El vicepresidente extremeño del PP denuncia hechos de extrema gravedad en el caso Biedma

Abel Bautista alerta de la gravedad del caso Biedma y reclama frenar injerencias que, a su juicio, ponen en riesgo la independencia judicial en España.

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El vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, junto a otras autoridades en la inauguración del Congreso de la Abogacía que se celebra en Cáceres JUNTA DE EXTREMADURA

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El vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista (PP), ha advertido sobre la "gravedad extraordinaria" de los hechos que se investigan en torno a la magistrada Beatriz Biedma y ha reclamado frenar cualquier intento de injerencia que pueda comprometer la independencia de los jueces.

Durante la apertura del VI Congreso de la Abogacía Extremeña en Cáceres, Bautista ha situado la protección de la independencia judicial como elemento clave para salvaguardar el Estado de Derecho. Ha remarcado que el momento actual obliga a "ser especialmente claros" porque está "en peligro" y "en entredicho" uno de los pilares esenciales de la democracia.

El responsable autonómico ha incidido en que, en las pesquisas sobre el caso de la jueza Biedma, no se trata solo de cuestionar resoluciones judiciales: "Se trata de la presunta utilización de vías ajenas al Derecho para intentar apartar a una jueza del ejercicio de su función".

En esta línea, ha mencionado los supuestos contactos con personas vinculadas al narcotráfico y la presunta obtención de datos sobre la esfera privada y el entorno familiar de la magistrada, incluido material de seguimiento sobre ella y sus hijas, así como información sobre su domicilio y el centro escolar al que acuden. Bautista ha censurado igualmente los audios que apuntarían a instrucciones para actuar contra la jueza y en los que se llegaría a plantear que debía ser "eliminada" y que había que darle "al menos un susto".

El vicepresidente ha subrayado que un juez debe poder desarrollar su labor sin presiones derivadas del contenido de sus resoluciones ni de los intereses afectados por ellas: "Ninguna injerencia externa puede condicionar el ejercicio de esa responsabilidad".

A su juicio, lo que está en cuestión alcanza a las garantías sobre las que descansa el sistema democrático. "Si los jueces están vigilados, perseguidos, grabados y se filtran todo lo que tiene que ver con su entorno familiar y personal y si se dan órdenes de eliminarlos, además a través de personas vinculadas al narcotráfico, estamos hablando de otra cuestión distinta que nunca antes habíamos conocido en nuestro país", ha señalado.

En este escenario, ha reclamado una postura inequívoca de quienes ostentan responsabilidades institucionales en la defensa de la autonomía judicial. "Tampoco es admisible ni un minuto más el silencio de quienes deberían ser los primeros garantes de la separación de los poderes del Estado", ha añadido.

La Abogacía como pilar del derecho de defensa

Bautista ha enmarcado esta defensa de las garantías judiciales en el papel más amplio de la Abogacía, cuya misión, ha recordado, sigue siendo imprescindible para que los ciudadanos puedan hacer valer y proteger sus derechos ante los tribunales.

En este sentido, ha reivindicado la importancia de asegurar el acceso a la Justicia con independencia del lugar de residencia o de la capacidad económica de cada persona, y ha puesto el acento en el turno de oficio, la justicia gratuita y la protección del ejercicio profesional de los abogados.

En declaraciones a los medios antes de la inauguración del congreso, Bautista ha afirmado que "cuesta mucho ganar una democracia, cuesta mucho consolidar cualquier valor democrático, cuesta mucho poner a las instituciones en el lugar en el que se merece y pareciera que 50 años de democracia no han servido para nada cuando vemos a jueces perseguidos".

Cooperación con los Colegios de la Abogacía

Asimismo, ha destacado la colaboración de la Junta de Extremadura con los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz para ofrecer asistencia jurídica en situaciones de especial gravedad o tensión social, como la violencia de género y la violencia sexual, los incendios del verano de 2025 y el servicio habilitado para determinados casos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas.

Por último, ha puesto en valor la labor de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y de la Comisión Jurídica de Extremadura en el asesoramiento legal a la Administración y en el correcto desarrollo de los procedimientos judiciales y consultivos.