Adif ha salido al paso de la polémica por los incentivos económicos a sus directivos después de aprobar un nuevo convenio de financiación para el periodo 2026-2030, en plena crisis del sistema ferroviario español tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado 115 víctimas mortales en menos de un año. El gestor público de infraestructuras ferroviarias niega que haya aprobado nuevas bonificaciones para su cúpula y sostiene que los pagos vinculados al cumplimiento de objetivos forman parte de un mecanismo retributivo vigente desde 2012, que actualmente afecta a más de un tercio de sus trabajadores.
La controversia surge después de que El Mundo informara de la renovación del Plan de Incentivos a la Dirección en los convenios aprobados el pasado 4 de noviembre, apenas unas horas antes de que el entonces presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, abandonara el cargo. La compañía ha respondido mediante un comunicado en el que rechaza las informaciones sobre un supuesto blindaje de las primas y asegura que el acuerdo no introduce un sistema nuevo, sino que mantiene el existente.
Sin embargo, la documentación económica del convenio incorpora un dato relevante: entre 2021 y 2025, el grado de cumplimiento de objetivos reconocido por Adif para determinar estos incentivos osciló entre el 98,4% y el 100%, según la información publicada por El Mundo. En los ejercicios de 2024 y 2025, el porcentaje alcanzó el 100%, una circunstancia que contrasta con el deterioro de distintos indicadores del servicio ferroviario y que ha reabierto el debate sobre cómo se evalúa la gestión de la empresa pública.
Adif niega nuevos bonus y asegura que los incentivos afectan a un tercio de su plantilla
En un comunicado difundido tras la publicación de las informaciones, Adif y Adif Alta Velocidad han rechazado que sus consejos de administración aprobaran un nuevo bonus específico para la dirección. Ambas entidades sostienen que las noticias sobre un supuesto blindaje de estas retribuciones ofrecen una visión "sesgada e incompleta" del acuerdo.
Según explica la compañía, los consejos de administración del 4 de noviembre tenían como único punto del orden del día la aprobación de los convenios con la Administración General del Estado para garantizar la sostenibilidad económica de la red ferroviaria durante el periodo 2026-2030. Estos acuerdos, cuya tramitación había comenzado meses antes, contemplan unos 19.000 millones de euros destinados principalmente a conservación y mantenimiento de infraestructuras.
El gestor ferroviario reconoce, no obstante, que los convenios incluyen objetivos empresariales vinculados a la remuneración de parte de sus trabajadores. En concreto, 5.216 empleados de Adif y Adif Alta Velocidad, de una plantilla conjunta cercana a las 14.000 personas, perciben una parte variable de su salario en función del grado de cumplimiento de objetivos.
La empresa precisa que este sistema no afecta exclusivamente a los máximos responsables, sino también a la alta dirección, la estructura directiva, el personal de apoyo y los mandos intermedios. Asimismo, insiste en que las retribuciones variables se aplican desde 2012 y ya estaban contempladas en el convenio correspondiente al periodo 2021-2025.
La explicación de Adif introduce una distinción importante: la continuidad de un sistema de incentivos no implica necesariamente la aprobación de una gratificación extraordinaria. Sin embargo, tampoco elimina el hecho de que el nuevo convenio mantenga la posibilidad de cobrar retribuciones adicionales vinculadas al cumplimiento de los objetivos empresariales.
El cumplimiento de objetivos alcanzó el 100% en 2024 y 2025
Uno de los aspectos que ha suscitado más críticas es la evaluación de los objetivos durante los últimos ejercicios. Según la memoria económica del convenio citada por El Mundo, Adif reconoció un cumplimiento de entre el 98,4% y el 100% durante el periodo 2021-2025, con una valoración máxima en los dos últimos años.
Estos resultados se producen en un contexto de creciente preocupación por la calidad del servicio ferroviario, los retrasos y las incidencias en la red. Durante ese periodo, el Ministerio de Transportes ya había realizado cambios en la presidencia de Adif y reconocido problemas relacionados con la imagen y el funcionamiento de la alta velocidad.
El contraste entre las evaluaciones internas y la evolución del servicio plantea interrogantes sobre qué indicadores se utilizan para determinar los incentivos y hasta qué punto reflejan la experiencia de los pasajeros, el estado de las infraestructuras y la fiabilidad de la red.
No obstante, el cumplimiento de un objetivo empresarial no significa necesariamente que todos los indicadores de calidad o seguridad hayan mejorado. Los planes de retribución variable pueden incluir criterios económicos, de inversión y de ejecución presupuestaria que no coincidan directamente con la puntualidad de los trenes o la satisfacción de los usuarios.
Precisamente por esta razón, la controversia se centra tanto en la existencia de los incentivos como en la forma de medir su cumplimiento y en las consecuencias que tiene no alcanzar los resultados previstos.
Los incentivos se renovaron tras los accidentes de Adamuz y Urda
La aprobación de los convenios tuvo lugar en un momento especialmente delicado para el sistema ferroviario español. El accidente de Adamuz, ocurrido en enero de 2026, dejó 46 fallecidos, mientras que la colisión de trenes registrada en Urda el pasado 28 de octubre provocó otras 69 muertes, elevando a 115 el balance conjunto de ambas tragedias.
Tras el accidente de Urda, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció su dimisión el 3 de noviembredurante una comparecencia parlamentaria. Un día después, los consejos de administración de Adif y Adif Alta Velocidad aprobaron los nuevos convenios de financiación.
La reunión estuvo presidida por Luis Pedro Marco de la Peña, cuya continuidad al frente del gestor ferroviario había quedado cuestionada tras los siniestros. Posteriormente, Marco de la Peña presentó su dimisión al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, que aceptó su salida.
Adif ha subrayado que los consejos habían sido convocados el 30 de octubre, antes de la dimisión de Puente, y que la aprobación de los convenios respondía a una obligación prevista en la Ley del Sector Ferroviario. La compañía rechaza así que las reuniones se organizaran específicamente para garantizar bonificaciones a los directivos antes del relevo en su presidencia.
El contexto ha trasladado el debate al ámbito político. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la devolución de las gratificaciones percibidas por los directivos y ha cuestionado que se mantengan incentivos económicos después de dos accidentes de tanta gravedad. Adif, por su parte, sostiene que se está confundiendo un mecanismo salarial ordinario con la aprobación de premios extraordinarios.