La Gran Distribución reclama cinco reformas al próximo Gobierno en una jornada marcada por los nuevos hábitos de consumo

Las reformas que ANGED viene reclamando se agrupan en varios bloques (desregulación y unidad de mercado, horarios comerciales, fiscalidad, laboral/absentismo y urbanismo-comercio). Hoy no existe una “ley ANGED” en tramitación; sus demandas se canalizan de forma dispersa a través de iniciativas estatales, autonómicas y mociones parlamentarias. A partir de lo localizado, el panorama y los siguientes pasos previsibles serían, de forma sintética, el siguiente.

1. Desregulación y simplificación normativa

• Ámbito estatal: el Gobierno está desarrollando el llamado “Régimen 20” para reducir trabas regulatorias y homogeneizar requisitos entre comunidades autónomas, con participación de sectores como el comercio minorista. En el Senado se ha tomado en consideración una proposición de ley sobre simplificación y racionalidad de trámites ciudadanos, ya debatida y respaldada ampliamente, que ahora debe seguir con fase de enmiendas, ponencia y dictamen antes de volver al Pleno y, en su caso, al Congreso.
• Ámbito autonómico: en la Comunidad de Madrid se ha culminado la fase de anteproyecto y acuerdo de Gobierno de la Ley de medidas contra la hiperregulación para el impulso económico; el texto ya ha sido remitido a la Asamblea, donde se ha admitido a trámite y debe recorrer el procedimiento legislativo ordinario (enmiendas, comisión, pleno).
• Otros instrumentos: varias comunidades (Valenciana, Baleares, Canarias, etc.) han aprobado decretos u órdenes de simplificación administrativa o programas de apoyo al comercio, pero son reformas puntuales, no una gran reforma de desregulación general.

Siguientes pasos clave: en todas estas iniciativas, la aprobación definitiva exige completar fase de enmiendas en comisión, dictamen, debate y votación plenaria en la cámara correspondiente, y en el caso de leyes autonómicas su publicación en el boletín oficial regional.

2. Horarios comerciales y Zonas de Gran Afluencia Turística

• ANGED reclama más libertad horaria y critica la existencia de centenares de normativas distintas sobre apertura en domingos y festivos. Hoy no consta una reforma estatal de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales alineada con esa petición; de hecho, se ha anunciado en el Congreso una proposición de ley de Sumar para restringir la liberalización de horarios y limitar la capacidad de algunas comunidades para ampliar aperturas, que iría en dirección opuesta a las demandas de ANGED.
• La política de horarios se está moviendo sobre todo a nivel autonómico: resoluciones recientes en Canarias, Comunidad Valenciana o La Rioja modifican calendarios de aperturas o amplían zonas de gran afluencia turística. Son decisiones ya aprobadas y publicadas para 2026–2027, no reformas en debate.

Siguientes pasos: mientras no se abra una reforma estatal de la Ley de Horarios, el margen está en las leyes autonómicas de comercio y en resoluciones anuales de festivos y ZGAT. Cualquier iniciativa estatal que aumente la libertad horaria debería pasar por registro en Congreso, toma en consideración, enmiendas y doble lectura Congreso–Senado.

3. Unidad de mercado y plataformas digitales

• ANGE­D reclama que plataformas como Shein o Temu soporten las mismas obligaciones fiscales, aduaneras y de seguridad de producto que el comercio establecido. Hoy esto se está abordando sobre todo vía normativa europea (Reglamento de Servicios Digitales, reforma del IVA digital, vigilancia de mercado) y su transposición.
• A nivel estatal, el proyecto de ley para adaptar el IVA a la era digital, que afecta de lleno al comercio electrónico, llegó a aprobarse en Consejo de Ministros, pero la iniciativa ha caducado antes de completar la tramitación parlamentaria, por lo que tendría que volver a remitirse como nuevo proyecto.

Siguientes pasos: el Gobierno puede reactivar ese proyecto o tramitar uno nuevo; en paralelo, el Senado ha debatido mociones instando a acelerar transposiciones financieras y de sostenibilidad, pero las mociones solo fijan posición política, no modifican directamente las normas.

