El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles iniciar la tramitación de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox, socios en el Gobierno andaluz, para modificar la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), vigente desde marzo de 1988. El objetivo es eliminar la obligación de que “todos los grupos parlamentarios” tengan “derecho, como mínimo” a disponer de un consejero en el órgano fiscalizador.
En la sesión de toma en consideración solo han intervenido los grupos proponentes, ya que PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han decidido no asistir al debate al secundar la huelga general convocada, dejando vacíos sus escaños durante la discusión parlamentaria.
En la legislatura actual, cinco grupos podrían designar, al menos, un consejero: PP-A, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. En la Cámara de Cuentas hay consejeros elegidos a propuesta de todos ellos salvo de Adelante Andalucía, que en el mandato anterior formaba parte del grupo mixto. Tras las autonómicas de mayo, esta formación obtuvo ocho diputados y constituyó grupo propio, lo que por primera vez le otorgaba derecho a proponer un consejero.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya avanzó que su grupo acudirá al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo si finalmente se aprueba la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas.
Al defender la iniciativa, la diputada del PP-A María Isabel Lozano ha subrayado que los tres grupos de la oposición se han limitado a lanzar “críticas y reproches” contra la reforma y, llegado el momento de debatirla en el Pleno, han optado por ausentarse para respaldar la huelga general. “Es coherente, porque sus críticas eran críticas vacías y, por eso, sus escaños hoy están vacíos”, ha señalado.
Lozano ha insistido en que “la independencia de una institución no se proclama, se demuestra y empieza por quienes tienen la responsabilidad de ejercerla, y desde ese principio, defendemos la reforma, que no altera la estructura de la Cámara de Cuentas ni las garantías fundamentales para la elección de sus miembros”.
Según ha explicado, “lo que proponemos es eliminar la regla adicional para proponer candidatos”, y ha defendido que “respetar el pluralismo político no significa atribuir la misma garantía de presencia a quienes tienen una representación parlamentaria muy diferente, y eso no significa renunciar a la pluralidad, sino que significa entender que la pluralidad debe ser fruto del diálogo y de los acuerdos parlamentarios y no imponerse mediante una obligación legal”.
El diputado de Vox Benito Morillo ha recalcado que la Cámara de Cuentas “no está para satisfacer los intereses de ningún partido político ni para repartir sillones” ni “tampoco puede convertirse en un instrumento al servicio de las mayorías parlamentarias de cada momento”, sino que su función es “fiscalizar el dinero de todos los andaluces”.
Morillo ha añadido que “una institución independiente no es aquella en la que cada partido tiene asegurado un asiento, es aquella a la que quienes la integran pueden trabajar con independencia de los partidos que la proponen, y ahí está precisamente el fondo de esta iniciativa”. En esa línea, ha recordado que “lo que se plantea es eliminar la garantía de que cada grupo parlamentario, con excepción del grupo mixto, tenga asegurado un consejero a propuesta suya. Consideramos que esa modificación tiene todo el sentido del mundo, porque una cosa es que el Parlamento participe en la elección de los responsables de una institución, y otra muy distinta es que los partidos pretendan convertirla en una prolongación de sus estructuras políticas”.
Contenido y alcance de la proposición de ley
La proposición de ley, registrada en la Cámara autonómica el 16 de octubre, introduce un único cambio: “suprimir el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 24” de la Ley de la Cámara de Cuentas. En dicho párrafo se establece que “todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del grupo mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta” y que “en caso de que ello no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”.
La reforma suprime esos incisos y fija que la tramitación se haga “por urgencia” en el Parlamento. El texto justifica la celeridad porque cuatro de los siete consejeros concluyen su mandato de seis años a comienzos de 2027 y se quiere evitar que, como ya sucedió en el pasado, permanezcan en funciones indefinidamente por falta de mayorías suficientes para renovar los puestos, lo que recortaría el tiempo de mandato de sus sustitutos y afectaría a la legitimidad de quienes siguen en el cargo tras agotar su periodo.
El párrafo primero del punto 1 del artículo 24 de la Ley de la CCA se mantiene intacto. En él se establece que “los consejeros, en número de siete, serán designados por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por mayoría de tres quintas partes de sus miembros, por un período de seis años, renovándose cada tres por tres y cuatro séptimas partes sucesivamente. No podrán ser designados consejeros quienes el año inmediatamente anterior haya tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público en Andalucía, ni quienes hayan sido perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o exenciones concedidas por cualquiera de los entes indicados en el artículo 2”.
En la exposición de motivos se subraya que “mientras que el requisito de una mayoría cualificada de las tres quintas partes de la asamblea legislativa es un lugar común, para asegurar un amplio respaldo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, aunque en ocasiones se vea rebajada la mayoría prevista en segundas votaciones si no se alcanza en las primeras, la exigencia de que cada grupo parlamentario, con excepción del mixto, tenga derecho a que resulte elegido consejero al menos uno de los que haya propuesto, sitúa a la Cámara de Cuentas de Andalucía como una 'rara avis' en el panorama comparado, sin que pueda sostenerse que esta particularidad le haya aportado ventaja alguna en su funcionamiento”.
El texto argumenta también que, “al anteponer el derecho de grupos parlamentarios con muy escaso número de diputados, a la voluntad del resto de la cámara legislativa, se está primando la opinión que puedan tener unos pocos diputados respecto de la cualificación profesional de los candidatos propuestos frente a la opinión de una mayoría muy amplia del Parlamento, lo que ofrece menores garantías de lograr una reconocida competencia en todos los elegidos”.
Además, se advierte de que “esta regla provoca una mayor identificación de los consejeros de la Cámara de Cuentas con los respectivos grupos parlamentarios proponentes, lo que no redunda, precisamente, en la percepción de una independencia de criterio y objetividad en el ejercicio de sus funciones”.
Según la proposición, la obligación de que cada grupo disponga de al menos un consejero “puede llegar a bloquear la necesaria renovación de los miembros del órgano, pese a la existencia incluso de un apoyo parlamentario superior a sus tres quintas partes, impidiendo así el correcto control de los fondos públicos; por no mencionar su imposible cumplimiento si en algún momento existieran ocho grupos parlamentarios, siendo siete el número de consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía”.