La reducción de la dependencia del petróleo y el gas procedentes del exterior se ha convertido en la principal ventaja que la ciudadanía española asocia hoy a la transición energética, por delante de la lucha directa contra el cambio climático, que lideraba las prioridades en 2022. Así lo recoge la octava Encuesta del BEI sobre el Clima, difundida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El informe constata un giro en el orden de prioridades de la sociedad española frente a los resultados de hace cuatro años. La disminución de la dependencia energética del exterior pasa a ocupar el primer puesto tanto en España como en otros 15 Estados miembros de la Unión Europea, mientras que la aspiración a lograr precios de la energía más estables o reducidos se sitúa en segundo lugar y la desaceleración del cambio climático cae al tercer escalón.
Aun con este cambio de enfoque, un 76% de los españoles sigue considerando que la transición energética es una cuestión “urgente” para el país, un porcentaje muy similar al promedio del conjunto de la Unión Europea (75%). Además, un 80% confía en que este proceso contribuya de manera efectiva a contener el calentamiento global.
En cuanto a los riesgos de avanzar demasiado despacio, el 82% de los encuestados en España señala como principal preocupación un aumento de la dependencia de combustibles fósiles importados, mientras que un 81% menciona el impacto del encarecimiento de la energía sobre el coste de la vida. Asimismo, un 69% afirma que sentiría un mayor orgullo de ser europeo si la UE lograra su independencia energética.
La presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, destacó que “la transición energética es clave para que Europa se libere de su dependencia de los combustibles fósiles”.
También remarcó el compromiso del banco público europeo con el refuerzo de la autonomía estratégica mediante el impulso de las redes eléctricas, las soluciones de almacenamiento y la tecnología limpia producida en Europa.
La encuesta, elaborada por Ipsos bva a partir de entrevistas a 23.000 personas de los 27 Estados miembros de la UE —1.000 de ellas en España—, examina igualmente cómo la crisis de precios afecta al día a día de los hogares. En España, un 31% declara haber recortado gastos en partidas básicas como alimentación o salud para poder llegar a fin de mes, una proporción por debajo de la media comunitaria, que se sitúa en el 38%.
En paralelo, otro 31% de los españoles reconoce haber reducido la temperatura de la calefacción en su vivienda para contener la factura energética, mientras que un 12% se ha visto obligado a pedir préstamos, recurrir a ayuda económica de familiares o amigos o aplazar el pago de sus recibos de energía.
El encarecimiento de la energía ha condicionado también los hábitos de movilidad de más de la mitad de los conductores españoles (54%). En detalle, un 23% ha limitado sus desplazamientos para gestiones esenciales, un 22% ha renunciado a viajes de ocio o a visitas a familiares y un 18% asegura conducir más despacio con el fin de ahorrar combustible.
Además, el 28% de los encuestados en España afirma haber sustituido el uso individual del vehículo privado por opciones como el coche compartido, el transporte público o la bicicleta, un porcentaje que supera la media de la Unión Europea, situada en el 22%.
Apuesta por las renovables y la industria limpia europea
En lo relativo a las fuentes de energía que deberían priorizarse, el 82% de la población española se muestra partidaria de acelerar el despliegue de las renovables, con una clara preferencia por la energía solar (66%), muy por encima de la media europea (52%), seguida de la energía eólica (44%).
Por otra parte, seis de cada diez ciudadanos (61%) apoyan el desarrollo de una industria europea competitiva de tecnologías limpias aunque ello suponga avanzar a un ritmo más lento, en lugar de acelerar la transición mediante la compra de equipos tecnológicos a terceros países.
Por último, la opinión pública española se inclina por una respuesta conjunta a escala comunitaria: el 65% prefiere que los países de la UE agrupen sus recursos financieros para sufragar las inversiones necesarias en el ámbito energético, mostrando un respaldo al trabajo compartido claramente superior a la media europea.