Cuánto cuesta tener un hijo durante su primer año

A 19 de agosto de 2026, las medidas para ampliar las ayudas económicas a la crianza en España avanzan por varias vías parlamentarias, pero ninguna gran “prestación universal por crianza” está todavía aprobada. Hay un bloque de reformas ya en vigor (especialmente en permisos) que se tramita ahora como proyectos de ley, y otro conjunto de propuestas sobre prestaciones monetarias que se encuentra en fases iniciales o incluso prelegislativas.

1. Permisos de nacimiento y cuidados: enmiendas en el Congreso

La ampliación de los permisos retribuidos, que tiene un impacto directo sobre la renta disponible de las familias con hijos, se ha articulado mediante decretos-ley del Gobierno que luego se tramitan como proyecto de ley:

• Real Decreto-ley 9/2025, de ampliación del permiso de nacimiento y cuidado, fue convalidado por el Pleno del Congreso el 9 de septiembre de 2025 y se acordó su tramitación como Proyecto de Ley 121/000069. Según la información del registro parlamentario, el proyecto:
  • Está en el Congreso de los Diputados.
  • Se tramita por el procedimiento de urgencia.
  • Tiene el plazo de enmiendas ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026, por lo que sigue en fase de enmiendas en comisión.
• El Gobierno ha impulsado también el Proyecto de Ley 121/000027, procedente del Real Decreto-ley 2/2024, sobre simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo y transposición de la Directiva de conciliación. Aunque su núcleo es el desempleo, incluye ajustes en permisos y cuidados. Este proyecto:
  • Se encuentra igualmente en el Congreso.
  • Está en fase de enmiendas al articulado, con plazo también prorrogado hasta el 2 de septiembre de 2026.

En paralelo, el Congreso ha aprobado mociones instando al Ejecutivo a reforzar estas medidas. Por ejemplo, una moción de marzo de 2025 pidió al Gobierno remunerar la totalidad del permiso parental de 8 semanas por hijo y garantizar 16 semanas para familias monoparentales. Estas mociones marcan orientación política, pero no son normas con fuerza de ley.

2. Ley de Familias y proyectos con componentes de crianza

El Ejecutivo ha situado una parte importante de la agenda de apoyo a la crianza en torno a la Ley de Familias:

• El Proyecto de Ley de Familias (121/000011), del Gobierno, está registrado en el Congreso y remitido a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo. Según los datos institucionales, su:
  • Plazo de enmiendas también se ha prorrogado hasta el 2 de septiembre de 2026.
  • Por tanto, sigue en una fase intermedia, sin haber pasado aún a ponencia ni dictamen.
• Dentro de la Ley de Familias se prevé un marco de apoyo económico a la crianza (incluida la llamada “renta crianza”), pero esos contenidos dependen de que la norma salga de la fase de enmiendas y avance en su tramitación.
• Además, otros proyectos en curso, como el 121/000042 (medidas frente a la DANA de 2024), incluyen incrementos temporales del complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital, también en fase de enmiendas con plazo ampliado al 2 de septiembre de 2026.

3. Prestación universal por crianza: propuesta en fase prelegislativa

La medida más citada en el debate público es la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por hijo. Según diversas notas oficiales y noticias parlamentarias:

• El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido esta prestación como objetivo de legislatura y ha señalado que su vía natural sería su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.
• En documentos de Moncloa se indica que la prestación se negociará “en los próximos Presupuestos” y en el marco de la Ley de Familias, pero no figura aún como proyecto de ley específico ni como artículo cerrado en tramitación parlamentaria.
• Varios grupos (SUMAR, entre otros) y organizaciones sociales la han respaldado en comisiones y mociones, pero eso sitúa la propuesta en una fase prelegislativa o de negociación presupuestaria, no en una fase formal de enmiendas sobre un texto concreto.

4. Iniciativas de la oposición sobre conciliación y apoyo económico

El principal paquete alternativo de la oposición es la Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar del Partido Popular:

• En el Congreso, una de sus versiones (122/000129) terminó decaída en 2024 tras el veto del Gobierno y la falta de apoyos suficientes.
• En el Senado, la proposición equivalente (622/000067) fue tomada en consideración y su plazo de enmiendas está ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026. Se encuentra, por tanto, en fase de enmiendas en la Cámara Alta.
• El texto propone ampliar permisos de maternidad y paternidad, introducir ayudas específicas a familias vulnerables y ajustes fiscales, pero no ha culminado todavía el recorrido parlamentario en ninguna de las cámaras.

