Diferentes sindicatos y entidades sociales han reclamado al Gobierno una reforma integral del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ampliar su cobertura, corregir los problemas de gestión y reforzar su vinculación con las políticas de empleo e inclusión social, según ha podido saber DEMÓCRATA.
El propio Ejecutivo ha reconocido su desajuste político ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), de modo que ahora tendrá que iniciar un procedimiento para subsanar los errores del IMV.
Una reclamación contra España ante el Consejo de Europa
El procedimiento parte de una reclamación colectiva presentada por el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y otras organizaciones agrupadas en la Oficina Jurídica de Derechos Sociales.
La denuncia fue registrada el 4 de junio de 2024 y admitida parcialmente en mayo de 2025. Cuestiona, entre otros aspectos, las condiciones de acceso al IMV, la continuidad de los pagos, la protección de colectivos vulnerables y el sistema utilizado para reclamar prestaciones percibidas indebidamente.
El Gobierno presentó sus observaciones a través de la Abogacía General del Estado. En ellas rechaza que España haya vulnerado la Carta Social Europea y defiende que el IMV constituye una red de protección compatible con medidas de empleo e inclusión. También reconoce que la reclamación pone un énfasis especial en los procedimientos de reintegro y remite a un informe del Ministerio de Inclusión para responder a esas críticas.
Las entidades cuestionan las devoluciones del IMV
Pero las organizaciones reclamantes interpretan que la documentación gubernamental solo supone un reconocimiento parcial de los problemas relacionados con la condonación y devolución de deudas. Aseguran que el Ejecutivo contempla cambios normativos, pero advierten de que estos beneficiarían principalmente a los nuevos expedientes y no solucionarían las reclamaciones que ya están abiertas.
Según la documentación aportada por estas entidades al procedimiento, al menos 319.437 personas se habrían visto afectadas por reintegros vinculados al IMV, en cuyo caso, las organizaciones consideran que la cifra podría aumentar porque las prestaciones pueden revisarse durante un periodo de hasta cinco años.
El escrito público de la Abogacía del Estado recuerda que los tribunales españoles han anulado en diversas ocasiones decisiones administrativas que obligaban a devolver cantidades. El Gobierno sostiene, no obstante, que el sistema ofrece vías de recurso y que la Administración puede reclamar los pagos cuando detecta errores, omisiones o datos inexactos en las declaraciones de los beneficiarios.
El 52% de los hogares no solicita la prestación
La quinta evaluación del IMV elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) concluye que el 52% de los hogares que podrían recibir la prestación no llega a solicitarla. En el Complemento de Ayuda para la Infancia, el porcentaje de hogares que no pide la ayuda asciende al 71%.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) atribuye este fenómeno, denominado non take-up, a factores como la complejidad administrativa, el desconocimiento de la prestación, la brecha digital y las dificultades para identificar de forma rápida los cambios en la situación económica de las familias.
El Ministerio de Inclusión contabilizó en junio 860.458 hogares cubiertos por el IMV, en los que residían más de 2,6 millones de personas. El dato incluye a los hogares que reciben únicamente el complemento para la infancia, que puede concederse con unos límites de renta más amplios que la prestación básica.
Los sindicatos exigen atención presencial y rentas actualizadas
Por su parte, el sindicato UGT considera que el IMV no está alcanzando a una parte suficiente de la población vulnerable. El sindicato calcula que, de los 860.458 hogares contabilizados por el Gobierno, 342.970 perciben únicamente el complemento para la infancia, por lo que la prestación básica llegaría a 517.488 hogares.
Este es el motivo por el que la organización reclama reforzar la atención presencial, simplificar los formularios y calcular la vulnerabilidad económica con información actualizada. El modelo actual utiliza principalmente los ingresos del ejercicio anterior, lo que, según UGT, puede dejar temporalmente fuera a las familias que sufren una pérdida repentina de renta.
El sindicato también propone reducir la edad de acceso a los 18 años en los supuestos que requieran una protección especial y limitar las devoluciones cuando el cobro indebido haya sido provocado por retrasos de la propia Administración.
Itinerarios laborales para los perceptores
UGT plantea crear una estrategia estatal de inserción sociolaboral para los beneficiarios con capacidad para trabajar. Esta incluiría diagnósticos individuales, orientación, formación, apoyo durante los primeros meses de empleo y una persona profesional de referencia para cada itinerario.
La organización pide también reformar el incentivo al empleo para que su funcionamiento sea más sencillo y previsible. Reclama que los resultados se evalúen atendiendo a la estabilidad, duración y calidad de los contratos, en lugar de medir únicamente cuántas personas dejan de cobrar la prestación.
Además, UGT ha solicitado la convocatoria inmediata de la Mesa de Diálogo Social y la constitución efectiva del Consejo Consultivo del IMV, el órgano previsto para que sindicatos, organizaciones empresariales y entidades sociales participen en el seguimiento de la prestación.
Las entidades impulsoras de la reclamación presentarán nuevas observaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. El organismo pertenece al Consejo de Europa, una institución distinta de la Unión Europea, y deberá determinar si la regulación española se ajusta a los derechos recogidos en la Carta Social Europea.