El Tribunal Supremo ha admitido a trámite, según ha comunicado Iustitia Europa, el recurso presentado por esta formación en relación con el voto exterior de los hijos de personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la denominada Ley de Nietos. La decisión abre un plazo para presentar alegaciones hasta el próximo 15 de noviembre, en un procedimiento que afecta a la comprobación de los requisitos de inscripción en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero.
La formación sostiene que, hasta el momento, solo se ha acreditado que 901 nietos cumplen los requisitos examinados y reclama que se identifique a sus descendientes inscritos en el censo exterior. Asimismo, solicita la suspensión cautelar del voto de los demás hijos afectados mientras se verifica individualmente su situación administrativa y electoral.
La admisión a trámite supone que el Supremo dará curso al procedimiento y examinará las alegaciones de las partes, pero no implica que haya aceptado las medidas cautelares solicitadas ni que haya declarado irregular ninguna inscripción censal. La formación ha señalado que el plazo para presentar alegaciones finaliza a las 15:00 horas del domingo.
El Supremo rechazó el 9 de noviembre ampliar la suspensión del voto
La nueva actuación judicial se produce después de que el Supremo rechazara, el pasado 9 de noviembre, extender las medidas cautelares a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos. La Sala consideró que la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y las dificultades materiales para ejecutar las comprobaciones podían ocasionar una perturbación grave del proceso electoral. La decisión contó con votos particulares discrepantes.
La controversia tiene su origen en las medidas cautelares acordadas en septiembre sobre las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de determinados beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática.
Según la documentación examinada en el procedimiento, el colectivo de progenitores afectados asciende a 163.355 personas, de las cuales 901 habían aportado la acreditación exigida para quedar exceptuadas de la suspensión. La nueva reclamación se refiere a un colectivo de 189.678 personas vinculadas a las nacionalizaciones contempladas en el Anexo III.
Iustitia Europa pide comprobar los expedientes antes del 29N
El partido presidido por Luis María Pardo solicita que la Administración identifique a los electores afectados, determine quiénes son sus progenitores y compruebe la vía por la que estos adquirieron la nacionalidad española. Su recurso plantea también, como alternativa, que los sufragios cuestionados se reciban por separado y permanezcan bajo custodia hasta que se determine su situación electoral.
La formación mantiene que una eventual rectificación del censo posterior a las elecciones podría resultar insuficiente si los votos ya se hubieran incorporado al escrutinio. En apoyo de su petición, invoca el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, favorable a ampliar las medidas cautelares.
El siguiente trámite será la presentación de alegaciones dentro del plazo anunciado para el 15 de noviembre. El Supremo deberá pronunciarse sobre el recurso antes de que pueda darse por modificada la situación cautelar vigente.