Agenda DEMÓCRATA: LEY DE LOBBIES - CRISIS DE CEUTA - DECRETO-LEY - LEY DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD - VIVIENDA - PRESTACIÓN POR CUIDADOS - REGULARIZACIÓN MIGRANTES - COMISIÓN APAGÓN - INFORME PISA - LEY DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES

A día de hoy, la llamada “Ley de Lobbies” en el plano parlamentario es, en realidad, el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés (Congreso, núm. 121/000046). Ese proyecto no ha culminado su tramitación: sigue formalmente en el Congreso, tras la fase de enmiendas y de ponencia, con la avocación al Pleno acordada, pero sin llegar a votarse en Pleno ni remitirse al Senado. En paralelo, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto‑ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, publicado en el BOE el 26 de agosto de 2026 (texto en el BOE), que está en fase de convalidación o derogación ante el Pleno del Congreso.

1. Fase parlamentaria actual de la “Ley de Lobbies”

El itinerario del proyecto de ley 121/000046 ha sido el siguiente, según la tramitación oficial y las crónicas parlamentarias:

• 28‑01‑2025: el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley y lo remite al Congreso (referencia de Moncloa).
• 30‑01‑2025: registro en el Congreso.
• 07‑02‑2025: calificación y admisión a trámite.
• febrero–septiembre 2025: apertura y sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas, tanto a la totalidad como al articulado (hasta 17 ampliaciones).
• 25‑03‑2025: el Pleno rechaza la enmienda de totalidad de Vox (32 sí, 177 no, 136 abstenciones), por lo que el proyecto continúa su tramitación.
• 10‑09‑2025: cierre del plazo de enmiendas.
• 17‑09‑2025: el Pleno aprueba la avocación, es decir, que la votación final del dictamen no se haga en Comisión con competencia legislativa plena, sino en el Pleno del Congreso.
• 22‑09‑2025: publicación de las enmiendas al articulado.
• 25‑09‑2025: publicación de la confirmación de la avocación a Pleno.

A partir de ahí, las noticias y los informes de la Comisión Europea de julio de 2026 señalan que el proyecto sigue “bloqueado” en el Congreso: ha pasado la fase de enmiendas y de ponencia, pero no se ha votado todavía el dictamen en Pleno ni se ha remitido al Senado. Es decir, la “Ley de Lobbies” como proyecto de ley parlamentario se encuentra:

• En el Congreso de los Diputados, tras la fase de enmiendas y con ponencia constituida.
• Pendiente de que la Comisión concluya el dictamen y de que el Pleno lo debata y vote.
• Sin haber iniciado todavía la fase en el Senado.

Ante este bloqueo, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto‑ley 21/2026, que regula el mismo ámbito (registro estatal de grupos de interés, actividad de influencia, régimen sancionador, etc.). Ese decreto‑ley está ya en vigor desde su publicación en el BOE, pero pendiente de la votación de convalidación o derogación en el Congreso. Según Demócrata, el Pleno debe pronunciarse en estos días sobre si lo respalda o lo deja sin efecto.

2. Qué ocurre si el Congreso deroga la norma sobre lobbies

Aquí conviene distinguir dos escenarios:

• a) Derogación del Real Decreto‑ley 21/2026 en el debate de convalidación.
  • El Congreso, en el plazo máximo de 30 días desde su promulgación, celebra un debate de convalidación o derogación. Si la mayoría simple de diputados vota en contra, el decreto‑ley queda derogado.
  • La derogación tiene efecto desde la votación (no se “retrotrae” todo lo aplicado, salvo que otra norma lo prevea expresamente). Desde ese momento, deja de estar vigente el régimen estatal de lobbies establecido por el decreto‑ley.
  • Solo si el Congreso lo convalida puede decidir, en la misma sesión, tramitarlo como proyecto de ley, abriendo ya un cauce de enmiendas y negociación parlamentaria ordinaria. Si lo deroga, esta vía se cierra y habría que presentar un nuevo proyecto o proposición de ley.
• b) Derogación mediante una ley posterior (del propio proyecto o de una ley ya aprobada).
  • Las leyes se derogan mediante otra ley: el Congreso aprueba, con intervención del Senado, una nueva norma que incluye una disposición derogatoria total o parcial.
  • El procedimiento sigue las fases clásicas: tramitación en el Congreso (toma en consideración en su caso, ponencia, comisión, Pleno), envío al Senado, posible veto o enmiendas del Senado, vuelta al Congreso para levantar el veto o decidir sobre las enmiendas.
  • Una vez aprobado el texto definitivo, se procede a la sanción del Rey, promulgación y publicación en el BOE. La derogación es efectiva desde la fecha de entrada en vigor que fije esa nueva ley.