4. Fiscalidad y absentismo

• Las propuestas de ANGED de “fiscalidad más competitiva” chocan con una agenda fiscal estatal que, en parte, va en sentido inverso (mayor carga sobre grandes corporaciones). Las reformas fiscales vistas en las Cortes (por ejemplo, proposiciones de ley en el Senado para aliviar la presión sobre pymes y autónomos mediante cambios en Sociedades e IAE) no responden específicamente al gran comercio y están todavía en fases intermedias de tramitación.
• En absentismo y mutuas, hoy las medidas están en el plano de informes y planes de gestión dentro del marco vigente de Seguridad Social y prevención de riesgos; no se ha identificado una reforma legal en curso que recoja de forma explícita la agenda planteada por ANGED.

5. Urbanismo, implantación comercial y seguridad jurídica

Las preocupaciones de ANGED sobre licencias, tiempos de apertura de grandes superficies y seguridad jurídica en el planeamiento se relacionan con iniciativas como la proposición de ley del PP en el Senado sobre seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, ya tomada en consideración y en fase de tramitación, y con múltiples modificaciones de planes generales y normas urbanísticas aprobadas por comunidades y ayuntamientos. Son reformas relevantes para el entorno del comercio, pero no diseñadas a medida de ANGED.

Conclusión práctica

En conjunto, las reformas que ANGED reclama se encuentran en una situación fragmentada: algunas líneas (desregulación, simplificación, seguridad jurídica urbanística) sí cuentan con textos en tramitación avanzada; otras (libertad horaria nacional, tratamiento de plataformas asiáticas, agenda específica sobre absentismo) aún no se han traducido en proyectos de ley concretos o han decaído. Para su eventual aprobación será necesario que el Gobierno o los grupos registren iniciativas alineadas con esas demandas, superen el filtro político de las mayorías en Congreso y Senado y, en lo territorial, que las comunidades autónomas modifiquen su propia legislación de comercio, fiscalidad y urbanismo.

En la legislación vigente española no existe una categoría jurídica autónoma de “vicepresidencia económica” con un catálogo cerrado de competencias. Lo que hay es una vicepresidencia del Gobierno a la que, por decisión política del presidente, se le asignan funciones y carteras vinculadas a la política económica (por ejemplo, asumir el Ministerio de Economía y presidir la Comisión Delegada para Asuntos Económicos). A partir de ahí, sus competencias derivan de tres bloques normativos.

1. Régimen general de las vicepresidencias (Ley 50/1997)

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, fija el marco básico:

• Art. 3: establece que al Vicepresidente o Vicepresidentes “les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente”. Es decir, sus competencias no vienen definidas directamente por la ley, sino por la delegación u encomienda del presidente del Gobierno (Ley 50/1997).
• Si un vicepresidente asume la titularidad de un departamento ministerial, ostenta también la condición de ministro (art. 3.2). En la práctica, esto ocurre cuando la vicepresidencia se diseña como “vicepresidencia económica” y va unida al Ministerio de Economía, Hacienda u otra cartera económica.
• La misma ley regula los órganos colegiados en los que puede desplegar su papel coordinador: el Consejo de Ministros (art. 5) y, sobre todo, las Comisiones Delegadas del Gobierno (art. 6), que son las encargadas de estudiar y resolver asuntos que afectan a varios ministerios, entre ellos los económicos.
• El art. 8 permite que un vicepresidente presida la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, pieza clave de coordinación previa al Consejo de Ministros, aunque esta presidencia también puede recaer en el ministro de la Presidencia.

De esta arquitectura se desprende una idea central: la vicepresidencia no tiene un “bloque cerrado” de competencias propias, sino que actúa como pieza de dirección política intermedia entre la Presidencia y los ministerios, con un peso que depende de las funciones que el presidente le asigne y de los órganos que le haga presidir.

2. Reales decretos sobre las vicepresidencias

El esquema general de la Ley del Gobierno se concreta en reales decretos que ordenan las vicepresidencias en cada legislatura. Actualmente, el Real Decreto 830/2023, de 20 de noviembre, sobre las Vicepresidencias del Gobierno, y sus modificaciones posteriores, desarrollan el art. 3 de la Ley del Gobierno:

• Reitera que a la Vicepresidencia Primera “le corresponde el ejercicio de las funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno” (RD 830/2023; RD 255/2026).
• Prevé expresamente que el presidente puede atribuir a esas vicepresidencias la presidencia de una o varias Comisiones Delegadas del Gobierno, instrumento clave para configurar una vicepresidencia como “económica”.

Las reformas recientes han ido en esa dirección: el Real Decreto 255/2026 concreta que la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa ejerce, además de las funciones que le encomiende el presidente, la presidencia de determinadas comisiones de alto contenido económico (RD 255/2026).

