Los controladores de Adif preparan una huelga tras Urda: denuncian que en Atocha falta el 20% de la plantilla necesaria

Una huelga en Adif no necesita autorización previa de la empresa o de la Administración: su legalidad depende de cumplir los requisitos de convocatoria y ejercicio del derecho. El recorrido comprende una decisión válida, los trámites previos aplicables, la comunicación escrita con diez días naturales de preaviso y las garantías de los servicios esenciales. La presentación del escrito no constituye, por sí sola, una declaración administrativa de legalidad.

El marco principal es el artículo 28.2 de la Constitución y el Real Decreto-ley 17/1977, interpretado conforme a la Sentencia constitucional 11/1981.

1. Promover el conflicto y atender los trámites previos

Pueden convocar los sindicatos con implantación en el ámbito afectado, los representantes de los trabajadores o los propios trabajadores mediante una decisión colectiva válida. No es necesario que todos los sindicatos estén de acuerdo.

En Adif debe prestarse atención al procedimiento interno de resolución de conflictos. Existe una Comisión de Conflictos Laborales: su reunión se ha solicitado como trámite previo a formalizar paros, según recoge Demócrata sobre el conflicto ferroviario. Debe comprobarse qué actuaciones exige la regulación colectiva aplicable a la convocatoria concreta; esta referencia no permite fijar un plazo único para esa comisión.

2. Adoptar y documentar la convocatoria

El acuerdo debe delimitar quién convoca, qué trabajadores y centros quedan comprendidos y qué reivindicaciones laborales o profesionales se defienden. También debe concretar fechas, horarios y duración, indicando si se trata de paros parciales o de una huelga indefinida.

Debe designarse un comité de huelga, que representará a los trabajadores durante el conflicto y participará en la negociación. Conviene conservar el acuerdo y la documentación que acredita la capacidad representativa de quienes lo suscriben.

3. Comunicar por escrito con diez días de antelación

La convocatoria debe notificarse tanto a Adif como a la autoridad laboral competente. Una comunicación no sustituye a la otra. Al afectar a una empresa encargada de servicios públicos, se aplica el preaviso de diez días naturales, no el general de cinco.

El escrito debe recoger los objetivos, las gestiones realizadas para resolver las diferencias, la fecha de inicio y la composición del comité de huelga. Debe describir con precisión el ámbito y calendario del paro. Hay que conservar justificantes de recepción y presentar con margen suficiente para respetar íntegramente el plazo.

4. Dar publicidad y seguir negociando

Los convocantes deben proporcionar publicidad suficiente para que los usuarios conozcan la huelga antes de su comienzo. Durante el preaviso deben mantenerse los contactos para intentar un acuerdo; convocar no impide negociar ni desconvocar posteriormente.

Este preaviso colectivo no obliga a cada empleado a anunciar su adhesión ni a pedir permiso para participar, como explica Demócrata sobre el derecho de huelga.

5. Garantizar servicios mínimos y seguridad

La autoridad competente puede establecer servicios mínimos mediante una resolución motivada y proporcional. En el ámbito ferroviario existen resoluciones específicas de Transportes. Adif debe comunicar las designaciones al personal afectado, que deberá cumplirlas.

Estos mínimos deben distinguirse de las tareas indispensables de seguridad y mantenimiento para proteger personas, instalaciones y bienes. Durante los paros deben respetarse ambas garantías, la libertad de quienes no participan y el carácter pacífico de la protesta.

En conclusión: no se solicita una aprobación de la huelga; se cumplen sus requisitos. Si surge una controversia sobre su legalidad, la decisión corresponde a los tribunales, no unilateralmente a Adif.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible dirige la política del Gobierno en materia de infraestructuras y servicios de transporte de competencia estatal, además de impulsar la movilidad sostenible. Para precisar sus funciones hay que distinguir entre las competencias del Ministerio, las decisiones reservadas a su titular y las tareas atribuidas a secretarías de Estado, direcciones generales y entidades públicas: no todas las actuaciones del departamento corresponden personalmente al ministro.

Marco normativo y materias de competencia

La referencia principal es el Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, que desarrolla la estructura del Ministerio. Su artículo 1 atribuye al departamento la «propuesta y ejecución de la política del Gobierno» en los siguientes ámbitos:

• Infraestructuras estatales: transporte terrestre, aéreo y marítimo, junto con la planificación y programación de sus inversiones.
• Servicios de transporte: control, ordenación y regulación administrativa de los servicios correspondientes.
• Movilidad sostenible: impulso de sus dimensiones social, económica y medioambiental, incluida la movilidad activa, con el objetivo de garantizar una movilidad segura y sostenible basada en criterios de justicia social.
• Servicios postales: ordenación normativa del sector.
• Información geográfica y científica: impulso y dirección de los servicios estatales de astronomía, geodesia, geofísica y cartografía.

Este ámbito no equivale a una competencia universal sobre cualquier transporte: el propio decreto delimita la actuación estatal y exige respetar las atribuciones de otros departamentos.

Dirección política y organización

El ministro ejerce la dirección superior del departamento. Dependen directamente de él la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y la Subsecretaría. Cuenta, además, con un Gabinete de apoyo inmediato y una Subdirección General de Relaciones Internacionales.

