Barcelona se prepara para convertirse en una de las primeras ciudades en aplicar las medidas fiscales del 'decreto Maricarmen', aprobado esta semana por el Gobierno. La Comisión de Economía del Ayuntamiento ha dado luz verde este viernes a un recargo de entre el 50% y el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los pisos turísticos, en función del número de viviendas destinadas a esta actividad que posea cada propietario.
La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PSC, ERC y Barcelona en Comú, la abstención de Junts y el rechazo de PP y Vox. Su aprobación todavía no es definitiva, ya que deberá incorporarse a las ordenanzas fiscales municipales y superar un pleno extraordinario previsto para la próxima semana, antes de su ratificación en diciembre.
La medida se ampara en uno de los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, que modifica la Ley de Haciendas Locales para permitir que los ayuntamientos situados en zonas de mercado residencial tensionado establezcan recargos sobre los inmuebles destinados al alquiler turístico. La norma estatal sigue pendiente de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso, después de que el Ejecutivo decidiera recuperar los decretos rechazados antes de la disolución de las Cortes.
Tres tramos de recargo según el número de pisos turísticos
La propuesta municipal establece tres niveles de tributación, con una carga fiscal creciente para los propietarios que concentran un mayor número de alojamientos turísticos.
- Un piso turístico: recargo del 50% sobre la cuota líquida del IBI.
- Dos o tres pisos turísticos: recargo del 100%.
- Cuatro o más pisos turísticos: recargo del 150%.
De acuerdo con el calendario previsto por el Ayuntamiento, si la modificación recibe la aprobación definitiva, el primer devengo del recargo se producirá el 31 de diciembre de 2027, con una liquidación de carácter anual.
La aplicación de estos porcentajes permitiría incrementar la tributación de los inmuebles utilizados como alojamientos turísticos, especialmente en el caso de los grandes propietarios. No obstante, su puesta en marcha dependerá tanto de la aprobación de las ordenanzas municipales como de la continuidad del marco legal estatal que habilita estos recargos.
Casi el 60% de los pisos turísticos pertenece a grandes propietarios
Barcelona cuenta actualmente con 10.627 licencias de viviendas de uso turístico activas, según los datos del Ayuntamiento. La distribución de estas licencias muestra que una parte mayoritaria corresponde a propietarios que disponen de al menos cuatro inmuebles destinados a esta actividad.
En concreto, 6.077 viviendas, cerca del 60% del total, pertenecen a titulares de cuatro o más pisos turísticos y quedarían sujetas al tramo máximo del recargo. Otras 3.274 licencias, aproximadamente el 30%, corresponden a propietarios de una única vivienda turística, mientras que las 1.276 restantes están en manos de quienes poseen dos o tres.
La patronal Apartur calcula que los aproximadamente 10.000 pisos turísticos de Barcelona pertenecen a unos 5.000 propietarios. Según sus datos, existe una importante diversidad entre los titulares, desde particulares con una o dos viviendas hasta propietarios y sociedades que concentran decenas de apartamentos.
Entre ellos figuran 131 propietarios con entre 10 y 19 viviendas turísticas, además de titulares que llegan a acumular hasta 245 inmuebles. También existen empresarios hoteleros que poseen 46 edificios completos destinados a esta actividad, con un total de 735 viviendas.
Barcelona mantiene su objetivo de eliminar los pisos turísticos en 2028
El nuevo recargo fiscal se suma a la estrategia del Gobierno municipal de Jaume Collboni para eliminar los pisos turísticos de Barcelona a finales de 2028. El alcalde anunció en 2024 su intención de no renovar las licencias de estos alojamientos, con el objetivo de que las viviendas puedan regresar al mercado residencial.
La decisión se apoya en un decreto de la Generalitat que obliga a los municipios catalanes afectados a adaptar su planificación urbanística y determinar cuántas viviendas turísticas permiten en su territorio antes de finalizar 2028. En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento ha optado por no habilitar nuevas autorizaciones que permitan mantener esta actividad.
De esta forma, el recargo del IBI tendría un carácter transitorio dentro de la política municipal, puesto que su aplicación comenzaría a finales de 2027 y el Consistorio mantiene el propósito de extinguir las licencias turísticas al término de 2028.