3. Coordinación de la política económica: Comisiones Delegadas

La vertiente realmente “económica” de la vicepresidencia se configura a través de las Comisiones Delegadas del Gobierno y, en particular, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos:

• El art. 6 de la Ley 50/1997 establece que estas comisiones se crean por real decreto y define sus funciones generales: examinar cuestiones que afecten a varios ministerios, elaborar propuestas conjuntas previas al Consejo de Ministros, resolver asuntos interministeriales que no requieran ir al Consejo, y ejercer otras atribuciones que les confiera el ordenamiento jurídico.
• El Real Decreto 1/2024, de 9 de enero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, crea y regula la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, atribuyéndole, además de las funciones generales del art. 6.4 de la Ley del Gobierno, el estudio de las directrices generales de política económica del Gobierno y la coordinación y coherencia de las políticas de los distintos ministerios con los criterios de política económica del Ejecutivo (RD 1/2024).
• El Real Decreto 260/2026, de 31 de marzo, modifica este esquema para que la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos corresponda al Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa (RD 260/2026).

En la práctica, esto significa que la vicepresidencia económica:

• Preside el órgano colegiado donde se discuten y encauzan todas las decisiones con trascendencia económica, financiera o presupuestaria que afecten al conjunto de la economía o a sectores relevantes, con independencia de la forma jurídica que adopten (ley, real decreto, acuerdo, etc.).
• Dirige la preparación y seguimiento de las grandes líneas de política económica, al ser el punto de encuentro de los ministerios económicos (Hacienda, Trabajo, Economía, Industria, Transporte, etc.) y otros departamentos con impacto económico.
• Garantiza la coherencia interministerial de las medidas económicas antes de que lleguen al Consejo de Ministros.

4. Síntesis: competencias típicas de una vicepresidencia económica

Sumando el marco general y la regulación vigente, puede decirse que una vicepresidencia económica en España tiene, típicamente:

• Competencias derivadas de la Ley del Gobierno: todas las que le encomiende el presidente (art. 3 de la Ley 50/1997), incluida la coordinación de políticas y la dirección de determinadas áreas.
• Competencias ministeriales propias: al integrar el Ministerio de Economía (u otra cartera económica), ejerce las atribuciones reglamentarias y de gestión que las leyes asignan a ese departamento.
• Funciones colegiadas de coordinación económica: presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y de otros órganos colegiados relacionados (según RD 1/2024 y RD 260/2026), encargados de:
  • Estudiar las directrices generales de la política económica del Gobierno.
  • Velar por la coherencia de las políticas de los distintos ministerios con esas directrices.
  • Filtrar y armonizar medidas con impacto económico antes de su elevación al Consejo de Ministros.

En resumen, la legislación configura la vicepresidencia económica más como un centro de coordinación y dirección política de la acción económica del Gobierno, construido mediante encomiendas del presidente y presidencias de órganos colegiados, que como una figura con un listado cerrado de competencias definido directamente por la ley.

En España, modificar los horarios comerciales (ampliarlos o restringirlos) exige respetar un marco mixto estatal–autonómico–local, articulado sobre la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, la normativa autonómica de comercio interior y, en su caso, las ordenanzas municipales. Ese marco fija unos mínimos de libertad y unos criterios comunes que las comunidades y ayuntamientos no pueden rebajar, aunque sí matizar y desarrollar.^{Ley 1/2004}

1. Reparto de competencias

• Estado: establece las bases mediante la Ley 1/2004, dictada al amparo del art. 149.1.13ª CE (bases y ordenación de la economía). Reconoce la libertad de horarios “dentro del marco definido por esta Ley” y fija límites mínimos y criterios básicos sobre horario global, domingos y festivos, y libertad para ciertos establecimientos y zonas.^{texto consolidado}
• Comunidades autónomas: tienen la competencia de comercio interior y regulan el horario de apertura y cierre “en sus respectivos ámbitos territoriales”, dentro de esos límites básicos. Lo desarrollan en sus leyes de comercio y normas específicas de horarios (por ejemplo, Andalucía en el Decreto Legislativo 1/2012 y Galicia en la Ley 13/2006).
• Ayuntamientos: suelen intervenir para ajustar días concretos y zonas: permutan festivos dentro del calendario autonómico, proponen zonas de gran afluencia turística (ZGAT) y regulan detalles en ordenanzas de mercados o actividades.

