Green Industry Machines & Materials, integrada en el grupo CapCapital y una de las firmas interesadas en la compra de Tubos Reunidos, ha trasladado a los comités de empresa de la siderúrgica un plan que contempla la reducción del 20% de la plantilla en las tres factorías de Trapagarán, Amurrio y Nanclares, junto con una congelación salarial durante un periodo de cinco años.
Según han señalado a Europa Press fuentes sindicales tras las reuniones celebradas este jueves en un hotel del centro de Bilbao, los representantes del oferente, que no forman parte de la cúpula ejecutiva, no presentaron ningún documento “concreto”.
A juicio de estas fuentes, la propuesta “no estaba muy trabajada” porque, tal como han indicado, “han hablado de hipótesis, de diversificación de mercados y de apertura a otros países como Portugal” pero, según han remarcado, “nada consolidado”.
Desde el comité han manifestado su “preocupación” por la falta de un “proyecto industrial”, que es lo que la parte social viene exigiendo de forma reiterada a los potenciales compradores. Aunque reconocen que se trata de un primer contacto, critican que “no se comprometen a nada en concreto”.
Las reuniones informativas sobre los planes en caso de resultar adjudicatarios en el proceso de venta de la empresa se han desarrollado por separado: la primera, a las nueve y media de la mañana, con los representantes de la plantilla de Trapagarán, y la segunda, a las once y media, con los de Amurrio. La cita prevista con el comité de Nanclares de la Oca acabó suspendiéndose.
En este primer encuentro presencial, el grupo ha expuesto a los sindicatos las líneas maestras del proyecto industrial que plantea para Tubos Reunidos, así como las necesidades operativas y de personal que considera imprescindibles para garantizar su viabilidad. En ese marco ha planteado la congelación de sueldos durante cinco años y la salida del 20% de la plantilla.
CapCapital figura entre los cinco inversores preseleccionados por la administración concursal para avanzar a la siguiente etapa del proceso de enajenación y ha sido el primero en reunirse con los comités de empresa para detallar sus intenciones.
Entre los otros interesados se encuentra el grupo indio Welspun, que inicialmente había convocado a los comités de Tubos Reunidos para el 26 de octubre, aunque finalmente decidió aplazar la cita para estudiar con mayor profundidad la situación de la deuda con la SEPI, cifrada en 150 millones, y la pretensión de este organismo de que dicha deuda sea asumida por las unidades productivas que se adquieran en la operación.
Este pasivo constituye uno de los principales escollos del proceso de venta. El Gobierno vasco ha advertido de que, si no se aplica una quita, los candidatos podrían retirarse, lo que conduciría a Tubos Reunidos a la liquidación.
La SEPI, por su parte, se muestra abierta a flexibilizar los plazos de pago, pero rechaza una condonación, apoyándose en un informe de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que concluye que una quita sería ilegal. Sin embargo, tanto el Ejecutivo autonómico como la propia Tubos Reunidos recalcan que se trata de una opinión preliminar y no vinculante.
Con el objetivo de desbloquear la situación, la semana pasada estaba prevista una reunión de la SEPI con los cinco interesados, que finalmente no llegó a celebrarse. Posteriormente, el Gobierno vasco informó de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) había iniciado contactos con tres potenciales compradores de Tubos Reunidos, con la intención de mantener encuentros bilaterales para conocer de primera mano sus propuestas sobre el futuro del grupo industrial.