El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes una petición formal al Ejecutivo central para que adopte de inmediato actuaciones que refuercen la seguridad ferroviaria en el corredor de Alta Velocidad que une Andalucía con Madrid, a raíz del accidente registrado en Urda (Toledo).
En su acuerdo, el Gobierno andaluz reclama al Estado la puesta en marcha de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Andalucía que actúe como cauce de interlocución “permanente, ágil y directo” y permita supervisar de forma conjunta las medidas que el ministerio vaya desplegando en este corredor.
El Ejecutivo autonómico subraya que el impacto de este último siniestro, unido al accidente ocurrido hace nueve meses en Adamuz (Córdoba), repercute de forma directa en Andalucía y, por ello, demanda un compromiso firme de todas las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha explicado los detalles del acuerdo y ha recordado que, desde hace seis años, la Junta viene trasladando al entonces Ministerio de Fomento la urgencia de revisar el mapa ferroviario andaluz. Ha insistido en que resulta esencial disponer de un canal estable de coordinación entre ambas administraciones, que facilite un seguimiento conjunto de las actuaciones y garantice información periódica y actualizada.
“Queremos conocer de primera mano la evolución de los trabajos de reparación y de la auditoría solicitada, los plazos previstos para la recuperación del servicio ferroviario y, sobre todo, las alternativas de movilidad que se van a poner a disposición de los ciudadanos”, según ha añadido.
El consejero ha señalado igualmente que la Junta no dispone de “absolutamente ninguna información” sobre la fecha en la que podría restablecerse la circulación por la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid.
Respecto al contenido del acuerdo, se insta al Gobierno de España a que, ante la gravedad de lo sucedido, lleve a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en las que se presta el servicio ferroviario, del estado de conservación de las infraestructuras y del funcionamiento de los sistemas de seguridad y señalización.
“La investigación deberá esclarecer todas las circunstancias y determinar si, más allá de posibles causas concretas, existen deficiencias de carácter estructural o sistémico relacionadas con la planificación, la conservación y el mantenimiento de la red ferroviaria”, según ha añadido el consejero andaluz.
Para reforzar al máximo la seguridad de los viajeros, aumentar la fiabilidad del sistema y recuperar la confianza de la ciudadanía en el tren, la Junta reclama al Ejecutivo central que, de forma paralela a la investigación, se acometa una auditoría técnica integral e independiente de la infraestructura y de sus sistemas de seguridad, se incrementen las partidas destinadas a conservación y mantenimiento de la red ferroviaria y se amplíen las medidas extraordinarias de movilidad que mitiguen los efectos del corte de las comunicaciones ferroviarias entre Andalucía y Madrid.
En relación con el mantenimiento de la red, el Consejo de Gobierno alude a los datos difundidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sus últimos informes señalan que la actividad ferroviaria, medida en trenes-kilómetro, creció un 56,3% entre 2019 y 2025, mientras que el gasto en reparaciones y conservación de la infraestructura por tren-kilómetro cayó un 29,9%.
Asimismo, se mencionan los objetivos de mantenimiento planteados recientemente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que cifra en 1.800 millones de euros anuales el gasto necesario para el conjunto de la red (Alta Velocidad, Media Distancia y cercanías), un 64% por encima de los 1.100 millones previstos en los Presupuestos de 2025.
Estos datos, según recoge el acuerdo del Consejo de Gobierno, evidencian el “desequilibrio entre el aumento del uso de la red y los recursos destinados a su conservación”. Por ello, se solicita revisar si la planificación y los medios destinados al mantenimiento se ajustan a las exigencias de explotación, como vía para asegurar la seguridad y la fiabilidad del servicio ferroviario.
A este escenario se suma la fuerte alteración de la conectividad por tren entre Andalucía y Madrid, que está generando “graves consecuencias económicas y sociales para Andalucía”. El consejero ha apuntado que el cierre de esta conexión estratégica obliga a reforzar y replantear las alternativas de transporte, tanto aéreo como por carretera, mientras no se recupere la normalidad ferroviaria.
El Consejo de Gobierno incide también en las reiteradas advertencias sobre el “deterioro progresivo” del servicio ferroviario en Andalucía y en las solicitudes formuladas por la Junta en los últimos años para abrir un debate sobre la situación del mapa ferroviario andaluz. Según el Ejecutivo autonómico, el problema se ha ido agravando con averías frecuentes, retrasos y un empeoramiento general de las prestaciones, hasta desembocar en el actual apagón ferroviario y en la incertidumbre sobre la fiabilidad del tren.
En este periodo, de acuerdo con la Junta, se han remitido múltiples comunicaciones a los sucesivos ministros competentes, incluida una declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno, y el Parlamento andaluz ha dado luz verde a siete proposiciones no de ley reclamando mejoras en las infraestructuras ferroviarias.
Además, en octubre de 2024 se entregó el informe “Infraestructuras para Andalucía” en la única reunión mantenida en ocho años con un ministro de Transportes, y estas reivindicaciones se reiteraron en la única Conferencia Sectorial de Transportes celebrada en cuatro años, en julio de 2026, “sin que se haya dado respuesta a las principales iniciativas planteadas”, según la Junta.