El Defensor del Pueblo Andaluz ha hecho pública una resolución en la que comunica el archivo de la queja de oficio iniciada en diciembre de 2022 y desarrollada durante 2023. Esta actuación se dirigía a la ya desaparecida Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, después de “tener conocimiento de diferentes incumplimientos que se venían produciendo respecto a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática” en ayuntamientos con más de 20.000 habitantes.
Entre esos posibles incumplimientos figuraban varios centros educativos cuya denominación “pudiera ser contraria a la memoria histórica y democrática de Andalucía”. En este listado se incluían el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Miguel Sánchez López, en Torredelcampo (Jaén); el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Augusto Santiago Bellido, en Vélez Málaga (Málaga); el IES Tolosa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), así como los CEIP Coca de la Piñera y Alfonso de Orleans, en Utrera (Sevilla).
Según detalla la resolución, el 18 de mayo de 2026 la institución del Defensor recibió un informe de la Comisionada para la Concordia en el que se indica, transcurridos tres años y medio, que “se está recabando la ampliación del contenido de su solicitud, añadiendo a la misma las razones fundadas por las que se considere que dichas denominaciones pudieran ser contrarias a la memoria democrática”.
El documento de la Comisionada también precisa que “del mismo modo --recoge el Defensor de la Comisionada-- en el caso de que los centros educativos lleven nombre de persona, se está estudiando información sobre la biografía de dicha persona para conocer si la misma tuvo vinculación con el mundo educativo que pudiera haber motivado la denominación del centro educativo con su nombre”.
Ante esta contestación, que llega tras más de tres años desde la apertura de la queja, la oficina del Defensor reprocha que “este trabajo previo por parte de la Comisionada para la Concordia podía ya haberse realizado a lo largo del año 2023 y estar ya concluido, y no dejar transcurrir estos tres años a que se constituyera el comité técnico”.
En su resolución, el Defensor sostiene que, “agotada la tramitación del presente expediente incoado en 2023, damos por concluidas las actuaciones sin perjuicio de que en el plazo de tres meses procedamos a realizar un seguimiento del cumplimiento de las medidas acordadas”.
En la queja de oficio abierta en 2022, la Defensoría había solicitado “conocer la relación de centros educativos de cada provincia cuya denominación se puede considerar contraria a las leyes de memoria democrática; si en caso de duda sobre alguna denominación se han dirigido al comité técnico para resolver estos expedientes y en ese caso la relación de los mismos y la respuesta dada; y las actuaciones que se han realizado para abordar el cambio de denominación y el estado de tramitación de las mismas”.