Multa histórica a Meta: condenada a pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios de Facebook

Las demandas contra Meta en Estados Unidos se encuentran en fases distintas: acuerdos pendientes de aprobación, condenas y procedimientos todavía abiertos. Si por «similares» te refieres a las relacionadas con adicción, salud mental y protección de menores, el principal avance es el acuerdo anunciado en agosto de 2026, que no supone el cierre de todos los litigios. Este es el panorama a 21 de octubre de 2026.

1. Macroproceso de los estados: acuerdo pendiente de aprobación

El juicio federal de Oakland, California, comenzó en agosto con reclamaciones sobre el diseño presuntamente adictivo de Facebook e Instagram, información engañosa sobre su seguridad y recopilación de datos de menores de 13 años sin consentimiento parental. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey protagonizaban el primer juicio, dentro de un conjunto más amplio de reclamaciones.

Durante el procedimiento se anunció un acuerdo de hasta 16.680 millones de dólares para resolver las demandas de 29 estados, según Demócrata, 26 de agosto. Meta no reconoció irregularidades. Conviene distinguir el pacto de una sentencia: la información posterior señalaba que todavía necesitaba aprobación judicial para resultar vinculante y ejecutable; no consta en las fuentes consultadas una aprobación posterior. Así lo explicaba Demócrata sobre el acuerdo.

2. Florida: litigio independiente y medidas cautelares

Florida mantiene un procedimiento separado y no se incorporó al acuerdo general. En octubre, su fiscal general solicitó medidas cautelares, es decir, obligaciones provisionales mientras se resuelve el litigio principal.

La petición incluye eliminar cuentas de menores de 13 años, limitar a dos horas diarias el uso por adolescentes y desactivar determinadas funciones, como el desplazamiento infinito y las notificaciones nocturnas. La solicitud sigue pendiente: no debe confundirse lo solicitado por la fiscalía con obligaciones ya impuestas por el tribunal. Véase EFE, 7 de octubre.

3. Nuevo México: ya existen resoluciones condenatorias

Este procedimiento ha superado la fase de examen inicial. El 24 de marzo de 2026, un jurado impuso una sanción de 375 millones de dólares por prácticas engañosas relacionadas con la seguridad infantil y la explotación sexual en las plataformas, según Demócrata sobre el veredicto.

Una información posterior, del 17 de agosto, recogió además una condena de 567 millones destinados a un fondo de salud mental juvenil y modificaciones de las redes. Las noticias consultadas no permiten precisar cómo se relacionan ambas cantidades, por lo que no procede sumarlas ni presentarlas como una única sanción firme. Esa resolución posterior aparece en Demócrata sobre el macrojuicio.

4. Demandas privadas: algunas con veredicto y otras en curso

En Los Ángeles, una demanda individual por daños asociados al uso de Instagram y YouTube ya terminó con un veredicto favorable a una joven. Meta manifestó su desacuerdo y dijo que evaluaba sus opciones legales; esa declaración no acredita por sí sola que hubiera presentado un recurso. Lo recoge Demócrata sobre el caso individual.

Además, miles de reclamaciones se agrupan mediante litigación multidistrital, que permite compartir pruebas y resolver cuestiones comunes. El acuerdo estatal no equivale a resolver automáticamente esas demandas privadas.

5. Antimonopolio: un frente distinto

Separadamente, la demanda de la Comisión Federal de Comercio por las adquisiciones de Instagram y WhatsApp está en apelación ante el Circuito de Columbia, después de una decisión favorable a Meta. No existe una orden definitiva de venta de ambas plataformas. El seguimiento figura en Law360. Este caso trata de competencia, no de daños a menores.

El fiscal general de Estados Unidos (Attorney General of the United States) es el máximo responsable del Departamento de Justicia federal y, al mismo tiempo, el principal asesor jurídico del Gobierno federal en materia penal y muchas cuestiones legales generales. Es un cargo del poder ejecutivo, nombrado por el presidente y confirmado por el Senado, que combina funciones de dirección política, gestión administrativa y actuación jurídica.

En términos generales, sus competencias y atribuciones pueden agruparse en cuatro grandes bloques: dirección del Departamento de Justicia, persecución penal federal, asesoramiento jurídico al Ejecutivo y defensa de los intereses legales de Estados Unidos ante los tribunales.