5. Síntesis

En resumen, las propuestas para ampliar las ayudas económicas a la crianza se encuentran mayoritariamente en fase de enmiendas en comisión (proyectos del Gobierno sobre permisos, desempleo y Ley de Familias) o en fases iniciales (proposiciones de ley de grupos y mociones). La gran “prestación universal por crianza” está hoy en una fase de diseño político y negociación presupuestaria, sin un proyecto de ley específico en trámite avanzado. El grueso de las mejoras efectivas aprobadas hasta ahora ha llegado vía reales decretos‑ley y presupuestos, mientras que la consolidación legislativa de un sistema amplio y estable de ayudas a la crianza sigue pendiente de que se desbloqueen estos textos enmendados.

Con la información disponible en las fuentes consultadas en esta iteración no aparece una descripción específica y sistemática de las competencias de la Agencia Tributaria respecto de la deducción por maternidad en el IRPF. No obstante, sí puede explicarse, con carácter general y desde la óptica del Derecho financiero y tributario, cómo se organizan habitualmente las funciones de un órgano de gestión tributaria respecto de una deducción como la de maternidad, diferenciando entre gestión, comprobación/inspección y recaudación.

1. Funciones de gestión en una deducción como la de maternidad

Bajo la etiqueta de gestión tributaria se agrupan, en términos generales, todas las actuaciones administrativas encaminadas a aplicar un tributo a los contribuyentes concretos. En una deducción vinculada a la maternidad, la función de gestión suele incluir:

• Diseño y tramitación de los modelos de declaración en los que se hace constar la deducción (por ejemplo, el modelo de declaración anual del IRPF o los formularios específicos de solicitud de abono anticipado).
• Recepción y tratamiento de las declaraciones en las que se consigna la deducción: incorporación de los datos a los sistemas de información, generación de borradores, cálculos automáticos de cuotas, etc.
• Reconocimiento inicial del derecho a la deducción, normalmente de forma automatizada a partir de los datos declarados por la persona contribuyente y de la información que obra en poder de la Administración (por ejemplo, datos de hijos, fechas de nacimiento, etc.).
• Control de los pagos anticipados cuando la deducción admite esta modalidad: recepción de solicitudes, comprobaciones formales básicas, ordenación de los pagos periódicos y gestión de su reflejo posterior en la declaración anual del impuesto.
• Atención y asistencia al contribuyente, tanto presencial como por medios telemáticos, para aclarar requisitos, documentación necesaria, modo de consignar la deducción, efectos sobre el resultado de la declaración, etc.

2. Funciones de comprobación e inspección

Una vez declarada la deducción, entran en juego las funciones de comprobación e inspección, que son de carácter más intenso y se orientan a verificar la corrección de lo declarado. En una deducción de maternidad, estas funciones suelen abarcar:

• Verificación de los requisitos personales: existencia del hijo o hijos que dan derecho a la deducción, edad, situaciones de discapacidad cuando sean relevantes, y convivencia o dependencia económica de la persona menor respecto del contribuyente.
• Verificación de la situación laboral: contraste de si la persona contribuyente desarrolla efectivamente una actividad por cuenta propia o ajena y si existe alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una mutualidad alternativa.
• Comprobación de los importes aplicados: revisión de que la cuantía de la deducción no excede de los límites legales, que se ha prorrateado correctamente cuando hay varios progenitores con derecho, y que los pagos anticipados se han regularizado de forma adecuada.
• Requerimientos de información a la propia persona contribuyente (aportación de certificados, libros de familia, resoluciones administrativas) y a otras administraciones públicas (por ejemplo, organismos de Seguridad Social) para contrastar datos.
• Regularización de la situación tributaria cuando se aprecian discrepancias: emisión de liquidaciones provisionales o definitivas, minorando o suprimiendo la deducción e incluyendo, en su caso, intereses de demora.
• Actas de inspección en los supuestos de comprobación más profunda, en los que se revisan varios ejercicios o un conjunto amplio de elementos de la declaración, incluida la deducción.

3. Funciones de recaudación y reintegro

Cuando, como consecuencia de la comprobación, resulta que el contribuyente ha disfrutado de una deducción por maternidad superior a la que legalmente le correspondía, entran en juego las funciones de recaudación. De forma general, esto incluye:

• Exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, tanto si derivan de la aplicación de la deducción en la declaración anual como si proceden de pagos anticipados.
• Gestión en vía voluntaria, fijando plazos de ingreso y medios de pago, y permitiendo aplazamientos y fraccionamientos cuando lo permita la normativa.
• Actuaciones en vía ejecutiva si no se ingresa la deuda en período voluntario: recargos, embargo de bienes y derechos y demás medidas propias de la recaudación forzosa.

