Interior ha estimado unas 72.000 entradas y más de 70.000 retornos, aunque los diferentes balances no permiten cerrar todavía una cifra única de personas que permanecen en la ciudad. Las encuestas electorales aún no permiten atribuir a Ceuta un vuelco específico del voto, pero los sondeos sobre la crisis sí muestran un fuerte rechazo a su gestión y una extendida sospecha sobre el papel de Marruecos.
La crisis de Ceuta comenzó a tomar forma pública el 27 de julio de 2026. Ese día, Juan Jesús Vivas trasladó al Gobierno central su preocupación por el aumento de las entradas a nado, la presión que empezaba a soportar la ciudad y las convocatorias que circulaban en redes sociales.
Tres días después, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos. El dispositivo fronterizo quedó desbordado, el Gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas, comenzaron retornos masivos y Ceuta tuvo que improvisar alojamientos, atención sanitaria y recursos para menores.
La frontera logró contenerse, pero la crisis no terminó allí. En agosto llegaron las discrepancias sobre los avisos previos del CNI, el deterioro de la convivencia, grandes movilizaciones ciudadanas, disturbios, tensiones diplomáticas con Marruecos, un cambio en la estructura de mando del Gobierno y, finalmente, la petición de más ayuda a la Unión Europea.
La reconstrucción deja tres niveles diferentes. Hay hechos y decisiones acreditados oficialmente. Hay versiones distintas dentro del propio Estado sobre la información previa al 30 de julio. Y existen revelaciones periodísticas basadas en fuentes anónimas que todavía carecen de confirmación documental independiente.
Antes de la crisis: la sentencia del Supremo que circuló deformada en redes
Un antecedente imprescindible se produjo el 29 de junio. El Tribunal Supremo estableció que el mecanismo especial de rechazo en frontera previsto para Ceuta y Melilla no podía aplicarse de manera automática a quienes fueran interceptados en el mar antes de superar los elementos físicos fronterizos.
La sentencia no legalizó las entradas a nado, no reconoció un derecho automático a permanecer en España y tampoco prohibió las devoluciones. Determinó que en esos supuestos debía tramitarse el procedimiento ordinario, con identificación y garantías individualizadas.
Durante las semanas siguientes circularon en Marruecos interpretaciones falsas que presentaban el fallo como una supuesta imposibilidad española de devolver a quienes consiguieran alcanzar Ceuta. Rabat atribuiría después parte de la movilización a esa desinformación y a las redes de tráfico.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también sostuvo durante sus explicaciones parlamentarias que la resolución judicial había sido manipulada y amplificada mediante mensajes falsos. Eso no permite concluir que la sentencia causara la entrada masiva, pero sí forma parte del ecosistema informativo previo al 30 de julio.
27 de julio: Vivas alerta al Gobierno
Está confirmado que Vivas contactó el 27 de julio con responsables del Gobierno central y trasladó su preocupación por el incremento de las entradas. El presidente ceutí pediría después refuerzos, coordinación y una respuesta extraordinaria ante lo que consideraba un riesgo creciente.
La alarma tenía una base observable. En los días anteriores se habían multiplicado los cruces a nado y Vivas situaría posteriormente en alrededor de 1.500 las llegadas acumuladas durante la última semana.
Lo que todavía no está plenamente acreditado es cómo se desarrollaron todos los contactos de aquel día.
El Independiente publica hoy que se celebró una reunión telemática en la que participaron Vivas, el Gabinete de Presidencia y representantes de Interior y del CNI. Según el periódico, desde Presidencia se habría restado importancia a la alerta con el argumento de que ese tipo de movimientos se producía todos los veranos y de que las relaciones con Marruecos eran buenas.
No se han hecho públicas actas, grabaciones o comunicaciones internas que permitan confirmar de manera independiente todos los participantes y el contenido exacto de aquella conversación.
Margarita Robles sí se refirió posteriormente a contactos mantenidos el 27 de julio y al análisis de mensajes que circulaban por redes. Eso acredita que la situación estaba siendo observada antes del 30, pero no resuelve qué información recibió exactamente cada organismo ni cómo la valoró.
