El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha difundido este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que concreta los sistemas de seguimiento, control y evaluación de las actuaciones incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
La disposición obliga a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla a remitir de forma continuada información económica y de gestión a través de plataformas informáticas compartidas y un cuadro de mando integral común.
La orden ministerial, que cuenta con el visto bueno previo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y está firmada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desarrolla las previsiones de control establecidas en el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda.
La finalidad es comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y el uso de los recursos públicos en las tres líneas de ayuda del programa: aumento del parque social y asequible; rehabilitación, accesibilidad y regeneración urbana y rural, y reducción del esfuerzo para el pago e impulso a la emancipación de los jóvenes.
Transmisión mensual y por eventos
El texto fija que el intercambio de datos entre administraciones se efectuará de forma automatizada “de máquina a máquina” mediante la Red SARA, ajustándose a los estándares de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.
Las administraciones autonómicas deberán mantener dos canales obligatorios de comunicación continua (mensual y por eventos). En primer lugar, estarán obligadas a realizar un envío completo por cada mes natural con los indicadores mensuales correspondientes, que tendrá que efectuarse dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente.
En segundo lugar, deberán remitir un envío inmediato cada vez que se produzca un cambio significativo en la gestión o en la situación financiera de las ayudas, como concesiones, modificaciones, revocaciones, pagos a beneficiarios, variaciones en las actuaciones o cumplimiento de hitos.
Por cada remisión, la plataforma del Ministerio emitirá un acuse de recibo telemático con la validación técnica y el detalle de posibles avisos o rechazos.
En el marco del régimen transitorio y de forma excepcional hasta el 1 de junio de 2027, el Ministerio podrá poner a disposición herramientas alternativas cuando existan problemas técnicos en la integración de sistemas, sin que ello libere a las autonomías de respetar los plazos y contenidos exigidos.
Además, Vivienda pone en marcha el Centro de Atención a la Integración y Soporte dentro de la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del departamento, que actuará como ventanilla única para el apoyo técnico, gestión de credenciales, resolución de incidencias y mantenimiento del canal.
Informes trimestrales y balance anual
Con la información registrada, las comunidades autónomas deberán elaborar informes trimestrales de seguimiento antes de que finalice el mes posterior al periodo analizado.
En dichos informes se reflejará la evolución acumulada por cada línea de ayuda, el grado de cumplimiento respecto a los objetivos fijados y la explicación de eventuales desviaciones, junto con las medidas correctoras previstas.
Asimismo, antes del 31 de enero de cada ejercicio, los gobiernos autonómicos tendrán que presentar un informe anual de evaluación.
Este documento incluirá el balance de los indicadores del año, las previsiones de metas para el ejercicio siguiente y, en aplicación de la Ley General Presupuestaria, un informe detallado de las auditorías y controles de subvenciones efectuados tanto por las consejerías como por las intervenciones generales autonómicas u órganos externos de fiscalización, identificando las irregularidades detectadas y las correcciones introducidas.
Todo este material servirá igualmente de base para las tareas de análisis y propuesta de mejora del Consejo Asesor de Vivienda.
En paralelo, la Dirección General de Planificación y Evaluación queda autorizada a publicar datos agregados de ejecución con fines de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Certificación de alquiler protegido indefinido
Como refuerzo del sistema de control, los órganos gestores de las comunidades y ciudades autónomas deberán suscribir y emitir certificaciones específicas para cada una de las actuaciones financiadas.
Estas certificaciones serán obligatorias para acreditar la permanencia indefinida del régimen de protección de las viviendas financiadas, sin posibilidad de descalificación cuando así lo disponga la normativa, y para garantizar que las adjudicaciones se realizan a través del registro público de demandantes o mediante procedimientos objetivos y transparentes.
El anexo de la orden detalla el conjunto de indicadores que deberán alimentar el sistema informático, que incluye desde hitos de obra (inicio, 50% y fin de obra emitidos por dirección facultativa), modalidades de construcción industrializada y sobrecostes en zonas tensionadas, hasta información desagregada de las personas beneficiarias por edad, sexo, nivel de ingresos o situaciones de especial vulnerabilidad en las ayudas al alquiler o a la compra.