Iustitia Europa, el partido del abogado Luis María Pardo quiere someter a referéndum la permanencia de España en la Unión Europea y la OTAN, cambiar el sistema electoral para que los ciudadanos elijan directamente al presidente del Gobierno y acabar con la financiación pública de partidos políticos, sindicatos y patronales. Son algunas de las principales propuestas del "Contrato Electoral" con el que la formación concurre por Madrid a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un documento de 27 páginas que recoge 15 compromisos sobre el funcionamiento de las instituciones, la economía, la inmigración y los servicios públicos.
Fundado en 2024, Iustitia Europa es conocido por su actividad como acusación popular en procedimientos judiciales que afectan al PSOE, entre ellos los casos de Begoña Gómez y Koldo, y también al PP, como el caso Montoro. En las elecciones europeas de aquel año obtuvo alrededor de 26.600 votos, equivalentes al 0,15% de los sufragios.
Con un discurso contrario al sistema político surgido de la Transición, al que acusa de haber favorecido la corrupción y la "decadencia moral", el partido se presenta como un "antipartido" y reivindica que carece de ideología. Su programa defiende superar lo que denomina "régimen del 78" mediante una profunda reforma constitucional, que afectaría tanto a la elección del Gobierno como al funcionamiento de la Justicia y las Cortes Generales.
Entre sus compromisos figura también aprobar una ley que permita destituir y retirar el sueldo a los cargos públicos que incumplan el programa electoral con el que fueron elegidos.
Elección directa del presidente y cambios en el Congreso y el Senado
La reforma constitucional que defiende Iustitia Europa modificaría el procedimiento para elegir al presidente del Gobierno, que pasaría a ser votado directamente por los ciudadanos cada cuatro años. El cambio afectaría a varios artículos de la Constitución, entre ellos los que regulan la investidura, la moción de censura y la disolución de las Cortes.
También desaparecería el actual sistema de listas cerradas y representación proporcional en las elecciones al Congreso, que sería sustituido por distritos uninominales mayoritarios, en los que cada circunscripción elegiría a un único representante. La formación propone aplicar este modelo tanto al Congreso como al Senado.
Los cargos electos, incluidos los concejales, tendrían un límite de dos mandatos y perderían los aforamientos y las inmunidades que actualmente reconoce la legislación a determinados representantes públicos. Además, los ciudadanos podrían promover referéndums vinculantes mediante la recogida de firmas, mientras que las juntas electorales pasarían a estar integradas por personas elegidas por sorteo.
Un CGPJ elegido por los jueces y un Constitucional ratificado en referéndum
Para reducir la intervención de los partidos en la Justicia, Iustitia Europa propone que los diez integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los jueces. El órgano asumiría también el nombramiento del fiscal general del Estado, con un mandato de nueve años durante el cual no podría recibir instrucciones del Gobierno.
La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional quedaría en manos de juristas con más de 25 años de trayectoria profesional, aunque los candidatos necesitarían después la ratificación de los ciudadanos mediante referéndum. Sus mandatos seguirían siendo de nueve años y se exigiría que no hubieran militado en ningún partido político durante las tres décadas anteriores.
El partido quiere, además, blindar la acción popular mediante una reforma del artículo 125 de la Constitución, para reconocerla como un "derecho inalienable" que no pueda limitarse por ley. Esta figura permite participar en determinados procesos penales sin necesidad de ser víctima directa del delito y es precisamente la vía que Iustitia Europa ha utilizado para personarse en distintas investigaciones judiciales.
Referéndums sobre la UE y la OTAN y derogación de las políticas vinculadas a la Agenda 2030
La permanencia de España en la Unión Europea y la OTAN quedaría sometida a sendos referéndums vinculantes si prosperasen las propuestas de Iustitia Europa. La formación acusa a las instituciones comunitarias de estar dominadas por grupos de presión de las industrias armamentística, farmacéutica, energética y alimentaria, mientras que en política exterior defiende la neutralidad española frente a los compromisos de la Alianza Atlántica.
En el ámbito energético, apuesta por la nuclear, el gas y la explotación de los recursos nacionales, junto con la eliminación de las subvenciones a las energías renovables. También incluye la nacionalización de las tierras raras.