29 de julio: las señales se multiplican y aparece el aviso del CNI
El día anterior a la entrada masiva, la presión ya resultaba evidente.
Más de 1.500 personas habían llegado a nado durante la última semana. Unas 400 permanecían alrededor del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que albergaba a más de 700 personas pese a disponer de 512 plazas. En una sola noche fueron rescatadas otras 119.
La presión sobre el sistema de menores también crecía rápidamente. Ceuta había pasado en pocos días de atender a poco más de 400 a encontrarse cerca de los 700.
Semanas después, Robles aseguró en el Congreso que los agentes del CNI en Ceuta habían detectado el 29 de julio una convocatoria en redes para intentar una entrada al día siguiente y que esa información fue comunicada verbalmente.
Interior y la Delegación del Gobierno han matizado esa versión. Su posición es que no existió un informe que permitiera anticipar una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.
Las afirmaciones no son necesariamente incompatibles. Una cosa es conocer la existencia de movimientos y convocatorias y otra disponer de información capaz de pronosticar que decenas de miles de personas iban a alcanzar la frontera simultáneamente.
Ese matiz acabaría convirtiéndose semanas más tarde en una de las principales controversias políticas de la crisis.
30 de julio: la entrada masiva desborda Ceuta
El 30 de julio comenzó la entrada masiva desde Marruecos. Miles de personas alcanzaron Ceuta por mar y por los espigones mientras Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo y servicios de emergencia trataban de rescatar a quienes se encontraban en el agua y contener nuevas llegadas.
Los primeros recuentos fueron necesariamente provisionales. Con el paso de los días, Interior elevó su estimación hasta aproximadamente 72.000 entradas.
El número equivalía a una proporción extraordinaria respecto a una ciudad cuya población estable ronda los 85.000 habitantes.
Las instalaciones de acogida quedaron desbordadas. Decenas de miles de personas regresaron rápidamente a Marruecos, mientras otras permanecieron en playas, calles, instalaciones improvisadas o comenzaron los procedimientos de identificación.
La entrada provocó también fallecimientos en el mar. Los distintos balances publicados durante agosto no utilizan el mismo perímetro territorial ni la misma metodología, por lo que no existe todavía una cifra única y definitivamente conciliada, aunque posiblemente supere el centenar de víctimas.
31 de julio: Sánchez viaja a Ceuta y entra el Ejército
Pedro Sánchez viajó a Ceuta el 31 de julio junto a Fernando Grande-Marlaska.
El Ejecutivo movilizó a las Fuerzas Armadas, reforzó a Policía Nacional y Guardia Civil, aceleró los procedimientos de retorno y comenzó a instalar nuevos elementos físicos de vigilancia y contención en la frontera. El Gobierno anunció también la instalación de una barrera flotante de aproximadamente 500 metros.
Durante las siguientes horas descendieron de forma drástica las entradas y decenas de miles de personas regresaron a Marruecos.
La rapidez de los retornos provocó advertencias de organizaciones como Amnistía Internacional, que reclamaron identificación individual, acceso efectivo al asilo y garantías frente a posibles devoluciones colectivas.
La dimensión europea apareció casi inmediatamente. Italia reforzó sus controles fronterizos ante el temor de movimientos secundarios desde España, una decisión criticada por Sánchez.
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2 y 3 de agosto: Marruecos construye su explicación
Marruecos ofreció sus primeras explicaciones oficiales.
Rabat atribuyó la movilización a redes de tráfico, mensajes difundidos en redes sociales y una lectura falsa de la sentencia del Supremo. Negó haber levantado deliberadamente sus controles.
Un responsable marroquí afirmó a Reuters que alrededor de 24.000 agentes estaban desplegados en el norte del país y reprochó a España no haber anticipado las consecuencias de la sentencia judicial.
