Los productores de cereal de la provincia de Huelva han alertado de que, si antes de arrancar la próxima campaña "no se adoptan medidas realmente eficaces para cubrir el insostenible aumento de los costes de producción, muchas explotaciones no sembrarán cereal este año", subrayando que "no se trata de una amenaza ni de una decisión oportunista, sino de la consecuencia inevitable de una situación económica límite".
Asaja-Huelva ha explicado en un comunicado que los costes medios de producción "rondan ya los 900 euros por hectárea", mientras que las cotizaciones del cereal "continúan por debajo de los costes". De este modo, "con las cotizaciones actuales, un agricultor necesita obtener más de 4.600 kilos por hectárea únicamente para no perder dinero, un rendimiento inalcanzable en buena parte de los secanos de la provincia".
La organización agraria ha incidido en que la subida del carburante "ha agravado todavía más el problema", recordando que en estas mismas fechas del año anterior "el litro de gasóleo agrícola se pagaba aproximadamente a 0,92 euros, mientras que actualmente alcanza los 1,47 euros".
"Los agricultores no podemos seguir sembrando para perder dinero. Si producir cereal cuesta más de lo que obtenemos por venderlo, dejar de sembrar es la única forma de evitar que nuestras explotaciones se hundan definitivamente", ha avertido Gabriel Villegas, representante del sector en la Junta Directiva de Asaja-Huelva.
La entidad ha añadido que "las pérdidas acumuladas por el cereal están arrastrando al conjunto de la explotación y comprometen la viabilidad de empresas agrarias que generan empleo, mantienen actividad económica en los municipios rurales y resultan esenciales para la producción de alimentos".
“OPACIDAD Y POSIBLE ESPECULACIÓN CON LOS FERTILIZANTES”
Al mismo tiempo, Asaja-Huelva ha puesto el foco en "la grave situación" del mercado de fertilizantes. Según detalla, agricultores y grupos de compra se encuentran con "serias dificultades para obtener precios cerrados de determinadas empresas proveedoras mientras las cotizaciones continúan aumentando".
"Esta falta de transparencia impide planificar la sementera, elaborar presupuestos fiables y decidir con un mínimo de seguridad si se puede afrontar una nueva campaña", han aseverado. Por ello, el sector exige que las autoridades de competencia y las administraciones agrarias actúen con urgencia para investigar "si detrás de esta situación existen prácticas especulativas, retención de oferta o movimientos dirigidos a provocar nuevas subidas artificiales".
En esta línea, han recalcado que "no es admisible que un insumo imprescindible para la producción de alimentos quede sometido a la opacidad comercial mientras miles de agricultores tienen que decidir, en cuestión de semanas, si pueden permitirse volver a sembrar".
AYUDAS DIRECTAS ANTES DE LA SEMENTERA
Los cerealistas onubenses reclaman a la Junta de Andalucía y al Gobierno central una ayuda directa extraordinaria por hectárea de cereal, con financiación adicional y pago previo o coincidiendo con el inicio de la sementera, dado que "no sirven los anticipos de la PAC ni nuevos préstamos que únicamente incrementen el endeudamiento de unas explotaciones que ya trabajan sin margen".
Junto a ello, el sector demanda también "medidas directas" que alivien el coste del gasóleo agrícola y faciliten el acceso al crédito en condiciones razonables. Insisten en que estas acciones "deben ser complementarias y no pueden sustituir a las ayudas directas", porque "aumentar el crédito disponible no resuelve la falta de rentabilidad, sino que puede aplazar el problema a costa de incrementar la deuda de los agricultores".
UNA PAC ADAPTADA A LA REALIDAD DEL CEREAL
Los productores de cereal exigen igualmente revisar la reducción progresiva de las ayudas a partir de las 50 hectáreas, al considerar que "ignora por completo la realidad económica del cereal de secano", donde con frecuencia es necesario superar las 100 hectáreas para "alcanzar una dimensión mínimamente rentable".
"Sin embargo, actualmente, las medidas benefician incomprensiblemente a los pequeños productores, que en cereal no tienen sentido. Las políticas agrarias deben respaldar de forma prioritaria al agricultor profesional y activo, es decir, a quien trabaja en el campo, asume el riesgo económico de cada campaña y obtiene de la explotación una parte esencial de su renta. Si se pretende profesionalizar el sector, impulsar el relevo generacional y garantizar su futuro, las administraciones no pueden aplicar la misma consideración a quien depende de la agricultura para vivir que a quien mantiene una explotación como actividad complementaria después de jubilarse", han señalado.
REDUCCIÓN FISCAL Y LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA
Por otro lado, el colectivo cerealista de Huelva solicita una rebaja de los módulos del cereal en el régimen de estimación objetiva del IRPF. Argumentan que "la fiscalidad debe reflejar el desplome real de la rentabilidad sufrido durante la campaña y no calcularse como si las explotaciones hubieran obtenido unos beneficios que sencillamente no existen".
Asimismo, consideran "imprescindible" que se aplique de forma efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria. Reclaman que las administraciones "deben actuar de oficio, reforzar las inspecciones y evitar que el cereal continúe comercializándose por debajo de sus costes efectivos de producción".
El sector demanda además que se revisen los precios y rendimientos de referencia de los seguros agrarios "para reflejar los costes reales de producción", ya que, en las condiciones actuales, muchas pólizas "no ofrecen una cobertura suficiente ni garantizan indemnizaciones capaces de compensar las pérdidas sufridas por las explotaciones".
“LA FALTA DE SIEMBRA NO PUEDE IMPLICAR NUEVAS PENALIZACIONES”
Asaja-Huelva insiste en que, "si la ausencia de rentabilidad hace imposible sembrar", las administraciones "deberán establecer una excepcionalidad en la PAC que evite penalizar a quienes se vean obligados a dejar la tierra sin cultivar". Recuerdan que "no sería una decisión voluntaria, sino la consecuencia directa de unos costes inasumibles, unos precios ruinosos y la falta de medidas eficaces".
Advierten de que "resultaría inaceptable que el agricultor sufriera primero las pérdidas derivadas del mercado y fuera después castigado administrativamente por no poder afrontar una nueva campaña. La normativa debe adaptarse a una situación excepcional que amenaza con dejar miles de hectáreas sin sembrar. Una decisión con consecuencias para toda la provincia".
También alertan de que la desaparición del cereal "pone en riesgo cooperativas, empresas de servicios agrícolas, transportistas, talleres, proveedores de maquinaria, empleo rural y actividad económica en numerosos municipios de la provincia" y "incrementaría la dependencia exterior de materias primas esenciales para la alimentación humana y ganadera".
"Nosotros queremos sembrar y producir, pero no podemos hacerlo a cualquier precio. No pedimos ayudas para mantener artificialmente un cultivo inviable; exigimos condiciones justas para trabajar y competir. Si las administraciones permiten que vendamos por debajo de costes mientras el gasóleo y los fertilizantes se disparan, serán responsables de que miles de hectáreas se queden sin sembrar", ha subrayado Villegas.