En síntesis: hoy la “Ley de Lobbies” parlamentaria (proyecto 121/000046) está atascada en el Congreso tras la fase de enmiendas, mientras que la regulación efectiva de los grupos de interés depende del Real Decreto‑ley 21/2026, cuyo futuro inmediato se juega en la votación de convalidación o derogación del Pleno del Congreso.

Según la legislación estatal, en particular la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es un órgano unipersonal con funciones propias, diferenciadas de las de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Estas competencias sitúan a la presidenta como pieza clave en la interpretación de la Ley, la resolución de reclamaciones y la dirección estratégica del organismo.

Marco legal básico

El título III de la Ley 19/2013 crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito a la Administración General del Estado y dotado de independencia funcional. Dentro de ese título se establece:

• Que el Consejo se compone de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y de su Presidencia, que a su vez preside la propia Comisión.
• El régimen de nombramiento y cese de la persona que asume la Presidencia, así como que sus retribuciones se fijan conforme al Real Decreto 451/2012 sobre máximos responsables del sector público.
• Un apartado específico que enumera las funciones del Consejo y, a continuación, las funciones propias de la Presidencia (apartado 2 del precepto que comienza con “Para la consecución de sus objetivos, el Consejo… tiene encomendadas las siguientes funciones”).

Funciones interpretativas y de criterio

La Ley atribuye expresamente a la Presidencia del CTBG la competencia para:

• Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013. Es decir, la presidenta fija la doctrina interna del Consejo sobre cómo deben entenderse y aplicarse los deberes de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, proporcionando seguridad jurídica a administraciones y ciudadanos.
• Responder consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver solicitudes de acceso a la información. Esta función consultiva refuerza el papel de la Presidencia como referencia técnica y jurídica para el conjunto de la Administración General del Estado.

Control del cumplimiento y garantía del derecho de acceso

En materia de garantía efectiva de la transparencia y del derecho de acceso, la Ley 19/2013 atribuye a la Presidencia varias competencias clave:

• Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa recogidas en el capítulo II del título I (artículos sobre la información que debe hacerse pública sin necesidad de solicitud), de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la propia Ley. En la práctica, esto supone supervisar que los sujetos obligados publiquen la información exigida y, cuando proceda, impulsar medidas correctoras.
• Conocer y resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información que se presenten al amparo del artículo 24 de la Ley, con carácter potestativo y previo a la vía contencioso‑administrativa. De acuerdo con el fragmento legal, las resoluciones del Consejo en estas reclamaciones se dictan en el marco de lo dispuesto para los recursos administrativos, con plazo máximo de tres meses y efectos de desestimación en caso de silencio.
• Comunicar al Defensor del Pueblo las resoluciones dictadas en aplicación del artículo 24. El propio texto legal establece que “el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo”, reforzando el control externo sobre la protección del derecho de acceso.

Poder sancionador y dirección interna

Aunque el Consejo como tal no impone directamente sanciones, la Presidencia tiene un papel relevante en la activación del régimen sancionador vinculado a las obligaciones de buen gobierno:

• Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de la Ley 19/2013 cuando detecte posibles infracciones. El órgano competente para sancionar debe motivar su decisión si opta por no incoar el procedimiento, lo que dota de peso jurídico a la iniciativa de la Presidencia.
• Aprobar el anteproyecto de presupuesto del CTBG, que posteriormente se integra en los Presupuestos Generales del Estado conforme a la Ley General Presupuestaria. Con ello, la Presidencia ejerce una función clara de dirección y planificación de los recursos del organismo.
• Ejercer las demás funciones que se le atribuyan por norma con rango legal o reglamentario, cláusula que permite que reales decretos de estructura u otras disposiciones de desarrollo completen o precisen sus competencias sin necesidad de reformar la Ley 19/2013.

Síntesis

En conjunto, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concentra competencias de interpretación de la Ley, resolución de reclamaciones de acceso, impulso del control sobre la publicidad activa, activación del régimen sancionador y dirección económico‑presupuestaria del organismo, además de la función institucional de comunicación de sus resoluciones al Defensor del Pueblo. Todo ello la configura como el núcleo operativo y doctrinal del sistema estatal de garantía de la transparencia y del buen gobierno diseñado por la Ley 19/2013.

