El presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús María Royo, ha expuesto que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) "incumplió su labor con conflictos de intereses, retraso en la aprobación y rendición de cuentas, falta de transparencia, insuficiencia de medios propios y concentración empresarial".
Lo ha manifestado este miércoles ante la Ponencia de relaciones con la Cámara, donde ha presentado el Informe de fiscalización de cumplimiento de la legalidad y de gestión del INAGA correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023. "Es un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas", ha remarcado Royo.
Ha lamentado que "no debería la Cámara de Cuentas tener que estar haciendo este trabajo, los expedientes administrativos deberían estar completos, no tendríamos que reconstruir los expedientes incompletos", y ha añadido que entre las recomendaciones figura "reforzar los medios propios, mejorar la trazabilidad de los expedientes, reforzar los controles de compatibilidad y la planificación territorial".
En relación con la plantilla del INAGA, el presidente de la Cámara de Cuentas ha subrayado que "falta personal interno, mientras se da una elevada dependencia externa" y ha advertido de que "en el fondo, se genera un deterioro en la confianza pública".
Respecto a la rendición de cuentas, Royo ha señalado que "se constatan retrasos graves en rendición y aprobación de las cuentas, con hasta dos años de demora". También ha criticado que "el Consejo de Dirección se reunió menos de lo exigido normalmente", para después recalcar que "un organismo con funciones ambientales tan crítica no se puede funcionar con cuentas tardías o un órgano de dirección que no se reúne".
Al abordar la tramitación de proyectos de energías renovables, ha indicado que "no basta con decir que el INAGA tramitó muchos expedientes, sino que la información remitida a la Cámara no permitía conocer los detalles, es una controversia institucional de primer orden".
Sobre los conflictos de intereses, Royo ha precisado que "no es tanto si el INAGA puede o no apoyarse en SARGA, la pregunta es con qué garantías se hizo". Ha añadido que "el informe cuestiona estas garantías y el Instituto no exigía a los promotores declarar a qué grupo empresarial pertenecían".
Críticas de los grupos parlamentarios
Desde el PP, Lorena Tabanera ha recordado que "Aragón vivió entre 2019 y 2023 la mayor oleada de energías renovables de la historia", pero ha reprochado que "el organismo encargado lo hizo con incumplimientos legales". Ha subrayado que "destaca la no aprobación de cuentas anuales en 2021 y 2022, tuvo que ser el Gobierno del PP quien en 2024 aprobara conjuntamente las cuentas de 2021, 2022 y 2023", y ha advertido de que "son preocupantes los cambios que se produjeron en el organigrama sin tener la cobertura jurídica correspondiente".
Por el PSOE, Óscar Galeano ha remarcado que "hay un punto de inflexión en 2015, año a partir del cual el desarrollo del escenario de las renovables en Aragón cobra una velocidad exponencial". Ha explicado que "esa velocidad exponencial de mayor volumen de expedientes no se responde con un incremento de plantillas acorde al volumen" y ha recordado que "en el momento de expansión había tres soluciones: o bien incrementar personal propio, personal temporal a través de SARGA o consultoras externas".
Marta Fernández, de Vox, ha afirmado que "el INAGA funciona mal", y ha señalado que "tiene incumplimientos importantes de legalidad y fallos genéricos a los que hay que atender". Ha añadido "un problema en la gestión de los expedientes y falta de gobernanza institucional" y ha destacado: "Resaltamos el incumplimiento prolongado en el sistema de calidad y gestión ambiental".
La diputada de CHA Verónica Villagrasa ha expresado que "nos preocupa la cuestión de transparencia, ya que desde la Cámara nos señalan incumplimientos reiterados en la rendición de cuentas y deficiencias relevantes". Asimismo, ha mencionado la "insuficiente dotación de recursos humanos y materiales y la necesidad de reforzar la planificación en materia de personal" y ha concluido que "es un problema de modelo".
Tomás Guitarte (A-TE) ha reiterado que "el INAGA incurre en irregularidad tras irregularidad" y ha denunciado la "falta reiterada de rendición de cuentas en plazo". Ha incidido en que "no estamos ante un problema económico, sino ante un problema político de primer nivel que debería revisarse" y, sobre la estructura del sector, ha criticado "la elevada concentración empresarial en manos de unos pocos".
Por último, Marta Abengoceha (IU) ha calificado el documento como "una enmienda a la totalidad de la gestión de las renovables en Aragón", ya que, según ha expuesto, "presenta una estructura financiera con graves disfunciones en la gestión de cobros y destapa descontrol administrativo, sin la asunción de responsabilidades políticas de ningún tipo".