El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido disminuir de 30.000 a 6.000 euros el umbral mínimo de inversión requerido para optar a las ayudas destinadas a pequeños proyectos empresariales en municipios de reto demográfico situados en zonas de transición justa, con la intención de facilitar el acceso a comercios y servicios de cercanía.
Esta modificación se integra en la actualización de las bases reguladoras de las dos líneas de ayudas del Instituto para la Transición Justa (ITJ), orientadas a proyectos empresariales que generen empleo y a pequeños proyectos de inversión, recogida en la Orden TED/1171/2026, difundida este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, las variaciones persiguen ajustar las condiciones a la realidad de las empresas y a los tiempos efectivos de ejecución de sus inversiones, tomando como referencia la experiencia de las convocatorias de 2023 y 2025, además de optimizar el uso de los recursos del Fondo de Transición Justa, que cofinancia estas medidas.
La rebaja del importe mínimo pretende favorecer de forma particular a los pequeños negocios ubicados en municipios de menos de 500 habitantes, donde las cantidades necesarias para arrancar o sostener una actividad económica suelen ser más reducidas.
La convocatoria de 2025 ya había ampliado el catálogo de actividades susceptibles de recibir apoyo para abarcar bares, restaurantes, comercios minoristas, peluquerías y otros servicios de carácter local. Con el nuevo marco regulador, el departamento busca respaldar iniciativas de menor dimensión que contribuyan a preservar la actividad económica, los servicios esenciales y el empleo en localidades impactadas por el cierre de instalaciones energéticas.
Más margen para ejecutar las inversiones
La orden incorpora igualmente una mayor flexibilidad en la ejecución de los proyectos empresariales generadores de empleo, en especial los de tipo industrial que requieren autorizaciones ambientales, licencias de actividad u otros permisos administrativos antes de poder iniciar las inversiones.
Hasta la fecha, las empresas estaban obligadas a haber ejecutado y abonado al menos el 15% de la inversión subvencionable en los nueve primeros meses desde la concesión de la ayuda. Las nuevas bases eliminan esa condición y la sustituyen por la obligación de justificar una ejecución mínima del 8% en el momento de solicitar una prórroga del proyecto, que podrá pedirse a los dos años de la resolución de concesión.
Del mismo modo, se establece un criterio más proporcional ante los incumplimientos parciales de los compromisos de inversión o de creación de empleo. De esta forma, la reducción de la subvención se limitará a la parte vinculada al compromiso no cumplido, en lugar de afectar a la totalidad de la ayuda otorgada.
Dos nuevas convocatorias con 50 millones de euros
Estas novedades se aplicarán en las dos próximas convocatorias que está preparando el ITJ, dotadas en conjunto con 50 millones de euros. Una de ellas se dirigirá a proyectos empresariales que generen empleo y la otra se centrará en pequeños proyectos de inversión.
Las ayudas permitirán continuar con el respaldo a la diversificación económica de los territorios afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, tanto mediante la puesta en marcha de nuevas actividades productivas como a través del mantenimiento y fortalecimiento del tejido empresarial local.
La publicación de la orden tiene lugar un día después de que el instituto resolviera la convocatoria de 2025 para proyectos empresariales generadores de empleo, con la concesión de 22,3 millones de euros a 35 iniciativas. Estos proyectos movilizarán cerca de 93 millones de euros de inversión y contemplan la creación de 435 puestos de trabajo, según el Ministerio.