No existen hasta el momento pruebas públicas concluyentes que permitan afirmar que el Estado marroquí organizó directamente la movilización. Tampoco existe una reconstrucción pública independiente que permita determinar con precisión qué ocurrió en el dispositivo marroquí durante las horas inmediatamente anteriores al cruce.
Esa ausencia de una respuesta definitiva alimentará durante todo agosto una creciente distancia entre la versión del Gobierno español y una parte importante de la opinión pública.
4 de agosto: Interior eleva el balance a 72.000 entradas
Interior situó en unas 72.000 las personas que habían entrado y aseguró que más de 70.000 habían regresado ya a Marruecos.
Son estimaciones operativas, no un censo nominal cerrado. Durante las primeras horas se mezclaron cruces simultáneos, retornos rápidos, identificaciones incompletas y posibles entradas repetidas.
Ese mismo día, los ministros de Interior de la Unión Europea celebraron una reunión extraordinaria.
Los socios europeos reclamaron reforzar la lucha contra las redes de tráfico, mejorar los sistemas de alerta temprana y vigilar las plataformas digitales utilizadas para organizar movimientos masivos.
Bruselas ofreció también la posibilidad de ampliar la actuación de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo.
6 de agosto: la crisis llega a Bruselas
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebró una reunión extraordinaria sobre Ceuta.
Participaron representantes del Gobierno español, de la Comisión Europea y Juan Jesús Vivas.
La crisis dejaba así de ser únicamente un problema español: Ceuta forma parte de la frontera exterior de la Unión y cualquier alteración de esa frontera afecta al sistema europeo de migración, asilo y libre circulación.
9 de agosto: más de 10.000 ceutíes salen a la calle
El primer gran termómetro social llegó el 9 de agosto. Miles de personas llenaron la plaza de la Constitución en una concentración convocada por representantes de las comunidades cristiana, musulmana, judía e hindú y por asociaciones vecinales.
La organización elevó la asistencia por encima de 10.000 personas y Europa Press habló de más de 15.000; la Policía Nacional la situó algo por encima de 5.000. Pese a la diferencias, es una de las mayores movilizaciones recientes de la ciudad.
La concentración nació con un mensaje transversal de unidad y exigencia de respuestas a España y a Europa. Pero también aparecieron las primeras señales del deterioro político. Una parte de los asistentes impidió guardar un minuto de silencio por los fallecidos y posteriormente algunos manifestantes marcharon hacia la Delegación del Gobierno entre gritos de apoyo a Vivas y peticiones de dimisión de Sánchez.
Todavía no había violencia generalizada. Sí empezaba a aparecer un malestar ciudadano que acabaría desplazándose desde la exigencia institucional hacia el rechazo a determinadas instalaciones de acogida.
10 de agosto: 1.342 menores y 25 millones de euros
El Gobierno comunicó que se habían registrado 1.342 niños y adolescentes llegados durante la crisis.
Juventud e Infancia anunció una dotación extraordinaria de 25 millones de euros y abrió el proceso para buscar soluciones individualizadas y posibles traslados.
El reto había cambiado. Frenar la entrada era solo la primera fase. Quedaban miles de expedientes de extranjería, solicitudes de protección internacional, determinaciones de edad, menores bajo tutela y personas sin alojamiento estable.
13 de agosto: unas 5.000 personas permanecen en Ceuta
Interior calculó que alrededor de 5.000 personas continuaban todavía en la ciudad. Ya se habían identificado 1.898 menores y se habían comenzado a resolver centenares de solicitudes de protección internacional.
La cifra de 5.000 planteaba un problema estadístico evidente frente a las 72.000 entradas y más de 70.000 retornos anunciados anteriormente.
14 de agosto: el rechazo vecinal llega a los centros de acogida
La tensión empezó a localizarse en los barrios. En Otero, vecinos y familias de militares mostraron su rechazo a la posibilidad de utilizar un almacén militar en desuso para alojar a migrantes. La presión terminó enfriando ese emplazamiento mientras las administraciones buscaban alternativas.
