Renfe sostiene que los siniestros de Urda y Adamuz no pueden imputarse a la compañía

La operadora asegura que el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria no es competencia suya y rechaza las críticas a su estructura directiva. También justifica el aumento del gasto de personal, que ha pasado de 1.058 a 1.236 millones de euros, por la incorporación de nuevos trabajadores

Viajeros en la estación de Julio Anguita de Córdoba tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.  María José López - Europa Press

Viajeros en la estación de Julio Anguita de Córdoba tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. María José López - Europa Press

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Renfe ha sostenido que ninguno de los dos recientes siniestros ferroviarios, tanto el ocurrido en Urda (Toledo) el pasado miércoles como el registrado en Adamuz el 18 de enero, puede considerarse responsabilidad de la compañía. La operadora ha recalcado que las labores de mantenimiento, conservación y gestión de la infraestructura no forman parte de sus competencias, ya que su función es “exclusivamente” la prestación de servicios de transporte de viajeros y mercancías.

En una nota difundida este sábado, la empresa pública ha subrayado que relacionar estos sucesos con “supuestas carencias” en la seguridad del material ferroviario bajo su ámbito o con su organización del trabajo “carece de sentido”.

La compañía ha indicado que esta aclaración responde a las informaciones aparecidas en los últimos días sobre su estructura directiva. En este sentido, Renfe ha defendido que todos los nombramientos “se ajustan a la normativa vigente” y obedecen a criterios de capacidad, experiencia profesional y adecuación a cada puesto.

Además, ha remarcado que los integrantes de sus órganos de dirección acumulan experiencia en movilidad, gestión pública, ingeniería, planificación del transporte, innovación y gestión empresarial. Al mismo tiempo, ha rechazado “las descalificaciones genéricas” que, a su entender, buscan “cuestionar su profesionalidad y compromiso con el servicio público”.

Respecto al capítulo de personal, Renfe ha explicado que el aumento del gasto responde “fundamentalmente” a la aplicación de la tasa de reposición y a la incorporación gradual de nuevos profesionales. Ha precisado que este refuerzo se ha acelerado tras el acuerdo cerrado con los sindicatos en febrero, que ha permitido contratar a 1.999 personas en lo que va de año, quedando aún 157 plazas por convocar. En este marco, el gasto de personal ha pasado de 1.058 a 1.236 millones de euros.

Según la operadora, se trata del mayor refuerzo de plantilla de las últimas dos décadas, orientado a incrementar la seguridad. Entre las medidas adoptadas, ha mencionado la duplicación del número de operadores en el Centro de Gestión de Operaciones (CGO), la creación de una nueva categoría profesional, la presencia de un interventor en todos los trenes y la incorporación de especialistas de taller para reforzar el mantenimiento del material rodante.

En relación con las retribuciones de la alta dirección, Renfe ha recordado que se regulan por el Real Decreto 451/2012 y que las subidas anuales son las fijadas para el conjunto del sector público estatal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE). Por ello, ha insistido en que no rebasan los topes legales ni han experimentado variaciones al margen de lo establecido.

Atención prioritaria a las víctimas

Renfe ha reiterado que su “principal preocupación” son las víctimas y las personas afectadas, y que el conjunto de la organización se encuentra “profundamente afectada” por el siniestro del miércoles. La empresa ha vuelto a expresar su solidaridad con los familiares de los trabajadores de Renfe implicados y con los viajeros de su tren y del de Iryo.

Asimismo, ha garantizado que continuará colaborando “plenamente” con las investigaciones abiertas y que mantendrá como ejes prioritarios la atención a las víctimas, la seguridad en la explotación ferroviaria y la prestación de “un servicio público de calidad”.