La ayuda de 200 euros al mes por hijo vuelve a entrar en la negociación presupuestaria, esta vez con un paso más concreto. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido formalmente al Ministerio de Hacienda una propuesta para incorporar a los próximos Presupuestos Generales del Estado una Prestación Universal por Crianza de 200 euros mensuales por cada hijo o hija menor de 18 años.
La medida lleva tiempo formando parte de las reivindicaciones de Sumar y del propio Ministerio, pero a día de hoy no existe una ayuda universal de 200 euros aprobada ni un plazo abierto para solicitarla. El Consejo de Ministros incluyó en febrero la creación progresiva de una prestación universal por crianza entre los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, pero esa inclusión fija una orientación política y no crea por sí misma el derecho a cobrarla.
Quién podría cobrar los 200 euros
Si finalmente se aprueba en los términos defendidos por Rego, la prestación estaría dirigida a todas las familias con hijos menores de 18 años, sin depender de sus ingresos. La ministra ha explicado que su modelo preferido es universal: tener un hijo menor sería el requisito fundamental y la redistribución entre hogares con distinta renta se realizaría posteriormente a través del sistema fiscal.
Eso supondría 2.400 euros al año por cada hijo. Una familia con dos menores recibiría 400 euros mensuales, 4.800 euros al año, mientras que con tres hijos menores la cuantía alcanzaría los 600 euros mensuales o 7.200 anuales, siempre que el diseño definitivo mantuviera los 200 euros por cada menor y no introdujera límites adicionales.
Juventud e Infancia ha abierto, no obstante, la puerta a que el despliegue no se realice de golpe. Rego ha planteado que pueda introducirse "de forma gradual" por tramos de edad, de modo que determinados menores comenzasen a beneficiarse antes y la cobertura se ampliase posteriormente hasta alcanzar a toda la población de 0 a 17 años.
No es la misma ayuda que ya paga la Seguridad Social
La propuesta tampoco debe confundirse con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que sí existe actualmente y forma parte del sistema del Ingreso Mínimo Vital. Este complemento puede cobrarse incluso sin percibir el IMV completo, pero está condicionado a determinados límites de renta, patrimonio y composición de la unidad familiar.
En 2026, el CAPI paga 115 euros mensuales por cada menor de tres años, 80,50 euros entre los tres y los cinco años y 57,50 euros desde los seis hasta los 17 años. La futura prestación de 200 euros sería distinta precisamente porque el planteamiento del Ministerio es que tenga carácter universal y no quede reservada únicamente a los hogares que cumplen determinados requisitos económicos.
Qué falta para que pueda cobrarse
El principal obstáculo es ahora presupuestario y político. Juventud e Infancia ha enviado su propuesta a Hacienda, pero eso no significa que el Ministerio dirigido por María Jesús Montero haya aceptado todavía financiarla en los términos solicitados. La medida tendría que incorporarse al proyecto presupuestario o encontrar otra vía de financiación y, además, concretarse jurídicamente: quién tendría derecho, desde qué fecha, cómo se solicitaría o reconocería, qué organismo la gestionaría y cómo se relacionaría con las ayudas y deducciones ya existentes.
Después tendría que superar la tramitación dentro del Gobierno y, en caso de incluirse en los Presupuestos, obtener los apoyos necesarios en las Cortes Generales. Por tanto, todavía no existe una fecha oficial para empezar a pagar los 200 euros, ni un formulario de solicitud ni un procedimiento habilitado.
La dificultad no es menor por el volumen de recursos necesario. Un estudio de ISEAK calculó que una prestación completamente universal de 200 euros al mes por menor podría alcanzar un coste bruto cercano a los 19.276 millones de euros anuales, aunque esa estimación corresponde a un modelo concreto y el coste final dependería de cómo se diseñe la medida, de su implantación gradual y de si sustituye o convive con beneficios fiscales existentes.
Más de medio millón de niños podrían salir de la pobreza
El argumento central de Juventud e Infancia es combatir una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa. Rego sostiene que aproximadamente uno de cada tres niños y adolescentes en España está en riesgo de pobreza o exclusión social y defiende que las ayudas universales reducen además los problemas de acceso que suelen presentar las prestaciones dirigidas exclusivamente a hogares de rentas bajas.
Un estudio presentado por UNICEF calcula que una prestación de 200 euros mensuales podría reducir la pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales y sacar de esa situación a unos 530.000 menores. La organización ha defendido las transferencias directas a las familias como una de las herramientas con mayor impacto para disminuir la pobreza infantil.
La propuesta cuenta además con un respaldo político previo dentro del Ejecutivo: la Estrategia de Desarrollo Sostenible incorporó en febrero el objetivo de avanzar hacia una prestación para el 100% de las familias con menores a cargo, con una aplicación progresiva. Pero todavía existe una diferencia fundamental entre ese compromiso y una prestación efectiva: la ayuda de 200 euros sigue siendo una propuesta y no un derecho reconocido en el BOE.
Así, por ahora ninguna familia debe realizar trámites para pedirla. El siguiente paso decisivo será comprobar si Hacienda acepta incluirla en los próximos Presupuestos, con qué cuantía y calendario y si el Gobierno consigue después los apoyos parlamentarios necesarios. Solo entonces podrá saberse cuándo empezarían los pagos y si los 200 euros llegarán desde el principio a todos los menores o se desplegarán primero para determinados grupos de edad.