1. Dirección del Departamento de Justicia (Department of Justice)

El fiscal general es el jefe del Department of Justice (DOJ), un “superministerio” de carácter jurídico–penal con decenas de miles de empleados. Entre sus funciones directivas destacan:

• Fijar las prioridades de política criminal federal, por ejemplo, decidir si se destina más esfuerzo a la lucha contra el crimen organizado, corrupción pública, delitos financieros, terrorismo, ciberdelitos, derechos civiles, drogas, etc.
• Supervisar a las agencias dependientes del DOJ, como el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA), el Bureau of Prisons (sistema penitenciario federal) o el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), entre otras.
• Nombrar y supervisar a los fiscales federales (United States Attorneys) de cada distrito federal, que son quienes llevan los casos concretos ante los tribunales federales de primera instancia.
• Gestionar la organización interna del Departamento de Justicia: estructura de divisiones (criminal, civil, antitrust, derechos civiles, medio ambiente, seguridad nacional, etc.), recursos humanos, presupuestos y protocolos internos.

2. Competencias en la persecución penal federal

Desde el punto de vista penal, el fiscal general es la cúspide de la acusación pública federal. Sus poderes incluyen:

• Dirigir la política de persecución de delitos federales, emitiendo instrucciones y criterios a los fiscales de distrito sobre en qué tipo de casos presentar cargos, cuándo recurrir a acuerdos de culpabilidad (plea bargains) o qué prioridades seguir en la investigación.
• Autorizar o supervisar investigaciones especialmente sensibles, por ejemplo, aquellas que afectan a altos cargos públicos, a la seguridad nacional o a temas con gran impacto político.
• Decidir, en última instancia, sobre la presentación o retirada de cargos en determinados asuntos de relevancia nacional, aunque el trabajo cotidiano lo hagan los fiscales de distrito.
• Emitir directrices de cumplimiento de la ley (guidelines, memos) que orientan cómo interpretar ciertas normas penales o cómo usar herramientas como escuchas, acuerdos de colaboración o decomisos.

3. Asesor jurídico principal del Gobierno federal

El fiscal general es también uno de los principales asesores legales del presidente y del conjunto del Ejecutivo federal:

• Emitir opiniones jurídicas formales (opinions) a petición del presidente o de los departamentos federales, sobre la legalidad de políticas, órdenes ejecutivas o actuaciones administrativas.
• Supervisar la Office of Legal Counsel (OLC), una unidad especializada que elabora dictámenes técnicos sobre interpretación constitucional y legal que, en la práctica, guían muchas decisiones del poder ejecutivo.
• Intervenir en la preparación de proyectos normativos federales desde el punto de vista de su encaje constitucional y legal, especialmente en ámbitos penales y de competencia federal–estatal.

4. Representación y defensa en los tribunales

Otra función esencial es la representación de los intereses de Estados Unidos ante los tribunales:

• Dirigir la litigación federal en casos donde Estados Unidos es parte, tanto en procesos penales como en contenciosos civiles (por ejemplo, demandas contra el Gobierno federal o acciones presentadas por este).
• Supervisar la relación con la Solicitor General’s Office, que es la oficina que, en la práctica, lleva los casos del Gobierno ante el Tribunal Supremo y otros tribunales de apelación, decidiendo qué casos recurrir y qué postura jurídica defender.
• Participar en la coordinación con fiscales estatales cuando un mismo hecho puede dar lugar a delitos estatales y federales, para evitar conflictos y solapamientos.

5. Dimensión política y límites

El fiscal general forma parte del gabinete presidencial, por lo que es un cargo de confianza con una inevitable dimensión política. Sin embargo, en la práctica se espera que actúe con un alto grado de independencia profesional, especialmente en investigaciones penales que afectan a miembros del propio Gobierno o a la vida política.

Sus poderes no son ilimitados: está sujeto a la Constitución, a las leyes aprobadas por el Congreso, al control presupuestario, al escrutinio judicial (los tribunales pueden anular actuaciones ilegales) y al control político del Congreso, que puede citarle a declarar y, en casos extremos, impulsar procesos de destitución contra altos cargos del Ejecutivo.

