Quién puede hacer huelga general y quién no: las restricciones para policías, abogados y autónomos

La vía adecuada sería aprobar una ley orgánica, siguiendo el procedimiento legislativo de Congreso y Senado, con mayoría absoluta del Congreso en la votación final de conjunto. Regular expresamente esta materia no exige, por sí solo, reformar la Constitución, pero obliga a conciliar la huelga con la independencia judicial y los derechos de quienes acuden a la justicia.

1. Determinar el alcance y el rango

Habría que definir si se pretende reconocer el derecho, establecer sus condiciones o introducir restricciones. No son opciones constitucionalmente intercambiables: superar los trámites parlamentarios no garantiza que cualquier contenido resulte constitucional.

La regulación del núcleo de un derecho fundamental conecta con la reserva de ley orgánica del artículo 81 de la Constitución. Para jueces y magistrados concurre, además, la reserva sobre su estatuto jurídico del artículo 122.1. La iniciativa podría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y coordinar esa reforma con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La denominación «estatuto orgánico» no determina por sí sola el rango de sus disposiciones.

Solo si se quisiera modificar la propia Constitución sería necesario acudir al procedimiento de reforma correspondiente. Si se afectara al artículo 28.2, se aplicaría el procedimiento agravado: dos tercios de ambas Cámaras, disolución, ratificación por las nuevas Cortes, aprobación por dos tercios y referéndum obligatorio.

2. Iniciar la tramitación

• Proyecto del Gobierno: tras su aprobación por el Consejo de Ministros, se remitiría al Congreso con exposición de motivos y antecedentes. No necesita toma en consideración.
• Proposición de ley: podría partir de los sujetos constitucionalmente habilitados. En el Congreso puede presentarla un grupo o un diputado con otras catorce firmas. Debe superar la toma en consideración: la decisión del Pleno de comenzar a tramitarla. Si procede del Senado y allí fue tomada en consideración, no se repite esa votación.

La Mesa ordenaría su publicación y remisión a la comisión competente. También calificaría su carácter orgánico, oída la Junta de Portavoces, conforme al artículo 130 del Reglamento del Congreso.

3. Enmiendas, comisión y Pleno

El plazo ordinario para enmiendas es de quince días hábiles, susceptible de modificación. Si un proyecto recibe enmiendas a la totalidad, el Pleno debate primero su devolución o un texto alternativo. Las proposiciones ya tomadas en consideración tienen particularidades, incluida la exclusión general de enmiendas de devolución.

Después, una ponencia estudia el articulado y las enmiendas y elabora un informe. La comisión debate y aprueba su dictamen; el Pleno resuelve las enmiendas mantenidas y vota el texto.

La aprobación orgánica exige mayoría absoluta en votación final de conjunto. Si no se alcanza, el texto vuelve a comisión para un nuevo dictamen en un mes. Si vuelve a faltar esa mayoría, queda rechazado.

4. Senado y aprobación definitiva

El Senado puede aprobar el texto, introducir enmiendas o vetarlo. El plazo constitucional ordinario es de dos meses, reducido a veinte días naturales en proyectos declarados urgentes. El veto requiere mayoría absoluta.

Si hay veto, el Congreso necesita mayoría absoluta para levantarlo tratándose de una ley orgánica. Si hay enmiendas, decide sobre ellas y somete el conjunto resultante a mayoría absoluta; si esta falla, queda ratificado el texto inicial del Congreso y rechazadas las modificaciones senatoriales.

Finalmente, procede la sanción real en quince días, promulgación y publicación.

5. Garantías materiales

El texto debería precisar convocatoria, preaviso, efectos retributivos, responsabilidades y garantías de continuidad: guardias, detenidos y actuaciones urgentes. También debería distinguir la independencia jurisdiccional de los jueces de la organización del Ministerio Fiscal, evitando interferencias en decisiones judiciales y protegiendo la tutela judicial efectiva.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial en España. Su función principal es garantizar la independencia de jueces y magistrados mediante el ejercicio de competencias sobre su carrera profesional y el funcionamiento gubernativo de los órganos judiciales. Su marco jurídico se encuentra fundamentalmente en el artículo 122 de la Constitución y en la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, especialmente en su libro VIII.

1. Gobierno judicial, no ejercicio de la justicia

El CGPJ no juzga ni revisa sentencias: esa potestad corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Tampoco puede ordenar a un juez cómo resolver un procedimiento ni sustituir los recursos judiciales. Su cometido es proteger la independencia judicial y ejercer las atribuciones de gobierno que le reconoce la ley, sin asumir todas las responsabilidades administrativas de la Administración de Justicia.

2. Carrera judicial y nombramientos

Una parte esencial de sus funciones afecta a la trayectoria profesional de jueces y magistrados:

• Selección y formación: participa en la selección de los miembros de la carrera judicial y desarrolla sus competencias de formación inicial y continua, especialmente mediante la Escuela Judicial.
• Destinos y ascensos: resuelve los concursos, promociones y nombramientos que le atribuye la legislación, conforme a los requisitos y procedimientos aplicables.
• Situaciones administrativas: decide sobre permisos, licencias, excedencias, jubilaciones y otras situaciones profesionales en los términos legalmente establecidos.
• Altos cargos judiciales: interviene en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de presidencias de tribunales y audiencias. Propone el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo.