Era un cambio importante respecto al 9 de agosto: la protesta ya no se dirigía únicamente contra la gestión general de la crisis. Empezaba a aparecer una oposición concreta a que los dispositivos temporales se instalaran junto a determinadas zonas residenciales.
15 de agosto: Marruecos impide una segunda entrada
Una nueva convocatoria en redes sociales puso otra vez a Ceuta en alerta. Las autoridades marroquíes reforzaron la vigilancia alrededor de Castillejos y bloquearon a grupos que trataban de aproximarse a la frontera. No se repitió la entrada masiva.
Este movimiento supone un balón de oxígeno a corto plazo para el Gobierno de Pedro Sánchez, porque el dispositivo permitió comprobar el peso que tenía la cooperación del país vecino para impedir que grandes concentraciones alcanzaran la línea fronteriza. Con todo, aquí también hubo problemas: Marruecos expulsó a los periodistas de RTVE y Efe que cubrían el despliegue.
16 y 17 de agosto: la crisis pasa de la frontera a la gestión cotidiana
La presión sanitaria acumulaba miles de asistencias. El Estado fue habilitando instalaciones temporales y Cruz Roja asumió una parte creciente de la alimentación, la atención básica y el alojamiento.
El problema empezaba a adquirir otra forma. La frontera estaba contenida, pero miles de personas continuaban en la ciudad y la solución dependía ahora de procedimientos administrativos que no podían ejecutarse de forma colectiva.
18 de agosto: comienza el apagón digital de Sánchez
El 18 de agosto aparece otro indicador, esta vez político y comunicativo.
Ese día Pedro Sánchez publicó su último mensaje propio en X hasta el cierre de esta cronología. Estaba dedicado al 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca. Desde entonces hasta ahora, nada. En un momento en el que, además, crece la presión dentro de su propio partido por la gestión de la crisis migratoria.
El silencio destacó porque coincidió con una fase en la que la crisis seguía ocupando la agenda pública y el Gobierno continuaba tomando decisiones.
19 de agosto: Feijóo lleva la batalla política a Ceuta
Alberto Núñez Feijóo viajó a la ciudad y presentó una batería de medidas, por segunda vez desde que empezara la crisis.
El PP reclamó refuerzos permanentes en la frontera, cambios legales, más recursos policiales, sanitarios y tecnológicos y una consideración más dura del papel de Marruecos.
La oposición comenzó a utilizar la expresión responsabilidad "por acción u omisión" para referirse a Rabat, una fórmula que posteriormente aparecería también en declaraciones de miembros del propio Gobierno.
21 y 22 de agosto: Marruecos introduce la soberanía en la crisis
El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, afirmó que Marruecos mantenía un supuesto "derecho histórico y geográfico" sobre Ceuta y Melilla.
Exteriores rechazó las declaraciones y reiteró que la soberanía española sobre ambas ciudades no está sujeta a negociación.
El 22 de agosto, el malestar social penetró incluso en el fútbol. AD Ceuta y UD Las Palmas salieron al Alfonso Murube con camisetas con el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", mientras las gradas mostraron numerosas banderas españolas y se escucharon cánticos contra el Gobierno.
Ese mismo 22 el Ministerio de Economía anuncia que el vicepresidente Carlos Cuerpo viajará a Ceuta dos días después para mantener reuniones de trabajo con el gobierno de la ciudad, patronales y agentes sociales de la ciudad y anunciar medidas económicas.
23 de agosto: de repente, la sucesión
Óscar Puente, ministro de Transportes, entra al debate de la sucesión de Pedro Sánchez. En una entrevista concedida a Europa Press, Puente no rehúye ante la pregunta de si se ve como candidato y dice que, en caso de tener la oportunidad de liderar al PSOE, no la dejaría pasar.
24 de agosto: Loma Colmenar anticipa el estallido
La escalada vecinal dio otro paso en Loma Colmenar, donde funcionaba uno de los campamentos temporales Una protesta acabó provocando enfrentamientos entre vecinos y obligó a intervenir a la Policía.
Ese día España solicitó también más de 32 millones de euros de financiación europea extraordinaria para afrontar los costes de acogida, identificación, vigilancia y atención a menores.