4. Marco normativo y revisión en vía administrativa

Desde una perspectiva general, las competencias de la administración tributaria estatal se enmarcan en la normativa que regula el sistema tributario y la organización de la Hacienda Pública. Esa normativa distribuye funciones de gestión, inspección y recaudación y prevé mecanismos de revisión en vía administrativa (recursos de reposición, reclamaciones económico-administrativas) frente a las liquidaciones y actos que afecten, entre otros elementos, a la deducción por maternidad.

Si necesitas un desglose artículo por artículo de las normas que atribuyen formalmente estas competencias y regulan de manera expresa la deducción por maternidad, habría que acudir al texto actualizado de la legislación tributaria, algo que exigiría una búsqueda normativa detallada y específica.

El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAI) es una cantidad mensual adicional ligada al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para unidades de convivencia con menores. Sus requisitos se regulan principalmente en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que establece el ingreso mínimo vital, y en su disposición adicional décima para el caso especial de quienes proceden de la antigua asignación por hijo a cargo.

1. Existencia de menores en la unidad de convivencia

El primer requisito esencial es que la unidad de convivencia incluya menores de edad entre sus miembros:

• La ley exige que se trate de unidades de convivencia que incluyan menores de 18 años.
• El complemento se abona por cada menor de edad miembro de la unidad, no por hogar en su conjunto.
• La cuantía depende de la edad del menor a 1 de enero de cada ejercicio (aunque esto afecta a la cuantía, no al acceso en sí).

2. Requisitos de renta y patrimonio

Para acceder al complemento, se exige una situación económica limitada, referida al ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud:

• Los ingresos computables del beneficiario individual o de la unidad de convivencia deben ser inferiores al 300 % de los umbrales fijados en el anexo I de la Ley 19/2021.
• El patrimonio neto (excluida la vivienda habitual) debe ser inferior al 150 % de los límites establecidos en el anexo II.
• Debe superarse el denominado “test de activos” del anexo III, que concreta qué bienes y derechos se tienen en cuenta.
• Estos datos de renta y patrimonio se comprueban a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las haciendas forales, según el territorio, sin necesidad de consentimiento expreso de la persona interesada.

Dichos límites son más amplios que los del propio IMV (se sitúan en el 300 % y 150 % de los umbrales básicos), por lo que el complemento puede alcanzar a unidades que se sitúan en un nivel de ingresos algo superior al estrictamente exigido para la prestación base.

3. Relación con el Ingreso Mínimo Vital

La ley configura el CAI como un complemento del IMV:

• Se dirige a personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o sus unidades de convivencia.
• El complemento se calcula y abona junto con la prestación, como parte de la “renta garantizada” que determina la cuantía mensual del IMV.
• Su reconocimiento y control los realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que cruza datos con padrones y administraciones tributarias.

4. Requisitos de empadronamiento y convivencia

Aunque la ley remite a los requisitos generales del IMV, la propia disposición adicional décima precisa para los beneficiarios de la antigua asignación por hijo a cargo:

• La unidad de convivencia debe estar constituida por el beneficiario de la asignación por hijo a cargo, el otro progenitor (si conviven) y los hijos o menores causantes de dicha asignación.
• Las personas mencionadas deben ser las únicas empadronadas en el mismo domicilio, de acuerdo con los datos del Padrón municipal.
• El INSS accede a la base de datos de coordinación de padrones del Instituto Nacional de Estadística para comprobar esa convivencia y empadronamiento.

Para nuevos solicitantes de IMV, rigen los requisitos generales de residencia efectiva en España y empadronamiento conjunto de la unidad de convivencia, que se aplican también al complemento.

5. Incompatibilidades específicas

La Ley 19/2021 establece una incompatibilidad expresa:

• El Complemento de Ayuda para la Infancia es incompatible con la antigua asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %.
• Cuando una persona tenga derecho a ambas prestaciones, deberá optar por una de ellas; la que no se elija queda extinguida.
• Si no se ejerce opción en el plazo previsto, se entiende que se opta por el complemento de ayuda para la infancia.

6. Otras condiciones y precisión final

Además de estos requisitos específicos, deben cumplirse los requisitos generales de acceso y mantenimiento del IMV (situación de vulnerabilidad económica, configuración válida de la unidad de convivencia, obligaciones de información, etc.), dado que el complemento se integra en la propia estructura de la prestación.

En resumen, para acceder al Complemento de Ayuda para la Infancia es imprescindible: tener menores en la unidad de convivencia, situarse por debajo de los umbrales reforzados de renta y patrimonio, cumplir las exigencias de empadronamiento y convivencia, y no compatibilizarlo con la antigua asignación por hijo a cargo, todo ello bajo la comprobación automatizada del INSS y las administraciones tributarias.