España se sitúa en una posición privilegiada para consolidarse como gran 'hub' digital del sur del continente gracias a su localización estratégica, la extensa red de fibra óptica desplegada, la disponibilidad de energías renovables a precios competitivos y una sólida conectividad internacional. Así se recoge en el informe “Competir en la economía digital: el papel de las infraestructuras IT”, elaborado por la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de España.
El análisis advierte, sin embargo, de que para convertir este potencial en una realidad será imprescindible afrontar varios retos relacionados con la capacidad de la red eléctrica, la agilización de los trámites administrativos y la captación de talento cualificado, en un escenario en el que la demanda mundial de capacidad de cómputo podría multiplicarse casi por seis de aquí a 2030.
El documento pone de relieve que la competitividad digital se ha transformado en un factor estratégico para el crecimiento económico, la soberanía tecnológica y la generación de innovación. En este marco, las infraestructuras IT —que incluyen centros de datos, redes de telecomunicaciones, cables submarinos, servicios de computación en la nube y equipamientos vinculados a la inteligencia artificial— se configuran como el cimiento de la economía digital de los próximos años.
En la actualidad, España cuenta con más de 350 megavatios (MW) instalados en centros de datos y maneja una cartera de proyectos cercana a los 2.180 MW para los próximos cinco años, lo que refleja el dinamismo inversor en este segmento.
El informe también incide en que el diferencial energético supone una ventaja competitiva determinante, dado que la energía representa entre el 20% y el 40% de los costes operativos de un centro de datos.
En esta línea, España genera electricidad fotovoltaica con unos costes en torno a un 25% inferiores a la media europea y presenta precios eólicos igualmente atractivos, a diferencia de otros países del centro de Europa que llegan a triplicar los costes españoles de generación renovable.
Riesgos y trabas regulatorias
Pese a este contexto favorable, la Cámara de Comercio de España advierte de que el principal factor de riesgo para el despegue del sector es la limitada disponibilidad de acceso a potencia eléctrica en ciertas áreas del país.
De acuerdo con los datos incluidos en el comunicado, más del 86% de las subestaciones de distribución no disponen hoy de capacidad de acceso libre para nuevos proyectos, lo que condiciona tanto la expansión de los centros de datos como la del resto del tejido industrial.
A esta restricción se suman unos procedimientos administrativos complejos, con plazos de tramitación que oscilan entre los 18 y los 24 meses para la puesta en marcha de nuevas iniciativas.
Al estar la gestión de permisos repartida entre administraciones autonómicas y locales, y no centralizada a nivel estatal, se genera una fuerte heterogeneidad de criterios y tiempos de resolución que encarece el coste del capital y merma la competitividad frente a otros destinos internacionales.
Para revertir esta situación, el estudio plantea revisar el marco regulatorio con el fin de configurar entornos ágiles, previsibles, proporcionados y no discriminatorios, alineados con las métricas y estándares europeos.
Líneas de actuación e impacto en las pymes
Con el objetivo de reforzar la competitividad digital, el informe articula una batería de recomendaciones en ocho grandes ejes de actuación. Entre ellos, sobresalen la creación de un Plan Nacional de Infraestructura Eléctrica para la Economía Digital, la habilitación de una ventanilla única para la tramitación de grandes proyectos digitales y el despliegue de programas formativos específicos para cubrir la creciente demanda de perfiles especializados.
El texto recalca, además, que el desarrollo de estas infraestructuras tendrá un efecto directo sobre el conjunto del tejido productivo y, en particular, sobre las pymes, que suponen el 99% del entramado empresarial español y se apoyan en la nube y la inteligencia artificial para mejorar su productividad.
En este contexto, la presidenta de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de España y directora de Regulación, Políticas Públicas y Competencia de Telefónica, Idoya Arteagabeitia, ha subrayado que “el despliegue de estas infraestructuras no será posible sin una colaboración estrecha entre el sector público y el privado”, remarcando que el verdadero impacto “se mide en su capacidad para llegar al conjunto del tejido empresarial”.
En sus conclusiones, la Comisión de Digitalización de la Cámara de España señala que la próxima década será determinante para definir el liderazgo de la economía digital europea y sostiene que el país dispone de los mimbres necesarios, siempre que logre acompasar el crecimiento digital con las inversiones energéticas, regulatorias y de capacitación de talento que se requieren.