2. Límites básicos estatales que condicionan cualquier cambio

• Horario global semanal: las comunidades no pueden fijar un horario global de días laborables inferior a 90 horas semanales. Dentro de ese máximo, cada comerciante elige su horario concreto de apertura y cierre en laborables.^{Ley 1/2004, art. 3; modificado por RDL 20/2012}
• Domingos y festivos: el número mínimo de domingos y festivos autorizados para abrir es de 16, que las comunidades pueden aumentar o reducir, pero nunca por debajo de 10. Cada autonomía aprueba su calendario anual indicando esos días; el comerciante decide si abre y en qué horario.^{art. 4}
• Libertad horaria para ciertos establecimientos: la ley reconoce plena libertad (días y horas) a:
  • Pastelerías, panaderías, venta de platos preparados, prensa, floristerías, gasolineras, etc.
  • Tiendas de conveniencia y comercios de reducida dimensión (menos de 300 m² de venta), con requisitos de PYME y de no pertenecer a grandes grupos.
  • Establecimientos en estaciones, medios de transporte, puntos fronterizos y, de forma destacada, en zonas de gran afluencia turística.^{art. 5}

3. Zonas de gran afluencia turística (ZGAT)

La ampliación real de horarios suele canalizarse a través de ZGAT, figura reforzada por el Real Decreto‑ley 20/2012 y la Ley 18/2014, que introducen criterios objetivos y efectos automáticos de libertad de horarios si no se declara al menos una zona en ciertos municipios.^{RDL 20/2012; Ley 18/2014}

• Quién declara: la comunidad autónoma, normalmente a propuesta del ayuntamiento.
• Criterios legales: la Ley 1/2004 exige justificar que concurren circunstancias como:
  • Alta concentración de plazas turísticas o segundas residencias.
  • Patrimonio de la Humanidad o bienes de interés cultural.
  • Áreas fronterizas, grandes eventos deportivos o culturales, puertos con cruceros turísticos y elevada afluencia.
  • Zonas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras, u “otras circunstancias especiales” debidamente motivadas.^{art. 5.4 y 5}
• Procedimiento mínimo: suele requerir:
  • Acuerdo municipal motivado (del pleno u órgano colegiado) y memoria justificativa.
  • Informe autonómico de comercio y, a menudo, de turismo.
  • En muchas leyes autonómicas (Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía), audiencia o consulta a cámaras de comercio, asociaciones empresariales y de consumidores antes de fijar festivos y ZGAT.^{Ley 13/2006 Galicia; Ley 3/2011 CV; DL 1/2012 Andalucía}

4. Cómo puede una Administración cambiar los horarios

Según el nivel de gobierno, los requisitos típicos son:

• Estado: solo puede modificar límites y criterios básicos cambiando la Ley 1/2004 o las normas que la han ido reformando (como el RDL 20/2012). Cualquier reforma debe respetar el reparto competencial fijado por la jurisprudencia constitucional en materia de comercio interior y ordenación general de la economía.^{STC 140/2011; STC 26/2012}
• Comunidad autónoma:
  • Debe respetar los mínimos estatales (90 horas laborables; 10–16 domingos y festivos; libertad en ZGAT y para ciertos formatos).
  • Las modificaciones relevantes se hacen por ley autonómica (p. ej. leyes de horarios de Galicia o decretos‑ley en Andalucía) o por normas reglamentarias (órdenes anuales de calendario, decretos de desarrollo).
  • Las propias leyes exigen, por lo general, memoria justificativa de impacto sobre comercio, consumidores y empleo, e informes o consultas a órganos de participación (Consejo de Comercio, asociacionismo empresarial y de consumidores) antes de aprobar el nuevo calendario o redefinir ZGAT.
• Ayuntamiento:
  • Puede proponer ZGAT o permutar algunos festivos autorizados, pero siempre dentro del marco autonómico y motivando la decisión conforme a los criterios legales (atractivo comercial, rebajas, afluencia turística, campañas de Navidad, etc.).^{DL 1/2012 Andalucía}
  • Si cambia horarios en mercados municipales o actividades, debe ajustar su ordenanza a la normativa autonómica de horarios y al régimen básico estatal.

En resumen, hoy solo es posible modificar los horarios comerciales si la medida se mantiene por encima de los mínimos estatales, se adopta mediante la norma autonómica o local competente, se apoya en los criterios legales de oferta a consumidores y afluencia turística, y respeta los procedimientos de consulta y motivación que exigen las leyes de comercio de cada comunidad.