Veinticinco días después de la entrada masiva, el Gobierno decidió modificar además la arquitectura de su respuesta y avanzar hacia una coordinación centralizada.
25 de agosto: Seguridad Nacional, choque dentro del Gobierno y protestas ante la Delegación
El Consejo de Ministros declaró Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional.
Ángel Víctor Torres quedó al frente de la coordinación estatal de una estructura en la que participan los ministerios implicados, la Ciudad Autónoma, la Delegación del Gobierno, el CNI y el Departamento de Seguridad Nacional.
Ese mismo día apareció abiertamente la discrepancia sobre los avisos anteriores al 30 de julio. Robles sostuvo en el Congreso que el CNI había transmitido información sobre una convocatoria para entrar a nado.
Marlaska respondió que no existió ningún informe capaz de anticipar una llegada de las dimensiones finalmente registradas.
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Mientras ese debate se producía en Madrid, cientos de ceutíes se concentraron primero ante el acuartelamiento Coronel Fischer por el temor a que fuera utilizado como alojamiento y después ante la Delegación del Gobierno.
La propia Delegación desmintió uno de los mensajes que había ayudado a movilizar a los vecinos y lo calificó expresamente como un bulo.
La protesta mostraba ya un elemento que se repetirá durante los días siguientes: malestar real mezclado con información no siempre verificada que circulaba con enorme velocidad mediante redes sociales y WhatsApp.
26 de agosto: más de 2.000 personas y un intento de desalojar El Trampolín
Más de 2.000 personas se movilizaron desde O'Donnell y otras zonas hasta la Delegación del Gobierno para reclamar soluciones y pedir dimisiones.
Durante la noche aparecieron sentadas, contenedores volcados y enfrentamientos. Algunos periodistas fueron increpados. Un grupo se desplazó hacia la playa del Trampolín e intentó desalojar por su cuenta a personas migrantes que dormían allí, lo que obligó a intervenir a la Policía.
La crisis entraba así en su fase social más peligrosa. Ya no se trataba únicamente de protestas frente a instituciones. Algunos grupos comenzaban a dirigirse directamente hacia los asentamientos.
El 26 de agosto ya empiezan a visibilizarse convocatorias simultáneas para el 2 de septiembre, Día de Ceuta, en decenas de localidades españolas: Europa Press contabilizaba entonces 72 ciudades, mientras la iniciativa se extendía rápidamente con el respaldo de ayuntamientos y del llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La mayoría de las concentraciones fueron fijadas para las 20.00 horas frente a consistorios o plazas principales y planteadas como actos de apoyo a Ceuta y de reclamación de una respuesta a la crisis. El mapa siguió creciendo en las jornadas siguientes, hasta alcanzar varios centenares de convocatorias según los recopilatorios de los promotores y han acabado siendo apoyadas y reconvertidas en movilización institucional por parte de la FEMP y secundado por el PP.
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27 de agosto: fuego en los campamentos y cargas policiales
El 27 de agosto fue el punto de máxima tensión vecinal de todo el mes. Durante una nueva protesta, manifestantes rompieron el cordón policial y entraron en los asentamientos de las playas de Benítez y El Trampolín.
Se destruyeron refugios y pertenencias y se produjeron incendios. La Policía Nacional realizó cargas para contener los altercados.
Los manifestantes bloquearon también durante un tiempo el acceso de vehículos de Cruz Roja que debían repartir comida.
Los disturbios llegaron después de otro episodio violento registrado en sentido contrario: doce ciudadanos marroquíes fueron detenidos tras un ataque con piedras contra un vehículo militar. Once terminarían siendo expulsados.
También se registraron agresiones e intimidaciones contra periodistas.
27 de agosto: empieza el triaje sistemático
Mientras las calles alcanzaban su momento de mayor tensión, Interior reorganizó el Centro de Atención Temporal de Extranjeros.
Se establecieron ocho líneas de tramitación, con previsión de llegar a catorce, y se reforzaron los equipos encargados de asilo e identificación.