En las últimas elecciones generales al Congreso de los Diputados, celebradas el 23 de julio de 2023 (15.ª Legislatura), ningún partido obtuvo mayoría absoluta. La Cámara quedó muy fragmentada y obligó a articular una mayoría de investidura mediante acuerdos entre el PSOE, Sumar y varias formaciones nacionalistas e independentistas, frente a un bloque de derechas encabezado por el PP y Vox.

Resultados de los principales partidos de ámbito estatal

A partir de los análisis publicados por Demócrata sobre la composición del Congreso tras el 23‑J y de las comparaciones que hacen diversas encuestas con los resultados de 2023, la distribución de escaños para los grandes partidos estatales fue la siguiente:

• Partido Popular (PP): 137 diputados. Diversos artículos de análisis y de encuestas señalan este dato como referencia del 23‑J (“los 137 logrados en 2023”), a partir del cual se proyectan posibles subidas o bajadas en sondeos posteriores.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 121 diputados. Un análisis de Sigma Dos citado por Demócrata recuerda que el PSOE obtuvo en 2023 un 31,7 % de los votos y 121 escaños, cifra que se utiliza como base de comparación para medir el desgaste posterior.
• Vox: 33 diputados. Varias encuestas comparan su crecimiento futuro con su “representación actual en el Congreso”, que sitúan en 33 escaños como resultado de las elecciones generales de 2023.
• Sumar: 31 diputados. En los artículos demoscópicos, cuando se proyectan caídas para Sumar se hace frente a un punto de partida de 31 escaños, indicando expresamente que en 2023 “concurrió junto a Podemos” y que ambas fuerzas sumaban entonces esos 31 diputados.

En términos de voto, los textos de referencia de Demócrata recogen como principales magnitudes del 23‑J:

• PP: entorno del 33,1 % del voto nacional y 137 escaños.
• PSOE: en torno al 31,7 % del voto y 121 escaños.
• Vox: alrededor del 12,4 % del voto y 33 escaños.
• El resultado de Sumar se describe sobre todo en escaños (31), más que en porcentaje preciso.

La principal consecuencia aritmética es que, aunque el PP fue el partido más votado y con más escaños, los 137 diputados populares, sumados a los 33 de Vox y al escaño de UPN, no alcanzaban la mayoría suficiente para formar Gobierno. Esto obligó a explorar otras combinaciones parlamentarias.

Partidos nacionalistas, independentistas y otros actores clave

El equilibrio de la legislatura no depende solo de los grandes partidos estatales. Los análisis de Demócrata sobre el “bloque de investidura” y la aritmética del Congreso tras el 23‑J detallan la presencia de varios partidos territoriales, cuyos escaños son decisivos:

• Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 7 escaños.
• Junts per Catalunya (Junts): 7 escaños.
• EH Bildu: 6 escaños.
• Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5 escaños.
• Bloque Nacionalista Galego (BNG): 1 escaño.
• Coalición Canaria (CC): 1 escaño.
• Unión del Pueblo Navarro (UPN): 1 escaño.

Uno de los trabajos de investigación parlamentaria publicados por Demócrata resume así el punto de partida de la legislatura: el conjunto de fuerzas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC y posteriormente Podemos, ya escindido del grupo de Sumar) suma 179 escaños, frente a los 171 de la oposición (PP, Vox y UPN). Esa diferencia muy ajustada explica la enorme dependencia del Gobierno respecto de cada uno de sus socios, especialmente de los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

Equilibrio político resultante

En conjunto, el Congreso surgido del 23‑J presenta:

• Un bipartidismo reforzado (PP y PSOE concentran la mayoría de votos y escaños), pero sin capacidad de gobernar en solitario.
• Una derecha (PP + Vox + UPN) fuerte pero insuficiente para formar Gobierno sin más apoyos.
• Una izquierda estatal (PSOE + Sumar, posteriormente más Podemos ya fuera de Sumar) obligada a apoyarse de forma estable en ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC para sacar adelante leyes clave.
• Unos partidos territoriales con un peso parlamentario modesto en número absoluto de escaños, pero decisivo para configurar mayorías en casi todas las votaciones relevantes.

Esta combinación de resultados explica que la legislatura se haya caracterizado desde el principio por negociaciones complejas, márgenes muy estrechos en el Congreso y una gran capacidad de influencia de los socios de investidura sobre la agenda legislativa del Gobierno.