Los seis procesados por diversos delitos, entre ellos prostitución coactiva, delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales vinculados a una red de trata, han reconocido este jueves los hechos que se les atribuían. Todos han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía que supone una rebaja sustancial de las penas solicitadas y les permite esquivar su ingreso en prisión.
En relación con los dos principales acusados, la condena propuesta se reduce de 13 a 5 años de cárcel, y además se solicita que la ejecución de la pena quede en suspenso siempre que cumplan con el compromiso de abonar las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos investigados
Los principales encausados son una pareja que, desde julio de 2019, se dedicaba en varios pisos alquilados en Mieres, Oviedo, León y Badajoz a explotar y obtener beneficios económicos del ejercicio de la prostitución de mujeres, en su mayoría de origen sudamericano, que habían abandonado sus países por la precariedad económica y en busca de mejores oportunidades, según recoge el escrito fiscal.
Para el hombre, el Ministerio Público solicitaba inicialmente 23 años de prisión por delitos contra los derechos de los trabajadores, prostitución coactiva, maltrato de obra, lucro con la prostitución ajena, delito contra la salud pública y blanqueo de capitales. La misma petición de 23 años de cárcel se formulaba para su pareja.
Junto a ellos figuran otros cuatro acusados, a los que se atribuyen distintos delitos relacionados con la actividad de la red.
De acuerdo con el relato del Ministerio Fiscal, las mujeres aceptaban las duras condiciones de trabajo por su situación de necesidad y la urgencia de obtener ingresos, circunstancia de la que se habrían aprovechado los acusados en su propio beneficio. Debían permanecer disponibles las 24 horas del día y solo podían salir de las viviendas donde residían y trabajaban durante 45 minutos diarios, con una permanencia mínima de 3 semanas en cada piso.
Las víctimas eran obligadas a atender a numerosos clientes de forma consecutiva, sin intervalos suficientes para descansar, lo que derivaba en un fuerte agotamiento físico. Tampoco se les permitía alegar enfermedad, cansancio o el hecho de estar con el período para rechazar la prestación de servicios.
Algunos de estos servicios se realizaban en los domicilios de los clientes, siendo el acusado 1 quien se encargaba de trasladar personalmente a las mujeres. Además, debían proporcionar a los clientes que lo pedían estupefacientes (cocaína) y viagra, sustancias facilitadas por los acusados.
El desempeño de la actividad por parte de las mujeres estaba sometido a un estricto control mediante cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos, cuyas imágenes eran supervisadas desde teléfonos móviles. Para captar clientes, los acusados insertaban anuncios de las mujeres ofreciendo sus servicios en distintas páginas de contactos.
Ninguna de las víctimas contaba con contrato laboral ni estaba dada de alta en la Seguridad Social. Pese a las restricciones vigentes durante la pandemia de COVID-19, los acusados mantuvieron trabajando a varias de ellas durante el período de cierre, asumiendo el riesgo para su salud y desoyendo las prohibiciones existentes en aquel momento.