El Ministerio de Hacienda ha remitido a las comunidades autónomas el borrador del acuerdo para actualizar el sistema de financiación autonómica, según han señalado a Europa Press fuentes del Departamento que encabeza Arcadi España.
Tras este envío, el martes 14 de julio se celebrará una reunión del comité técnico para analizar la propuesta y, más adelante, el día 29, se convocará a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En paralelo, el titular de Hacienda ha reiterado esta semana que su departamento mantiene una disposición total al diálogo, ya sea mediante contactos telefónicos o encuentros presenciales, con todas las comunidades ante las dudas que puedan plantear antes de la cita del Consejo de Política Fiscal del 29 de julio.
Asimismo, ha indicado que el Ministerio está valorando las propuestas que han ido presentando distintas comunidades en las reuniones bilaterales y ha confirmado que se incorporarán al proyecto algunas de esas aportaciones.
El calendario que maneja el Gobierno prevé que, una vez celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el texto se eleve al Consejo de Ministros tras el verano y, posteriormente, al Congreso de los Diputados, donde deberá recibir el visto bueno de los grupos parlamentarios, con la meta de que el nuevo sistema entre en vigor en 2027.
Más recursos para las comunidades y mayor cesión de impuestos
Si la propuesta, cuyas líneas generales se presentaron el pasado enero en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), entra en vigor en 2027, las comunidades recibirán el próximo año 20.975 millones más que con el modelo vigente. Según las estimaciones realizadas, el nuevo sistema de financiación aportaría a las comunidades autónomas en torno a 224.500 millones, una cifra muy superior, por ejemplo, a los 152.484 millones recibidos en 2023, que es el año base para determinar las necesidades de financiación.
Dentro de la reforma, el Gobierno ha planteado un incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%.
Además, el Ejecutivo ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.
Según el Ejecutivo, el nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado entre CCAA un 50% respecto al modelo actual
La configuración de la población ajustada tiene algunas variaciones sobre la situación vigente. Así, los criterios que se tienen en cuenta son la población padrón y la población protegida, que se amplía a 20 grupos, en lugar de siete.
También ha variado el cómputo para determinar el gasto educativo, con nuevos criterios como son el número de habitantes entre 18 y 24 años que están cursando estudios universitarios o formación profesional y el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades.
En el ámbito de servicios sociales, se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y, por otro lado, los mayores de 80 años. Y otra novedad que se incorpora también al modelo, con un peso del 1,5%, es el número de parados sin prestación social.
Junto a estas grandes áreas también se incluyen otros elementos que impactan en el coste de la prestación de los servicios, como son la superficie, la dispersión, la insularidad o los costes fijos, al reconocerse las dificultades de algunas CCAA para alcanzar economías de escala debido a su escasa población.
Nuevos tributos en la cesta y sistema de caja compartida
En materia tributaria, otra novedad que se ha incorporado es que se incluyen dentro de la cesta de impuestos del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.
Además, las CCAA que lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja compartida donde los ingresos del IRPF llegarán de manera simultánea a las administraciones central y autonómica. Cada territorio comunicará su intención de participar en este sistema en la comisión mixta con el Estado por un tiempo de cinco años.
También habrá una negociación con las CCAA para que las liquidaciones se produzcan antes y se pretende desplegar un nuevo modelo de gestión en red del sistema impositivo entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas. El objetivo es que cada administración autonómica asuma más competencias en la gestión de impuestos cedidos, en coordinación con la Administración Estatal.