La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado este miércoles ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados una iniciativa de Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia.
Tal y como ha explicado la entidad en una nota de prensa, el documento, tramitado a través de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que asume su representación, solicita a la Mesa del Congreso que dé traslado inmediato de la propuesta a todos los grupos políticos con representación parlamentaria.
Con esta actuación, los colectivos ciudadanos persiguen activar los cauces institucionales del Estado para forzar a las formaciones a "definir su postura de manera urgente en pleno periodo preelectoral". De forma paralela al registro en la Cámara Baja, la asociación ha enviado este jueves el texto por vía electrónica a las presidencias y secretarías generales de todas las fuerzas del arco parlamentario.
En la propuesta se recuerda que "Trece años después de la tragedia ferroviaria de Angrois, cuatro años después de la de Bejís y apenas nueve meses de Adamuz, una nueva tragedia en Urda vuelve a enfrentarnos a una realidad que no podemos seguir ignorando: la seguridad ferroviaria, la atención a las víctimas y la respuesta de la justicia son cuestiones que afectan al conjunto de nuestra sociedad y que requieren una respuesta de Estado. No podemos seguir afrontando cada tragedia como un hecho aislado ni esperar a la siguiente para corregir las deficiencias. Es necesario un compromiso político común, firme y duradero".
Las formaciones políticas contarán con un plazo cerrado que finaliza el próximo miércoles, 11 de noviembre, a las 14,00 horas para "devolver debidamente cumplimentado y firmado" el 'Compromiso Público de Adhesión' que acompaña a la solicitud.
En el mismo escrito, la asociación subraya: "Ante el próximo proceso electoral, instamos formalmente a su formación política a aceptar esta iniciativa y comprometerse a participar en una reunión de trabajo con nosotros, junto con los representantes de las distintas fuerzas políticas, para abordar y comenzar a construir este Pacto de Estado".
“TRES PILARES IRRENUNCIABLES PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA”
La propuesta de Pacto de Estado se articula "desde una voluntad estrictamente ciudadana, apartidista y constructiva", y reclama a los partidos asumir tres ejes "fundamentales" como materias "prioritarias" en los primeros cien días de la próxima legislatura.
El primer bloque pasa por situar en primer plano la inversión, la prevención, el mantenimiento de la red ferroviaria y la creación y refuerzo de un órgano de supervisión técnica plenamente independiente. El segundo eje se centra en la atención integral a las víctimas mediante un marco legal coordinado que asegure asistencia médica, psicológica, social y jurídica continuada en grandes tragedias colectivas.
El tercer pilar plantea dotar de "recursos suficientes" a los procedimientos judiciales, garantizar el acceso a la información y fomentar la especialización de los tribunales en siniestros de gran magnitud.
Las víctimas remarcan en el texto: "Queremos que las víctimas seamos parte activa y permanente de este proceso, desde su planteamiento inicial hasta el desarrollo de los compromisos que puedan alcanzarse. Esta propuesta nace de nosotros y queremos construirla con ustedes, desde el diálogo, la responsabilidad institucional y el consenso. No pedimos que estén de acuerdo en todo. Les pedimos que se pongan de acuerdo en aquello que nunca debería dividirnos: la vida, la seguridad, la justicia y la dignidad de las personas".
La asociación ha citado además a los medios de comunicación el próximo 11 de noviembre en Madrid, en la víspera del inicio oficial de la campaña electoral. En esa comparecencia, los portavoces de las víctimas harán público el número de registro oficial asignado por el Congreso y explicarán el nivel de compromiso de cada partido, detallando qué formaciones han suscrito el documento técnico y cuáles han optado por no firmar o guardar silencio antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Con este movimiento institucional, el colectivo de afectados advierte de que "la seguridad del conjunto de la sociedad no puede esperar a que se abran las urnas, exigiendo un compromiso político común, firme y duradero que trascienda gobiernos y siglas".