El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este sábado a distintas autoridades de la Unión Europea la decisión del Gobierno de restablecer temporalmente los controles fronterizos en aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.
La medida afecta a las conexiones aéreas y marítimas entre ambos países y se enmarca en la vigilancia de la situación migratoria dentro del espacio Schengen, especialmente por la presión registrada en la ruta del Mediterráneo central, que afecta a Italia y puede tener efectos sobre otros Estados miembros.
Comunicación a la Comisión, el Parlamento y el Consejo
Según ha informado el Ministerio del Interior, Marlaska ha remitido la comunicación a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la UE y de los países asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.
Con esta notificación, España traslada formalmente a las instituciones europeas la reintroducción temporal de controles en determinadas fronteras interiores, una posibilidad prevista por la normativa Schengen cuando concurren razones de orden público o seguridad interior.
Presión migratoria en el Mediterráneo central
Marlaska explica en su escrito que las autoridades españolas siguen con atención la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en particular, la presión sobre la ruta del Mediterráneo central.
Interior vincula esa presión con sus posibles repercusiones para distintos Estados miembros, especialmente por la actividad de redes de delincuencia transfronteriza asociadas a la migración irregular. El Gobierno sostiene que estas circunstancias pueden tener impacto en el orden público y en la seguridad interior, lo que justifica la adopción de medidas temporales de control.
Controles desde el 8 de agosto hasta el 7 de septiembre
La reintroducción de controles se aplicará desde las 00.00 horas del 8 de agosto hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre. El periodo podrá modificarse en función de la evolución de las circunstancias que han motivado la decisión.
Interior ha precisado que, cuando venza el plazo inicial, las autoridades españolas realizarán una nueva evaluación para decidir si procede mantener la medida, modificarla o levantarla. El Gobierno plantea así un control temporal, revisable y ligado a la evolución de la presión migratoria y de los riesgos asociados.
La base legal: el Código de Fronteras Schengen
España fundamenta la decisión en los artículos 25 y siguientes del Reglamento 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece el denominado Código de Fronteras Schengen.
Ese marco permite a los Estados miembros reintroducir controles temporales en fronteras interiores cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. En este caso, el Gobierno español aplica esa previsión a las conexiones directas con Italia por vía aérea y marítima.
Una medida con impacto en aeropuertos y puertos
La decisión puede traducirse en controles adicionales de documentación para pasajeros procedentes de Italia o con destino a ese país, tanto en aeropuertos como en puertos españoles. Aunque no implica el cierre de conexiones, sí puede generar revisiones, tiempos de espera y comprobaciones más intensas en determinados trayectos.
El objetivo del Gobierno es reforzar la seguridad sin interrumpir la movilidad ordinaria entre ambos países. Interior sostiene que la medida responde a un contexto concreto y que se revisará en función de la evolución de la situación migratoria y de la actividad de las redes vinculadas a la migración irregular.
Schengen bajo presión migratoria
La decisión española vuelve a situar el debate sobre Schengen en el centro de la agenda europea. La libre circulación entre Estados miembros es uno de los pilares de la Unión Europea, pero los países pueden activar controles temporales cuando consideran que existen riesgos para la seguridad o el orden público.
En este caso, España actúa sobre las conexiones con Italia por la presión de la ruta del Mediterráneo central y por el temor a movimientos secundarios dentro del espacio europeo. La medida estará en vigor durante un mes, salvo que el Gobierno decida modificarla antes o prorrogarla tras una nueva evaluación.