El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma inmediata el derecho al voto de los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la denominada "ley de nietos", una decisión que evita, por el momento, ampliar las restricciones electorales acordadas previamente para más de 163.000 ciudadanos españoles residentes en el extranjero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha descartado adoptar la medida por la vía de urgencia y sin escuchar a las partes, como había solicitado Iustitia Europa, aunque ha abierto un trámite de alegaciones para determinar si procede extender las medidas cautelares antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La decisión se produce en medio de la controversia jurídica sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permitió acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles emigrados o exiliados. El Supremo ya había acordado en septiembre suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), una medida que confirmó el pasado 12 de octubre. Ahora, Vox e Iustitia Europa pretenden ampliar esa restricción a los hijos de los afectados, al considerar que su acceso a la nacionalidad deriva del reconocimiento previo de la nacionalidad de sus progenitores.
El Supremo rechaza la suspensión inmediata, pero mantiene abierto el procedimiento
La controversia se centra en los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española mediante el apartado 1.b de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocido administrativamente como Anexo III. Este supuesto permite acceder a la nacionalidad a los hijos mayores de edad de personas que previamente obtuvieron la condición de españoles al amparo de la legislación de memoria histórica.
Iustitia Europa solicitó al Supremo que extendiera a estos descendientes la suspensión cautelar del derecho al voto que ya afecta a determinados nacionalizados inscritos en el censo exterior. La formación reclamó que la medida se adoptara de manera urgente, sin necesidad de escuchar previamente a las demás partes personadas.
Sin embargo, los magistrados rechazaron aplicar la suspensión por ese procedimiento excepcional y decidieron abrir un plazo de tres días para que las partes presentaran sus alegaciones. El tribunal también habilitó sábados, domingos y festivos durante noviembre para agilizar la tramitación, dada la proximidad de los comicios.
Esta decisión no supone una resolución definitiva sobre la ampliación de las restricciones. El rechazo afecta a la adopción inmediata de las medidas cautelarísimas, mientras que la petición de extender la suspensión mediante el procedimiento ordinario de medidas cautelares quedó pendiente de una nueva decisión.
Casi 190.000 nacionalizados podrían verse afectados por la ampliación
La petición de Vox e Iustitia Europa afecta a un colectivo potencialmente numeroso. Según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y recogidos en el procedimiento, 189.678 personas figuran inscritas en el censo exterior tras acceder a la nacionalidad mediante el supuesto contemplado en el Anexo III.
No obstante, esta cifra no corresponde exclusivamente a los hijos de personas nacionalizadas por la ley de 2022. También incluye a descendientes de quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Histórica de 2007, cuyos expedientes no forman parte de la controversia original examinada por el Supremo.
Esta diferencia ha sido uno de los principales argumentos de la Abogacía del Estado para oponerse a una nueva suspensión. Los servicios jurídicos del Gobierno sostienen que no existe una relación nominal completa que permita identificar inmediatamente a los descendientes afectados y vincular cada expediente con la vía concreta por la que sus progenitores consiguieron la nacionalidad española.
Por este motivo, el Ejecutivo considera que extender las restricciones a todo el colectivo podría afectar a personas cuya situación jurídica no guarda relación con los expedientes cuestionados inicialmente.
La Abogacía del Estado advierte de que la medida podría afectar al escrutinio del 29N
El Gobierno se ha opuesto a la petición de Vox e Iustitia Europa al considerar que una nueva suspensión masiva introduciría importantes dificultades jurídicas y administrativas a pocas semanas de las elecciones.
En sus alegaciones, la Abogacía del Estado advierte de que la medida podría generar "inseguridad" para los ciudadanos afectados y para el propio desarrollo del proceso electoral. Los servicios jurídicos consideran que exigir una nueva revisión de decenas de miles de expedientes en un plazo tan reducido resultaría materialmente complicado y podría interferir en los procedimientos de votación y recuento.
La Administración recuerda que la identificación de los primeros nacionalizados afectados por las medidas cautelares requirió un trabajo prolongado de los consulados españoles. Repetir esa revisión sobre un colectivo todavía mayor, mientras ya está en marcha el calendario electoral, plantearía nuevas dificultades.
