, el presidente tiene un papel central en la formación y composición del Gobierno. Según el artículo 98, es él quien propone al Rey el nombramiento y cese de los vicepresidentes y de los ministros. La Constitución no detalla cuántos vicepresidentes o ministros debe haber: deja esa decisión política en manos del presidente, que estructura su equipo como considere más adecuado para desarrollar su programa.

Asimismo, el presidente es el principal responsable político del Gobierno ante el Congreso. La Constitución diseña un sistema de responsabilidad parlamentaria que se articula sobre su figura:

• Es investido por el Congreso mediante una votación de confianza al inicio de la legislatura o tras una crisis de Gobierno.
• Puede plantear una cuestión de confianza para reforzar su respaldo parlamentario en momentos clave de la acción de gobierno.
• Puede ser destituido por el Congreso mediante una moción de censura, que necesariamente debe proponer a un candidato alternativo a la presidencia (moción de censura constructiva).

En todos estos mecanismos, aunque interviene el conjunto del Consejo de Ministros, es la persona del presidente la que se somete directamente al control de la Cámara.

Otra competencia esencial es la relación con el Jefe del Estado. El Rey nombra al presidente del Gobierno tras la investidura parlamentaria y, una vez nombrado, el presidente refrenda la mayoría de los actos del Rey en materia de Gobierno: por ejemplo, los nombramientos y ceses de ministros, la convocatoria de elecciones generales, la disolución de las Cámaras o la propuesta de nombramiento de ciertos altos cargos. El principio de refrendo implica que, políticamente, la responsabilidad de esos actos recae en el presidente y no en el monarca.

En el terreno institucional interno, al presidente le corresponde también:

• Convocar, presidir y fijar el orden del día del Consejo de Ministros, que es el órgano colegiado en el que se adoptan las decisiones más relevantes del Gobierno.
• Impulsar y aprobar, junto con el Consejo de Ministros, la presentación de proyectos de ley ante las Cortes Generales y la adopción de reales decretos-leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
• Firmar, junto con el ministro competente, los reales decretos y otras disposiciones del Gobierno que desarrollan y ejecutan las leyes.

En el ámbito de la política de defensa y seguridad, la Constitución atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero la dirección política de la defensa corresponde al Gobierno, y dentro de él al presidente. En la práctica, el presidente lidera las decisiones sobre estrategias de seguridad, misiones en el exterior y uso de las capacidades militares, siempre en el marco de las leyes y con el concurso del Congreso cuando este debe autorizar determinadas actuaciones.

También es clave el papel del presidente en los estados de alarma, excepción y sitio. Aunque la declaración formal corresponde al Gobierno y, en el caso del estado de sitio, al Congreso, es el presidente quien impulsa las decisiones, las presenta ante las Cortes y asume la responsabilidad política de esas medidas extraordinarias.

Por último, desde una perspectiva más amplia, el presidente es la principal figura de representación política del Estado en el plano gubernamental: encabeza la acción del Gobierno en el ámbito internacional, participa en los Consejos Europeos y en las cumbres con otros jefes de gobierno, y proyecta la posición de España en la Unión Europea y en las organizaciones internacionales, siempre sin perjuicio de la función representativa del Rey como Jefe del Estado.

En suma, la Constitución configura al presidente del Gobierno como el vértice del poder ejecutivo y el principal responsable de la orientación política del país, sometido de forma permanente al control del Congreso de los Diputados y obligado a mantener la confianza de la mayoría parlamentaria para seguir ejerciendo sus funciones.

El Partido Popular obtuvo 137 escaños en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, las últimas celebradas a la fecha de esta respuesta. Eso supuso 48 diputados más que en los comicios del 10 de noviembre de 2019, cuando había conseguido 89. Fue la candidatura más votada, aunque su representación quedó por debajo de los 176 escaños de la mayoría absoluta. (Resultados oficiales de 2023)

El resultado definitivo: 137 diputados

La cifra que debe utilizarse para responder a tu pregunta es 137. Es el resultado definitivo, no el recuento provisional que se difundió durante la noche electoral. Algunas informaciones del 23 de julio situaron inicialmente al PP en 136 escaños, pero, una vez completado el escrutinio y la asignación final, su representación ascendió a 137 diputados. Esta diferencia explica que todavía puedan encontrarse noticias de aquella jornada con una cifra distinta. (Balance de los resultados)

Por tanto, al comparar elecciones conviene utilizar el resultado definitivo de cada convocatoria. Tomar los 136 escaños iniciales del PP en 2023 llevaría a calcular una subida de 47 diputados; con los 137 definitivos, el aumento correcto respecto a noviembre de 2019 es de 48. No son dos resultados electorales distintos, sino una diferencia entre la información provisional y el reparto final. (Resultados de las generales)

La comparación con noviembre de 2019

El cambio en la representación del PP puede resumirse en estos tres datos:

• 10 de noviembre de 2019: consiguió 89 escaños en el Congreso. Esa es la convocatoria inmediatamente anterior que sirve de referencia para la comparación. (Resultados del Congreso en 2019)
• 23 de julio de 2023: obtuvo 137 escaños, una vez cerrado el resultado definitivo. (Publicación oficial del resultado)
• Variación: ganó 48 diputados, resultado de restar los 89 de noviembre de 2019 a los 137 de julio de 2023. En términos relativos, su número de escaños aumentó aproximadamente un 53,9 % respecto al resultado anterior. (Referencia electoral de 2019)

Ese 53,9 % describe el crecimiento de su representación parlamentaria, no su porcentaje de voto. Son medidas diferentes: una compara cuántos diputados obtuvo el partido en dos elecciones; la otra indica qué proporción de los votos recibió en una convocatoria concreta.

Qué significaron esos escaños

En julio de 2023, el PP recibió aproximadamente el 33,1 % de los votos. Ese dato acompaña al resultado parlamentario, pero no debe confundirse con los 137 escaños: el primero mide apoyo electoral y el segundo, representación en el Congreso. Demócrata recoge ese porcentaje al analizar los resultados del 23 de julio. (Análisis de Demócrata)

Aunque fue la candidatura más votada, sus 137 diputados no alcanzaron la mayoría absoluta, situada en 176 escaños. La diferencia era de 39 diputados. En consecuencia, ser la fuerza más votada y disponer de mayoría absoluta no fueron, en este caso, lo mismo: el PP obtuvo el primer resultado electoral, pero no alcanzó por sí solo ese umbral parlamentario. (Cobertura de los resultados)

En definitiva, la respuesta es: 137 escaños en 2023, frente a 89 en noviembre de 2019; una ganancia de 48 diputados.