En resumen, el fiscal general de Estados Unidos es a la vez ministro de Justicia federal, jefe de la acusación pública federal y asesor jurídico clave del Gobierno, con competencias que abarcan desde la dirección de grandes agencias de seguridad hasta la definición de la política criminal y la defensa de los intereses del Estado ante los tribunales.

Las plataformas digitales deben adaptar tanto su política de privacidad como sus prácticas reales a un marco estadounidense fragmentado: normas federales, leyes sectoriales y legislación estatal. No existe una ley federal general equivalente al RGPD europeo; por eso, las obligaciones dependen de los usuarios atendidos, los datos tratados y la actividad desarrollada. Publicar un aviso correcto no basta si la plataforma actúa de otra manera.

1. Determinar qué normas resultan aplicables

El primer paso es identificar dónde opera la plataforma, qué información recoge y si trata datos de menores, salud o finanzas. Debe revisar las leyes estatales aplicables, sin asumir que cumplir California garantiza cumplir todo Estados Unidos. Como referencia general, la Comisión Federal de Comercio —FTC— persigue las prácticas engañosas o desleales: las promesas sobre privacidad deben ser veraces y respetarse efectivamente.

2. Informar con claridad y precisión

La política debe ser accesible, comprensible y coherente con el funcionamiento del servicio. Según las normas aplicables, deberá explicar:

• Qué categorías de datos recopila, de qué fuentes proceden y para qué se utilizan.
• Con qué categorías de terceros se comparten y si existe venta de datos o publicidad personalizada.
• Los periodos de conservación o los criterios para determinarlos.
• Los derechos disponibles, cómo ejercerlos y cómo contactar con la empresa.
• El uso de tecnologías de seguimiento, perfiles o decisiones automatizadas, cuando corresponda.

No deben ocultarse usos relevantes en cláusulas ambiguas ni anunciar protecciones que técnicamente no existen.

3. Facilitar derechos y opciones reales

La CCPA de California, modificada por la CPRA, alcanza a determinadas empresas que hacen negocios en ese estado y superan sus umbrales legales. Reconoce, con excepciones, derechos de acceso, eliminación, corrección, exclusión de la venta o compartición de datos y limitación de ciertos usos de información sensible. También prohíbe discriminar por ejercerlos.

Las plataformas sujetas deben habilitar mecanismos sencillos y respetar señales reconocidas de exclusión, como Global Privacy Control, cuando corresponda. Compartir datos para publicidad conductual entre contextos puede activar obligaciones aunque no haya una venta convencional.

4. Obtener consentimiento cuando sea exigible

No existe una obligación federal general de obtener consentimiento previo para toda recopilación. Sin embargo, puede exigirlo una norma sectorial, estatal o el tratamiento concreto. Cuando proceda, debe ser informado, específico y afirmativo, sin casillas premarcadas ni interfaces manipulativas. Aceptar los términos generales no sustituye automáticamente un consentimiento específico.

5. Aplicar protecciones sectoriales

• Menores: COPPA exige, para servicios dirigidos a menores de 13 años o que sepan que recopilan sus datos, avisos a los padres y consentimiento parental verificable, con las excepciones legales. También contempla revisión, eliminación, seguridad y conservación limitada.
• Salud: HIPAA impone obligaciones a entidades cubiertas y sus proveedores asociados. Una aplicación de bienestar no queda automáticamente incluida.
• Finanzas: GLBA exige a las instituciones comprendidas avisos de privacidad, determinadas opciones de exclusión y salvaguardas de seguridad.

6. Respaldar la política con controles operativos

La adaptación requiere inventariar datos, limitar su conservación, controlar accesos, evaluar proveedores y preparar respuestas a incidentes. Las medidas deben ser proporcionales al riesgo; la orientación de la FTC destaca la seguridad y la supervisión de terceros. Las notificaciones de brechas dependen del estado y del sector.

También deben revisarse los contratos y transferencias internacionales: no existe un régimen federal general equivalente al europeo, pero sí restricciones específicas. En definitiva, la política debe describir controles que realmente funcionen, no limitarse a reproducir una plantilla.