La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha difundido este miércoles un informe en el que manifiesta su oposición al proyecto de Real Decreto que el Gobierno tramita para fijar las condiciones de sostenibilidad energética y medioambiental, así como de resiliencia y soberanía digital, que deberán cumplir los centros de datos.
Según la entidad, la propuesta normativa introduce exigencias "desproporcionadas", complica la viabilidad económica de las inversiones y establece un sesgo "discriminatorio" respecto a otras actividades productivas.
El documento, redactado por el economista Diego Rodríguez, se enmarca en el procedimiento de audiencia pública del futuro reglamento, que afectará a todos los centros de datos de más de 1 megavatio (MW) de potencia que se conecten a la red tras su entrada en vigor, con independencia de que ya cuenten o no con permisos de acceso y conexión.
El análisis concluye que el decreto podría poner en riesgo un número significativo de proyectos en España, anulando la ventaja competitiva que hoy aporta la elevada disponibilidad y el menor coste relativo de la generación renovable en el país.
Exigencias horarias y aumento de costes
El estudio examina con especial detalle las obligaciones relativas al suministro eléctrico renovable, en particular la imposición de que, en cada hora del año, al menos el 80% del consumo de los centros de datos esté respaldado por energía limpia procedente de autoconsumo o de contratos a largo plazo (PPA de al menos 10 años) con plantas de generación.
Fedea remarca el carácter "desproporcionado" de este requisito al recordar que en todo el año 2025 el sistema eléctrico español solo rebasó el 80% de producción renovable en 36 de las 8.725 horas del ejercicio (un 0,4% del total).
Para poder respetar esa condición horaria, el informe sostiene que los promotores se verían obligados a contratar una capacidad renovable muy superior a la necesaria y a desplegar de forma intensiva sistemas de almacenamiento con baterías para suavizar los perfiles de generación. De acuerdo con las simulaciones incluidas en el trabajo, los costes nivelados de esta infraestructura adicional podrían superar los 100 euros por megavatio hora (euro/MWh), lo que haría perder a España su atractivo en precios.
El texto también cuestiona el criterio de adicionalidad, que obliga a que los PPA se firmen únicamente con instalaciones renovables puestas en servicio en los 18 meses anteriores a la entrada en operación del centro de datos.
Fedea considera incoherente impedir contratos con plantas que han comenzado a funcionar hace poco, en un escenario en el que la demanda eléctrica avanza por debajo de lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y crecen los vertidos técnicos y económicos por falta de consumo suficiente.
Del mismo modo, el 'think tank' llama la atención sobre el hecho de que el borrador del Gobierno ignore la energía nuclear y otras tecnologías de bajas emisiones, a diferencia del esquema de etiqueta europea para centros de datos, que incorpora el indicador de factor de bajas emisiones (LEEF) incluyendo de forma explícita la generación nuclear.
Objetivos simultáneos de eficiencia energética e hídrica
Aunque Fedea respalda de forma general que se introduzcan criterios de uso eficiente de los recursos, su evaluación global de la norma es negativa. En primer término, cuestiona la obligación de alcanzar simultáneamente la calificación máxima (clase A, en una escala de la A a la G) tanto en eficiencia energética (ratio PUE inferior a 1,15) como en eficiencia en el uso del agua (ratio WUE por debajo de 0,1 litros por kilovatio hora).
En este sentido, el informe advierte de que esta doble exigencia vulnera el reciente reglamento europeo de etiquetado de centros de datos, que reconoce un claro 'trade-off' entre ambos parámetros, dado que las mejoras en el consumo de agua suelen comprometer los avances en el consumo eléctrico y al revés.
Como alternativa, el estudio plantea una solución más equilibrada, combinando la máxima exigencia en uno de los indicadores (clase A) con una mayor flexibilidad en el otro (clase A o B), lo que, a su juicio, permitiría mantener a los centros de datos españoles en la vanguardia tecnológica europea.
Asimismo, Fedea rechaza que se utilicen los permisos de acceso y conexión a la red como palanca para condicionar las especificaciones técnicas, ambientales y financieras de proyectos empresariales privados.
El análisis sostiene que el Real Decreto diseña un marco regulatorio particular y "discriminatorio" para los centros de datos, al imponerles barreras de entrada que no se aplican a otros grandes consumidores industriales o financieros con patrones de consumo eléctrico comparables.
En opinión de Fedea, este planteamiento refuerza la deriva de emplear el acceso a la red eléctrica como un instrumento adicional de política industrial, en línea con la priorización de iniciativas a través del nuevo Comité de Inversiones Estratégicas o la introducción de criterios 'ad hoc' en los concursos de capacidad.