Además, el Ejecutivo sostiene que no existe una sentencia firme que haya declarado irregular la nacionalidad de los ciudadanos afectados, por lo que cuestiona que puedan extenderse automáticamente a sus descendientes las restricciones sobre el ejercicio del sufragio.
Frente a estos argumentos, Vox defiende que los hijos cuya nacionalidad derive de progenitores sometidos a suspensión cautelar deberían quedar sujetos al mismo régimen hasta que se comprobara su situación. Iustitia Europa también ha planteado que los votos puedan recibirse y conservarse separados, sin incorporarlos al escrutinio hasta completar las verificaciones.
Qué ocurre con los más de 163.000 españoles que ya tienen suspendido el voto
La decisión sobre los hijos de los nacionalizados debe distinguirse de las medidas cautelares que el Tribunal Supremo ya ha adoptado respecto a sus progenitores.
El pasado 12 de octubre, el Alto Tribunal confirmó la suspensión de los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA realizadas al amparo de la "ley de nietos", al considerar necesario comprobar que cumplían los requisitos exigidos para acceder a la nacionalidad mediante esa vía.
El Gobierno entregó posteriormente una relación de 163.355 personas afectadas por la medida, de las cuales los consulados habían certificado inicialmente que 901 cumplían los requisitos documentales exigidos por el tribunal para quedar exceptuadas de la suspensión.
La decisión judicial establece que pueden conservar el derecho al voto aquellos ciudadanos que acrediten documentalmente ser descendientes de españoles que sufrieron exilio en las circunstancias previstas por la Ley de Memoria Democrática, sin recurrir únicamente a la presunción de exilio recogida en la instrucción administrativa de 2022.
Es importante señalar que la suspensión afecta a los efectos electorales de determinadas inscripciones y no supone la retirada automática de la nacionalidad española. Las personas afectadas continúan siendo ciudadanos españoles, aunque su participación en las elecciones queda condicionada por las medidas cautelares y las excepciones establecidas judicialmente.
Los nacionalizados por la "ley de nietos" que viven en España mantienen el voto
El Tribunal Supremo también ha rechazado ampliar las restricciones a los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática que actualmente residen en España y están inscritos en el Censo Electoral de Residentes (CER), así como a sus hijos.
En este supuesto, los magistrados consideran que la petición queda fuera del objeto del procedimiento judicial, centrado en las inscripciones del censo de españoles residentes en el extranjero.
La diferencia es relevante porque dos ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante una vía similar pueden encontrarse en situaciones electorales distintas dependiendo de su inscripción censal. Mientras que determinados residentes en el extranjero están afectados por la suspensión cautelar, quienes figuran en el censo de residentes en España no quedan incluidos en esa misma medida.
Ante esta decisión, Iustitia Europa ha acudido también a la Junta Electoral Central para solicitar que se examine la situación de las inscripciones correspondientes a los nacionalizados residentes en territorio español.
Qué es la "ley de nietos" y por qué ha llegado al Tribunal Supremo
La denominada "ley de nietos" forma parte de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, y establece mecanismos para que determinados descendientes de españoles puedan acceder a la nacionalidad de origen.
Entre sus beneficiarios se encuentran hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio. La legislación también contempla otros supuestos relacionados con la transmisión de la nacionalidad a descendientes de personas que pudieron recuperarla mediante las normas de memoria histórica.
El conflicto judicial surgió por la interpretación y aplicación de estas disposiciones, especialmente después de que una instrucción del Ministerio de Justicia estableciera una presunción de exilio para quienes abandonaron España entre 1936 y 1955.
Vox e Iustitia Europa cuestionaron ante la Justicia las consecuencias electorales de esa interpretación, al considerar que podía permitir la incorporación al censo exterior de personas sin la documentación individual necesaria para acreditar determinados requisitos.
Por su parte, el Gobierno defiende la legalidad de las nacionalizaciones y sostiene que el reconocimiento de la nacionalidad española debe llevar aparejado el ejercicio de los derechos correspondientes, incluido el sufragio, salvo que exista una causa legal que permita limitarlo.
El debate permanece abierto a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con una suspensión cautelar ya vigente para parte de los nacionalizados residentes en el extranjero y un procedimiento adicional sobre la situación electoral de sus hijos. La resolución definitiva sobre esta ampliación será determinante para conocer si las restricciones afectan a nuevos colectivos antes de la votación.