Cada persona debía pasar por reconocimiento médico, análisis de vulnerabilidad, identificación biométrica, consulta documental y determinación del procedimiento correspondiente.
Solo después podía decidirse si procedía una devolución, una expulsión, una solicitud de asilo, la incorporación al sistema de menores o cualquier otra actuación prevista legalmente.
28 de agosto: Marlaska, Albares y Saiz comparecen en el Congreso
La crisis volvió al Congreso el 28 de agosto con las comparecencias de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Elma Saiz. Interior defendió que no existió una alerta capaz de anticipar una entrada de las dimensiones finalmente registradas y centró la respuesta en acelerar identificaciones, devoluciones y el refuerzo europeo; Exteriores insistió en la cooperación mantenida con Marruecos y en que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla no está en discusión; e Inclusión detalló los recursos extraordinarios destinados a la acogida y atención humanitaria
Las intervenciones completaron una semana de explicaciones parlamentarias marcada por las diferencias sobre qué sabía el Estado antes del 30 de julio y hasta dónde podían atribuirse responsabilidades a Rabat.
Centenares de ceutíes volvieron a manifestarse el viernes 28. La plataforma Ceuta Unida convocó una nueva marcha que recorrió distintos puntos de la ciudad hasta aproximarse nuevamente a las zonas de Benítez y El Trampolín.
La protesta mantuvo un tono muy duro y se escucharon consignas reclamando la expulsión de los migrantes, pero no se reprodujo una violencia equiparable a la de la jornada anterior.
28 de agosto: España pide más ayuda a Frontex
Ese mismo día, el Gobierno solicitó formalmente ampliar el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
La petición incluía diez agentes adicionales del cuerpo permanente de Frontex para ayudar en el triaje, identificación y posibles procedimientos de retorno. España pidió igualmente prolongar la Operación Minerva más allá de su final inicialmente previsto.
La Agencia de Asilo aportaría entrevistadores, intérpretes y asistencia técnica. Europol reforzaría las investigaciones sobre tráfico de personas y las redes digitales utilizadas para organizar movimientos.
España reclamó también mantener servicios de vigilancia satelital y prolongar determinadas capacidades marítimas.
Frontex no llegaba por primera vez a Ceuta. La Operación Minerva estaba activa desde antes de la crisis. La decisión del 28 de agosto consistía en ampliar y prolongar su participación.
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La crisis ha provocado un fuerte impacto en la opinión pública, aunque convertir ese impacto directamente en intención de voto sería prematuro.
Los sondeos electorales realizados durante agosto no muestran un movimiento unidireccional atribuible exclusivamente a Ceuta.
NC Report situó al PSOE ligeramente por encima de su medición anterior, con un aumento de dos décimas, mientras SocioMétrica registró también una subida de tres décimas. En ambos casos PP y Vox conservaban una mayoría amplia. La media de encuestas de agosto apenas registraba movimientos respecto a julio.
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Por tanto, no puede afirmarse todavía que Ceuta haya provocado por sí misma un desplome electoral del PSOE o un vuelco inmediato del tablero. La fotografía cambia cuando se pregunta específicamente por la crisis.
Una encuesta de Sigma Dos, con trabajo de campo del 5 de agosto, registró que el 47,6% señalaba la presión del Gobierno marroquí como causa principal. El 68,7% consideraba que el Gobierno español había ignorado advertencias de los servicios de información y el 82,4% respaldaba reforzar militarmente la frontera.
Otro sondeo de NC Report publicado a comienzos de agosto encontró que el 69,3% consideraba que Marruecos utilizaba los flujos migratorios para ejercer presión política sobre Sánchez. Y la tendencia parece haberse endurecido durante el mes.
Un nuevo sondeo difundido por El Mundo hoy sitúa en torno al 90% a quienes consideran que Marruecos estuvo detrás de lo sucedido de una u otra forma y por encima del 80% a quienes creen que Pedro Sánchez no está haciendo lo suficiente ante la crisis.