La Comisión Europea ha comunicado este viernes la puesta en marcha de un procedimiento de infracción contra los 27 Estados miembro por no haber transpuesto de forma completa a sus leyes nacionales las nuevas reglas comunitarias destinadas a recortar la contaminación generada por fábricas, otras instalaciones industriales y explotaciones ganaderas, unas obligaciones que los países debían tener vigentes antes del pasado 1 de julio.
El proceso sancionador se inicia con el envío de una carta de emplazamiento a cada capital, a partir de la cual disponen de un plazo de dos meses para contestar al Ejecutivo comunitario, culminar la incorporación de la directiva a sus ordenamientos internos y notificar formalmente las medidas adoptadas.
En caso de que las explicaciones remitidas no resulten satisfactorias para los servicios de la Comisión, Bruselas podrá pasar a la siguiente etapa del expediente mediante la emisión de un dictamen motivado, paso previo a decidir si eleva el caso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El retraso se extiende en esta ocasión a todos los Veintisiete, dado que ningún Estado miembro notificó en plazo la aplicación íntegra de la normativa, que endurece las exigencias para rebajar la contaminación derivada de las actividades industriales y ganaderas, restringe el empleo de sustancias químicas peligrosas y aumenta el número de instalaciones sometidas a estas obligaciones.
Asimismo, la directiva refuerza los derechos de la ciudadanía y abre la puerta a reclamar compensaciones por daños a la salud causados por contaminación ilegal, actualizando las reglas que la UE aplica desde 2010 a más de 50.000 instalaciones industriales para reducir su impacto sobre las personas y el entorno mediante el uso de las mejores técnicas disponibles.