El pleno del Parlament ha dado este miércoles luz verde a que se tramite por lectura única la proposición de ley impulsada por los Comuns para adoptar medidas de contención frente a la especulación en las zonas de mercado tensionado.
La iniciativa ha prosperado con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP, mientras que Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC) han votado en contra.
Esta votación llega después de que Junts y PP comunicasen este martes que han remitido el texto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), al entender que plantea cuestiones que, a su parecer, vulneran derechos y chocan con la Constitución.
Pese a la decisión de Junts y PP, el pleno ha acordado continuar la tramitación por lectura única. A partir de ahora, los grupos parlamentarios podrán registrar enmiendas y, en una fase posterior, será cuando podrán elevar de nuevo la norma al CGE, cuyos dictámenes no tienen carácter vinculante.
Tramitación y efectos en el calendario
El hecho de que estos grupos hayan decidido llevar la proposición al órgano consultivo hará que la eventual aprobación definitiva de la ley quede previsiblemente aplazada hasta después del verano, coincidiendo con el arranque del nuevo periodo de sesiones.
El texto plantea una modificación de la Ley de Urbanismo para que, en las áreas calificadas como zonas de mercado residencial tensionado, los ayuntamientos tengan la posibilidad de acotar la compra especulativa de viviendas mediante el planeamiento urbanístico. Así, las viviendas sólo podrían adquirirse para destinarlas a residencia habitual propia o de un familiar, o bien para alquilarlas como vivienda permanente, respetando en todo caso los límites de precio del alquiler fijados.
Asimismo, contempla que, con carácter excepcional, se pueda adquirir una vivienda distinta de la habitual cuando se trate de la única segunda residencia del comprador y se ubique en otro municipio. El proyecto también endurece el régimen sancionador de la ley al tipificar como infracciones muy graves tanto el incumplimiento de estas restricciones como la utilización de negocios jurídicos simulados con el fin de eludirlas.