Para el campo, reclama derogar el Pacto Verde Europeo, la Política Agraria Común (PAC) y la Ley de Restauración de la Naturaleza, además de varias normas españolas, entre ellas las leyes de bienestar animal y de la cadena alimentaria. A estas medidas añade la eliminación del cuaderno digital obligatorio y el rechazo a las políticas derivadas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Siete ministerios, un 75% menos de asesores y eliminación de subvenciones
El recorte del gasto político es uno de los compromisos con mayor desarrollo económico del programa. Iustitia Europa propone limitar el Gobierno a siete ministerios, reducir un 75% el número de asesores y rebajar un 20% los salarios de los cargos políticos, además de retirar a los antiguos altos cargos privilegios como oficinas, chóferes y pensiones especiales.
La financiación pública de partidos políticos, sindicatos, patronales y ONG desaparecería, al igual que el 80% de las subvenciones. La formación también defiende reducir un 40% el número de entes públicos, suprimir las diputaciones provinciales y cerrar las empresas públicas que acumulen pérdidas.
A estos recortes añade el cierre de más de 2.000 organismos que califica como "chiringuitos" y cuyo coste calcula en más de 6.000 millones de euros anuales. Se trata de una estimación del propio partido, que el resumen ejecutivo no acompaña de un desglose que permita comprobar qué entidades incluye ni cómo obtiene esa cifra.
Cuatro años sin cuotas para autónomos e IVA cero en la primera vivienda
Los trabajadores autónomos quedarían exentos de cotizar a la Seguridad Social durante sus primeros cuatro años de actividad y tampoco pagarían cuotas en aquellos meses en los que no obtuvieran ingresos. Iustitia Europa propone asimismo eliminar el sistema de módulos utilizado para calcular el IRPF de determinados profesionales.
En materia de vivienda, defiende suprimir el IVA en la compra de la primera residencia y eliminar las medidas de control de los precios del alquiler. Para las ocupaciones ilegales, reclama establecer un procedimiento que permita desalojar a los ocupantes en menos de 24 horas desde la presentación de la denuncia.
El programa incluye también la eliminación del factor de sostenibilidad de las pensiones y la prohibición de congelarlas sin compensación económica.
Cierre de la frontera sur con el Ejército y deportaciones masivas
Iustitia Europa utiliza el término "invasión" para referirse a la inmigración que considera descontrolada y propone cerrar completamente la frontera sur con la intervención del Ejército, además de ejecutar deportaciones masivas y expulsar a los extranjeros que cometan delitos.
Las embarcaciones que intenten llegar irregularmente a las costas españolas serían devueltas automáticamente, mientras que la Armada recibiría el encargo de impedir las operaciones de los barcos de ONG que intervienen en las rutas migratorias.
La aplicación de estas medidas tendría que ajustarse a las obligaciones internacionales de España y a las garantías legales que regulan las expulsiones, la protección internacional y la actuación de las autoridades en las fronteras.
Educación sin contenidos de género, terapias naturales en la sanidad y rechazo al euro digital
La eliminación de los contenidos educativos relacionados con la Agenda 2030, la "ideología de género" y el "ecologismo radical" forma parte de las propuestas de Iustitia Europa para la enseñanza. El partido defiende reforzar la autoridad del profesorado, premiar el esfuerzo académico y garantizar la libertad de elección de centro.
En sanidad, reclama incorporar las denominadas terapias naturales al sistema público, aplicar un IVA del 0% a los servicios de sus profesionales y acabar con lo que describe como el "monopolio farmacéutico". El resumen ejecutivo no precisa qué tratamientos quedarían incluidos ni cómo se regularía su incorporación a la asistencia sanitaria.
Para la Guardia Civil, propone someter a una consulta interna su posible desmilitarización y garantizar que los salarios de sus agentes no sean inferiores a los de las policías autonómicas.
El contrato electoral recoge igualmente el rechazo al euro digital, a los sistemas de control biométrico y reconocimiento facial, a las zonas de bajas emisiones y a las restricciones de derechos adoptadas durante las pandemias.