Además, propone el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional y debe ser oído antes del nombramiento del fiscal general del Estado. Esto no significa que gobierne el Ministerio Fiscal.

3. Inspección y responsabilidad disciplinaria

El Consejo ejerce la superior inspección de los tribunales para comprobar el funcionamiento de los servicios judiciales y detectar deficiencias. Esta inspección no permite controlar la interpretación jurídica de los jueces ni corregir sus resoluciones.

También ejerce la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados: investiga posibles infracciones profesionales y adopta las decisiones que correspondan mediante los órganos y procedimientos previstos. La responsabilidad disciplinaria es distinta de la responsabilidad penal o civil y debe respetar las garantías de defensa.

4. Reglamentos, informes y propuestas

El CGPJ puede aprobar reglamentos sobre su organización, personal y funcionamiento, así como desarrollar determinadas materias del estatuto judicial dentro de la habilitación legal. No puede modificar leyes ni regular libremente cualquier aspecto de la justicia.

Emite informes sobre anteproyectos de ley y disposiciones generales relacionados, entre otras materias, con la organización judicial, el estatuto de jueces y magistrados, las normas procesales y determinados aspectos penales o penitenciarios. Estos informes no equivalen a aprobar la norma ni sustituyen la decisión del Gobierno o de las Cortes.

5. Gestión y relación con otras instituciones

• Presupuesto propio: elabora y ejecuta su presupuesto y controla su cumplimiento.
• Información jurídica: organiza la publicación oficial de resoluciones judiciales y desarrolla tareas de documentación.
• Memoria anual: informa a las Cortes Generales sobre el estado, funcionamiento y necesidades de la justicia, pudiendo proponer mejoras.
• Cooperación y coordinación: participa, dentro de sus competencias, en relaciones institucionales y cooperación judicial internacional.

Finalmente, sus atribuciones deben distinguirse de las del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas sobre medios personales y materiales. Además, cuando el Consejo está en funciones, la ley limita determinadas facultades, especialmente de nombramiento: sus competencias ordinarias no se mantienen íntegramente en esa situación.

En España, un empresario solo puede realizar un cierre patronal defensivo y temporal, vinculado a una huelga u otra alteración colectiva del trabajo y justificado por alguna de las causas legalmente previstas. No basta con que exista una huelga ni puede utilizarse el cierre como una medida general de presión sobre la plantilla.

Los requisitos esenciales se encuentran en los artículos 12 a 15 del Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo. Esta figura no debe confundirse con el cierre definitivo de una empresa por motivos económicos.

1. Existencia de un conflicto colectivo y una causa concreta

El artículo 12 permite cerrar el centro de trabajo únicamente «en caso de huelga o cualesquiera otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo», cuando concurra al menos una de estas circunstancias:

• Peligro notorio de violencia para las personas o de daños graves para las cosas. No basta una preocupación genérica: debe existir el peligro que exige la norma.
• Ocupación ilegal del centro o de alguna de sus dependencias, o peligro cierto de que se produzca. La ley exige ilegalidad de la ocupación o certeza del peligro, no una mera sospecha.
• Impedimento grave del proceso normal de producción debido al volumen de ausencias o a las irregularidades en el trabajo. Una reducción de actividad no equivale, por sí sola, al impedimento grave exigido.

Por tanto, la decisión debe apoyarse en hechos que encajen en alguna de esas causas. La mera convocatoria de huelga o las pérdidas asociadas al conflicto no constituyen, por sí mismas, una autorización para cerrar.

2. Finalidad defensiva, no ofensiva

El cierre debe responder a las circunstancias anteriores y servir para proteger a las personas, los bienes o la posibilidad de reanudar la actividad. El propio preámbulo del Real Decreto-ley señala que solo es válido el cierre «de respuesta».

No puede emplearse preventivamente para impedir una huelga futura ni mantenerse como castigo o instrumento de presión una vez desaparecida la causa que lo justificó.

3. Comunicación a la autoridad laboral

El empresario no necesita autorización administrativa previa. Sin embargo, el artículo 13.1 obliga a poner el cierre en conocimiento de la autoridad laboral en el término de doce horas desde que se efectúa. Es una comunicación posterior, no una solicitud de permiso.

Los artículos citados no establecen un preaviso general obligatorio a la representación de los trabajadores. Como precaución práctica, conviene documentar los hechos, la hora del cierre, los centros afectados y la comunicación realizada; esa documentación no sustituye la existencia de una causa legal.

4. Duración indispensable y reapertura

Según el artículo 13.2, el cierre debe limitarse al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad o eliminar las causas que lo motivaron. No existe una duración fija que permita mantenerlo automáticamente.

Además, conforme al artículo 14, el empresario debe reabrir cuando la autoridad laboral lo requiera, dentro del plazo señalado, permitiendo la reincorporación del personal. Haber iniciado legalmente el cierre no permite prolongarlo sin justificación.

5. Consecuencias del incumplimiento

El artículo 12.2 remite, para los efectos del cierre lícito sobre el personal afectado, a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 6. La licitud del cierre y sus efectos pueden ser examinados por la jurisdicción laboral.

Si el cierre es ilegal, el artículo 15 establece la obligación de reabrir y abonar los salarios devengados por quienes dejaron de trabajar como consecuencia de él, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. También prevé consecuencias por incumplir el requerimiento de reapertura.