El Parlament ha rechazado este jueves solicitar la puesta en marcha de una comisión específica para elaborar una Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) propia en Catalunya que contemplara, entre otros aspectos, la prohibición de desahuciar a personas vulnerables "sin alternativa habitacional estable".
La propuesta formaba parte de una moción de la CUP debatida en el pleno, que no ha salido adelante al recabar únicamente el apoyo de los Comuns y la CUP, frente al voto contrario de Junts, PP, Vox y AC, y la abstención de PSC-Units y ERC.
En el texto, la CUP planteaba que la futura LAU fijara contratos de alquiler de duración indefinida con "cláusulas de excepcionalidad" como la venta de la vivienda a un particular que no sea considerado gran tenedor o el uso residencial acreditado para familiares de primer o segundo grado. Este apartado también ha sido rechazado por la Cámara, pese a contar con los votos favorables de PSC-Units, Comuns y CUP, y la abstención de ERC.
Refuerzo de la inspección y revisión de índices
En cambio, sí ha prosperado otro punto de la misma moción de la CUP que insta al Govern a dotarse de los "recursos necesarios" para reforzar los servicios de inspección y hacer efectivas las sanciones previstas por incumplimientos de la ley de vivienda. Esta iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC, Comuns y CUP, y el rechazo de Junts, PP, Vox y AC.
El pleno también ha acordado reclamar al Gobierno central el "ajuste de los indicadores longitudinales con el objetivo de una bajada del índice de referencia de los alquileres adecuado al salario medio catalán manteniendo la referencia del 30% en la relación adecuada" entre el coste de la vivienda y los ingresos de la unidad familiar.
Además, la Cámara ha pedido la elaboración de un estudio detallado sobre la situación actual del mercado de la vivienda, en especial del alquiler, con el fin de "reforzar el conocimiento de las administraciones" respecto a las vulneraciones de la normativa catalana vinculadas a las viviendas de uso turístico, el alquiler de temporada y por habitaciones, así como a las subidas de precios por encima del límite fijado en las zonas tensionadas.