La distinción es importante: la Secretaría de Estado define y propone las políticas sectoriales bajo la dirección del ministro, coordina sus órganos y supervisa programas y entidades. Por tanto, dirigir políticamente no significa resolver personalmente todos los expedientes.

Planificación, inversiones y decisiones concretas

El Ministerio prepara la planificación de infraestructuras y servicios, programa inversiones y ejecuta actuaciones directamente o mediante organismos adscritos. La Secretaría de Estado formula esa planificación antes de su elevación al Consejo de Ministros cuando corresponda. Entre las prioridades figuran seguridad, mantenimiento, movilidad cotidiana e intermodalidad, es decir, conexión entre distintos medios de transporte.

El decreto identifica también decisiones concretas del titular: la Secretaría de Estado le propone la autorización para establecer y calificar aeropuertos civiles, así como los planes directores de aeropuertos de interés general y de navegación aérea. En contratación, convenios y ayudas existe un reparto de funciones: la Secretaría de Estado dispone de atribuciones propias, con las reservas y límites previstos para el ministro.

Entidades públicas, coordinación y emergencias

La dirección estratégica, evaluación y control de resultados de Puertos del Estado, las autoridades portuarias, ADIF, Adif-Alta Velocidad, Renfe-Operadora y Enaire se ejercen a través de la Secretaría de Estado. Esto tampoco convierte al ministro en gestor directo de cada operación.

En el exterior, las relaciones internacionales se coordinan con Asuntos Exteriores, especialmente respecto de la Unión Europea. También se prevé cooperación con administraciones territoriales en movilidad urbana sostenible.

Finalmente, el Real Decreto 690/2025, de 29 de julio, reforzó la coordinación preventiva de crisis y la atención a víctimas. Estas tareas se articulan bajo la Secretaría de Estado, sin sustituir la gestión directa de los órganos sectoriales ni las competencias de la autoridad independiente de investigación de accidentes.

En España, los servicios mínimos durante una huelga ferroviaria deben fijarse por la autoridad gubernativa competente, proteger necesidades esenciales de la comunidad y limitar el derecho de huelga únicamente en lo indispensable. La condición de servicio esencial del ferrocarril no permite mantener automáticamente su funcionamiento habitual ni neutralizar los efectos del paro.

1. Habilitación legal y autoridad competente

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga y exige garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad. La habilitación general se encuentra en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, que permite a la autoridad gubernativa adoptar las medidas necesarias cuando concurran los presupuestos previstos para servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y circunstancias de especial gravedad.

Debe decidir la autoridad estatal o autonómica que tenga competencia y responsabilidad política sobre el servicio afectado. No corresponde a la empresa ferroviaria establecer unilateralmente la restricción. Esta puede colaborar en su ejecución técnica, pero no recibir una delegación que le permita decidir libremente su alcance: así lo explica la STC 8/1992.

2. Esencialidad concreta y proporcionalidad

La Administración debe identificar qué necesidades constitucionalmente protegidas quedarían comprometidas y justificar qué prestaciones ferroviarias resultan imprescindibles. Servicio esencial no equivale a servicio íntegro: el mantenimiento no supone pleno funcionamiento, como recuerda la STC 183/2006.

La ponderación debe atender, entre otros elementos, a:

• La duración, los horarios y el ámbito territorial y personal de la huelga.
• La demanda de viajeros, las franjas de especial necesidad y las alternativas de transporte disponibles.
• La seguridad de las circulaciones y el personal estrictamente necesario para los servicios preservados.
• La posibilidad de atender esas necesidades mediante medidas menos restrictivas.

Por tanto, los porcentajes no pueden justificarse solo porque se utilizaron en huelgas anteriores: deben responder a las circunstancias del conflicto y permitir que el paro conserve eficacia.

3. Resolución previa, concreta y motivada

Los mínimos deben establecerse mediante una resolución previa y escrita, publicada o comunicada de forma que los afectados puedan conocerla. Debe concretar los servicios y fijar criterios objetivos para determinar el personal necesario, además de indicar los recursos procedentes, el órgano competente y sus plazos.

Los artículos 35 y 88 de la Ley 39/2015 exigen motivación cuando se limitan derechos. Aquí debe explicarse por qué se protege cada prestación y por qué se exige ese nivel concreto. No bastan fórmulas genéricas sobre el interés general ni razones añadidas después para suplir una justificación inexistente.

4. Participación sindical y límites empresariales

La autoridad debe considerar las propuestas de mantenimiento de los servicios. Sin embargo, la negociación previa no constituye, por sí misma, un requisito constitucional indispensable para la validez de la decisión, según la STC 27/1989. Tampoco debe confundirse este régimen con los servicios de seguridad y conservación de instalaciones previstos en el artículo 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977.

5. Nulidad y control judicial

Una resolución puede ser nula si vulnera el derecho fundamental de huelga o procede de un órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio. La falta de motivación, la desproporción y la delegación sustantiva en la empresa son motivos relevantes de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En definitiva, deben poder comprobarse tanto la necesidad de los mínimos como la justificación del sacrificio impuesto a los trabajadores.